/ martes 24 de julio de 2018

PGR sigue buscando pruebas contra Ricardo Anaya por presunto lavado de dinero

Hasta el momento no hay suficiente información para proceder contra el excandidato presidencial

La Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la conformación del expediente por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias a Ricardo Anaya, y está en busca de documentar pruebas que acrediten la supuesta triangulación de 54 millones de pesos a través de empresas fantasmas y depósitos en cuentas en el extranjero.

De acuerdo a la dependencia federal, hay elementos que apuntan a la comisión del delito de lavado de dinero, pero para poder determinar a las personas probables responsables, se siguen investigando, pues hasta el momento no tienen suficiente información.

Las líneas de investigación que sigue la PGR se basan en dos denuncias penales. La primera presentada por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro para la triangulación de recursos.

La segunda, la denuncia que interpuso el senador panista Ernesto Cordero por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias, utilizando como prueba un video donde supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.

En el primer caso, la PGR documenta lo expresado por el abogado de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.

En la denuncia se señala que el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la empresa, Juniserra, propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya.

Para tal efecto, el grupo constituyó personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”

Aunque la PGR ha recuperado bodegas, en un acuerdo reparatorio, donde los dueños ya las entregaron a favor del Estado, la investigación continúan vigente.

La otra denuncia fue hecha por el senador panista Ernesto Cordero quien presentó como prueba un video divulgado en el que supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.


La Procuraduría General de la República (PGR) continúa con la conformación del expediente por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias a Ricardo Anaya, y está en busca de documentar pruebas que acrediten la supuesta triangulación de 54 millones de pesos a través de empresas fantasmas y depósitos en cuentas en el extranjero.

De acuerdo a la dependencia federal, hay elementos que apuntan a la comisión del delito de lavado de dinero, pero para poder determinar a las personas probables responsables, se siguen investigando, pues hasta el momento no tienen suficiente información.

Las líneas de investigación que sigue la PGR se basan en dos denuncias penales. La primera presentada por el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, en representación de dos personas que aseguran haber sido contratadas por un empresario del sector inmobiliario de Querétaro para la triangulación de recursos.

La segunda, la denuncia que interpuso el senador panista Ernesto Cordero por presunto lavado de dinero y tráfico de influencias, utilizando como prueba un video donde supuestamente Juan Barreiro detalla el esquema que utilizaba junto a su hermano Manuel para beneficiar económicamente a Anaya.

En el primer caso, la PGR documenta lo expresado por el abogado de Alberto “N” y Daniel “N”, quienes fueron contratados por el empresario Manuel Barreiro Castañeda para realizar una venta irregular de un terreno en el municipio de El Marqués, Querétaro.

En la denuncia se señala que el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la empresa, Juniserra, propiedad de Anaya y su suegro Donino Ángel Martínez Diez, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble. Por tanto, de esa forma lograr el objetivo de hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya.

Para tal efecto, el grupo constituyó personas jurídicas colectivas y triangularon el dinero en los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar –territorio británico y paraíso fiscal– e islas Turcas y Caicos, en el Caribe.”

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