/ martes 14 de febrero de 2023

Urge crear estrategia para prevenir la explotación sexual de menores en Internet: ChildFund

Los directivos propusieron crear una Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta de la violencia sexual y digital contra niñas, niños y adolescentes y hacer valer los derechos de la niñez

Victoria Fuentes, directora de ChildFund México, señaló que existen alrededor 750 mil personas en el mundo tratando de conectar a niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual mediante redes sociales y que utilizan un perfil falso para llamar la atención de los menores de edad.

Ante este panorama, Victoria Fuentes y Abraham Madero, directores ejecutivos de Early Instituto A.C., reiteraron la exigencia al gobierno mexicano, en todos sus niveles, para hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia y crear una Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta de la violencia sexual y digital contra niñas, niños y adolescentes,

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En este sentido, los directivos de ChildFund proponen la asignación de un presupuesto para conformar un grupo inter y multisectorial que atienda de forma inmediata este problema.

"Proponemos la creación de un marco regulatorio federal que homologue la tecnología utilizada relativa a la violencia sexual digital contra la adolescencia y también la armonización de nuestro marco legal, en materia de la niñez con la observación general 25 del 2021, del Comité de los Derechos de los niños", señalaron los directivos de ChildFund México.

Asimismo, manifestron que es necesario regular el tema de las edades en el uso de las tecnologías, sobre todo para empezar a aplicar políticas a las redes sociales que no tenido un marco jurídico legal que regule el ambiente digital, con espacios seguros y se hace haga hincapié en la prevención.

Advirtieron que México no cuenta con los elementos normativos suficientes en materia de prevención y sanción de violencia digital en lo que involucre a niñas, niños y adolescentes.

Internet, un arma de doble filo

De acuerdo a los datos e información actualizada,dicen que si bien el internet representa un mar de oportunidades cuando se saben aprovechar, representa también un espacio de riesgo y amenazas para la niñez y adolescencia.

En ese sentido, Victoria Fuentes señaló que el confinamiento, como medida necesaria para controlar la pandemia de Covid-19, aunado al cierre de escuelas, llevó a la Secretaría de Educación Pública a recurrir a soluciones digitales para no detener la enseñanza y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes inscritos en el sistema escolar.

Sin embargo, tuvieron una inmersión en el uso de las tecnologías de la información y de las redes sociales nunca antes visto. Esto sin contar, en muchos casos con mecanismos de prevención de riesgo y conocimientos puntuales sobre formas de protección en línea.

Sociedad junto a gobierno deben apresuar acciones de protección

Por su parte, Abraham Madero, abogó por la urgente necesidad de acciones inmediatas y de una mayor coordinación entre legisladores, instancias de gobierno, medios de comunicación, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Dijo que también es necesario que se implementen mecanismos de denuncia amigables para proteger a los menores, los cuales deben ser conocidos, accesibles y funcionales.

Los integrantes de ChildFund señalaron que están presionando al congreso de los Estados Unidos para proteger mejore a los menores de edad, pues a nivel global se está trabajando en estrecha colaboración con organismos para desarrollar una campaña para crear un mundo digital mejor para las niñas, niños y jóvenes que se conviertan en personas capaces de aprovechar el mundo digital de manera sana mientras navegan.

Abraham Madero reiteró la necesidad de utilizar el mismo marco jurídico federal y estatal, porque ese mismo no se utiliza, así como aseguró que en el Senado de la República hay iniciativas para combatir la violencia contra la niñez.

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Se refirió, que se presentó en el Senado un paquete para reformar las cuatro leyes sobre los temas centrales para nombrar este tipo de violencia, que sea desde la ley, desde las políticas públicas, desde los programas de gobierno y en todos los niveles del Estado, sobre el tema.



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Victoria Fuentes, directora de ChildFund México, señaló que existen alrededor 750 mil personas en el mundo tratando de conectar a niñas, niños y adolescentes para fines de explotación sexual mediante redes sociales y que utilizan un perfil falso para llamar la atención de los menores de edad.

Ante este panorama, Victoria Fuentes y Abraham Madero, directores ejecutivos de Early Instituto A.C., reiteraron la exigencia al gobierno mexicano, en todos sus niveles, para hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia y crear una Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta de la violencia sexual y digital contra niñas, niños y adolescentes,

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En este sentido, los directivos de ChildFund proponen la asignación de un presupuesto para conformar un grupo inter y multisectorial que atienda de forma inmediata este problema.

"Proponemos la creación de un marco regulatorio federal que homologue la tecnología utilizada relativa a la violencia sexual digital contra la adolescencia y también la armonización de nuestro marco legal, en materia de la niñez con la observación general 25 del 2021, del Comité de los Derechos de los niños", señalaron los directivos de ChildFund México.

Asimismo, manifestron que es necesario regular el tema de las edades en el uso de las tecnologías, sobre todo para empezar a aplicar políticas a las redes sociales que no tenido un marco jurídico legal que regule el ambiente digital, con espacios seguros y se hace haga hincapié en la prevención.

Advirtieron que México no cuenta con los elementos normativos suficientes en materia de prevención y sanción de violencia digital en lo que involucre a niñas, niños y adolescentes.

Internet, un arma de doble filo

De acuerdo a los datos e información actualizada,dicen que si bien el internet representa un mar de oportunidades cuando se saben aprovechar, representa también un espacio de riesgo y amenazas para la niñez y adolescencia.

En ese sentido, Victoria Fuentes señaló que el confinamiento, como medida necesaria para controlar la pandemia de Covid-19, aunado al cierre de escuelas, llevó a la Secretaría de Educación Pública a recurrir a soluciones digitales para no detener la enseñanza y el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes inscritos en el sistema escolar.

Sin embargo, tuvieron una inmersión en el uso de las tecnologías de la información y de las redes sociales nunca antes visto. Esto sin contar, en muchos casos con mecanismos de prevención de riesgo y conocimientos puntuales sobre formas de protección en línea.

Sociedad junto a gobierno deben apresuar acciones de protección

Por su parte, Abraham Madero, abogó por la urgente necesidad de acciones inmediatas y de una mayor coordinación entre legisladores, instancias de gobierno, medios de comunicación, sector privado y organizaciones de la sociedad civil, para la protección de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital.

Dijo que también es necesario que se implementen mecanismos de denuncia amigables para proteger a los menores, los cuales deben ser conocidos, accesibles y funcionales.

Los integrantes de ChildFund señalaron que están presionando al congreso de los Estados Unidos para proteger mejore a los menores de edad, pues a nivel global se está trabajando en estrecha colaboración con organismos para desarrollar una campaña para crear un mundo digital mejor para las niñas, niños y jóvenes que se conviertan en personas capaces de aprovechar el mundo digital de manera sana mientras navegan.

Abraham Madero reiteró la necesidad de utilizar el mismo marco jurídico federal y estatal, porque ese mismo no se utiliza, así como aseguró que en el Senado de la República hay iniciativas para combatir la violencia contra la niñez.

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Se refirió, que se presentó en el Senado un paquete para reformar las cuatro leyes sobre los temas centrales para nombrar este tipo de violencia, que sea desde la ley, desde las políticas públicas, desde los programas de gobierno y en todos los niveles del Estado, sobre el tema.



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