/ lunes 29 de marzo de 2021

Marco legal a favor de mujeres no se cumple

Quienes operan la justicia, como litigantes, jueces o Ministerios Públicos, no han asumido ese cambio, coinciden especialistas

México cuenta con un marco normativo que reconoce casi todos los derechos de las mujeres: sexuales, reproductivos, a la no violencia, a la construcción de las políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, entre otros. El problema viene cuando se tiene que aplicar lo que establece la Ley, coincidieron algunas de las especialistas convocadas por la Organización Editorial Mexicana (OEM) durante su sexta reunión del Consejo de Género.

Hay avances progresistas en el marco legal en materia de género que surge de la lucha, pero las mujeres aún están lejos de acceder a la justicia.

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La abogada Andrea Medina explicó que en los últimos 30 años se ha modificado el marco normativo con perspectiva de género, pero quienes operan la justicia, ya sean litigantes, jueces o Ministerios Públicos, no han asumido ese cambio.

En la sexta sesión virtual del Consejo Editorial con Perspectiva de Género, encabezada por Martha Ramos Sosa, directora editorial de la OEM, y con la presencia de directivos de los 45 periódicos que integran el grupo, la litigante recordó que lograr la Ley General de Víctimas fue un proceso de reacción, ante el nivel de desaparición forzada, de asesinatos y de toda la guerra contra el narco. Fue decirle al Estado un ya ¡basta!, reclamar el derecho a participar, a plantear necesidades y recomponer el tejido social.

Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), describió durante la reunión los dos casos de violencia de género que dieron pie a importantes reformas legislativas en la Ciudad de México: la Ley Ingrid y la Ley Olimpia.

La primera se creó a partir del caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y su cuerpo descuartizado en febrero de 2020 por su pareja, Erick Francisco N. Las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación. Un año después, en febrero pasado, se aprobó en la Ciudad de México una reforma al Código Penal que establece penas de dos a seis años de cárcel a quienes difundan por cualquier vía imágenes de las víctimas mortales, especialmente de feminicidios.

Para Teresa Ulloa, la Ley Ingrid es una legislación populista, porque ya se tenían todas las herramientas jurídicas para sancionar esas actitudes. Recordó que se tiene conocimiento que seis funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México estaban involucrados en la filtración de las fotos. Sin embargo, “ellos siguen trabajando ahí. Está la Ley, la mandó la Fiscal General al Congreso de la Ciudad, y no toma acciones dentro de la institución”.

La Ley Olimpia surgió por la iniciativa de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años se enteró de la difusión en WhatsApp de un video íntimo que grabó con su entonces pareja. Al intentar denunciar el hecho, el Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, respondió que no había delito que perseguir.

Desde entonces, la activista se dedicó a impulsar reformas a los códigos penales de distintos estados para castigar la ciberviolencia o violencia digital, consistente en actos de acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual (fotos, videos, audios) sin el consentimiento o mediante engaños a la víctima. En la Ciudad de México esta ley está vigente desde el 22 de enero de 2020.

Ulloa consideró un exceso esta legislación. “Lo único que vino a hacer es reducir las penas y confundir. Se está extendiendo por todos los estados cuando esas actitudes se podrían sancionar con la Ley General en Materia de Trata de personas que tiene que ver con la Ley digital”.

Gabriela Ramírez, consejera permanente de la OEM y funcionaria del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, recomendó cuidar el manejo de información respecto a las víctimas.

Sara Lovera, periodista y consejera permanente de la OEM, comentó que en México se cuenta con un marco normativo que se podría presumir en todo el mundo. Hay un marco legal que garantiza casi todos los derechos de las mexicanas, pero no muchos periodistas conocen las leyes y no saben preguntar. En ocasiones, agregó, se busca información desde el desconocimiento, lo que produce noticias con enormes errores. “Si no acudimos a las fuentes originales estaremos mal informando”, subrayó.

Luis Carriles director del periódico La Prensa, dijo que el diario a su cargo está muy pendiente de los términos jurídicos, por lo cual se consulta a especialistas.

La doctora en sociología, Georgina Cárdenas, aseguró que la violencia política contra las mujeres en razón de género es un problema viejo, al que le hacen nuevas preguntas. Por lo que se siguen diseñando nuevas acciones para erradicar esta violencia.

A manera de conclusión, Martha Ramos refirió que cuando se da una sola versión de una información se es parcial en la cobertura informativa, por lo que los periodistas deben buscar otros puntos de vista y confrontar con hechos y antecedentes lo dicho por una autoridad, es decir, aportar contexto para permitir al lector formarse un criterio.

México cuenta con un marco normativo que reconoce casi todos los derechos de las mujeres: sexuales, reproductivos, a la no violencia, a la construcción de las políticas públicas y presupuestos con perspectiva de género, entre otros. El problema viene cuando se tiene que aplicar lo que establece la Ley, coincidieron algunas de las especialistas convocadas por la Organización Editorial Mexicana (OEM) durante su sexta reunión del Consejo de Género.

Hay avances progresistas en el marco legal en materia de género que surge de la lucha, pero las mujeres aún están lejos de acceder a la justicia.

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La abogada Andrea Medina explicó que en los últimos 30 años se ha modificado el marco normativo con perspectiva de género, pero quienes operan la justicia, ya sean litigantes, jueces o Ministerios Públicos, no han asumido ese cambio.

En la sexta sesión virtual del Consejo Editorial con Perspectiva de Género, encabezada por Martha Ramos Sosa, directora editorial de la OEM, y con la presencia de directivos de los 45 periódicos que integran el grupo, la litigante recordó que lograr la Ley General de Víctimas fue un proceso de reacción, ante el nivel de desaparición forzada, de asesinatos y de toda la guerra contra el narco. Fue decirle al Estado un ya ¡basta!, reclamar el derecho a participar, a plantear necesidades y recomponer el tejido social.

Teresa Ulloa, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), describió durante la reunión los dos casos de violencia de género que dieron pie a importantes reformas legislativas en la Ciudad de México: la Ley Ingrid y la Ley Olimpia.

La primera se creó a partir del caso de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada y su cuerpo descuartizado en febrero de 2020 por su pareja, Erick Francisco N. Las imágenes fueron difundidas en medios de comunicación. Un año después, en febrero pasado, se aprobó en la Ciudad de México una reforma al Código Penal que establece penas de dos a seis años de cárcel a quienes difundan por cualquier vía imágenes de las víctimas mortales, especialmente de feminicidios.

Para Teresa Ulloa, la Ley Ingrid es una legislación populista, porque ya se tenían todas las herramientas jurídicas para sancionar esas actitudes. Recordó que se tiene conocimiento que seis funcionarios de la Fiscalía de la Ciudad de México estaban involucrados en la filtración de las fotos. Sin embargo, “ellos siguen trabajando ahí. Está la Ley, la mandó la Fiscal General al Congreso de la Ciudad, y no toma acciones dentro de la institución”.

La Ley Olimpia surgió por la iniciativa de Olimpia Coral Melo, quien a los 18 años se enteró de la difusión en WhatsApp de un video íntimo que grabó con su entonces pareja. Al intentar denunciar el hecho, el Ministerio Público de Huauchinango, Puebla, respondió que no había delito que perseguir.

Desde entonces, la activista se dedicó a impulsar reformas a los códigos penales de distintos estados para castigar la ciberviolencia o violencia digital, consistente en actos de acoso, hostigamiento y difusión de contenido sexual (fotos, videos, audios) sin el consentimiento o mediante engaños a la víctima. En la Ciudad de México esta ley está vigente desde el 22 de enero de 2020.

Ulloa consideró un exceso esta legislación. “Lo único que vino a hacer es reducir las penas y confundir. Se está extendiendo por todos los estados cuando esas actitudes se podrían sancionar con la Ley General en Materia de Trata de personas que tiene que ver con la Ley digital”.

Gabriela Ramírez, consejera permanente de la OEM y funcionaria del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, recomendó cuidar el manejo de información respecto a las víctimas.

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