A los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa no les interesa la venganza ni la animadversión, aseguró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) tras la aprehensión del exprocurador Jesús Murillo Karam, artífice de la “verdad histórica” sobre el caso.
Las familias de los estudiantes, a través del Centro Prodh, dijeron desconocer los extremos de la acusación que las autoridades tienen sobre el exfuncionario, pero se mostraron optimistas por lo que pueda desencadenar en términos de procuración de justicia.
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“De ser sólido y apegado a derecho, el proceso que inicia podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura, que tanto daño hizo a las familias de los normalistas”, señalaron en un comunicado.
Este viernes, la Policía Federal Ministerial de la FGR, apoyada por la Marina Armada de México, detuvo a quien fuera titular de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la administración de Enrique Peña Nieto.
Está acusado de los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.
La detención se da un día después del informe que presentó la Comisión de Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, donde se reiteró que la llamada verdad histórica, que dio por asesinados e incinerados a los 43 jóvenes en el basurero de Cocula para después arrojarlos al río San Juan, fue un acto ordenado desde los niveles más altos del poder para ocultar los vínculos de las autoridades con grupos delictivos.
“La creación de la verdad histórica fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado (...) En resumen, se trató de un crimen de Estado”, señaló el subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión, Alejandro Encinas.
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Encinas aseguró que existen pruebas de que autoridades municipales, estatales y federales supieron en todo momento lo que les ocurría a los jóvenes normalistas, por lo que hay material suficiente para fincar responsabilidades contra diferentes funcionarios con cierto grado de culpa por acción u omisión.
Aunque Murillo Karam es el primero de los funcionarios en ser detenido, la noche del viernes, a petición de la FGR, el juez Segundo de Procesos Penales en el Estado de México giró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa adscritos a los batallones 27 y 41 de la Secretaría de Defensa, así como policías, autoridades administrativas y judiciales, y presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Guerreros Unidos, todos ellos vinculados por la desaparición de los 43 normalistas.
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