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Opacidad, característica en políticas de seguridad, coinciden activitas

  • Bertha Becerra
  • en México

Bertha Becerra

El tema de los datos duros frente a la guerra contra el narcotráfico es parte de la falta de capacidades institucionales y de un Estado completamente poroso e infiltrado. Además, hay una gran opacidad en torno a las políticas de seguridad. La información sobre desaparecidos es muy fragmentaria en cada Estado y en cada municipio, que después no se recoge a nivel nacional.

Lo que se tiene son aproximaciones que han hecho organizaciones de la sociedad civil, pero no hay información confiable del número de desaparecidos a nivel nacional. “Hay un conteo de los propios familiares que buscan a sus desaparecidos y calculan que hay alrededor de 32 mil a 33 mil y de éstos, alrededor de cinco mil 600 son los que se han incorporado en el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto”.

Así lo expusieron en entrevistas por separado, Carlos Cruz, presidente de Cauce Ciudadano, que es uno de los integrantes de la Red Retoño que aglutina a 65 organizaciones ciudadanas a nivel nacional que buscan a sus desaparecidos; el investigador Jorge Javier Romero, del Diplomado de Políticas de Drogas, del Cide y Juan Carlos Trujillo, de Familiares en Búsqueda.

Justamente, Juan Carlos Trujillo dijo que se ha probado y comprobado la desaparición de bases de datos de personas desaparecidas, “porque no le interesan al Gobierno de México los desaparecidos”.

En entrevista, en un receso del Foro “México, Seguridad sin Guerra”, en el Museo Memoria y Tolerancia, dijo que diariamente en el país 12 personas desaparecen. “Entonces, las matemáticas no mienten”.

Manifestó que de manera teórica, cuando el presidente Felipe Calderón terminó su Gobierno eran de 29 mil a 30 mil los desaparecidos. “Esto es de manera teórica; pero la realidad nos rebasa. Lo que me ha tocado ver en las brigadas de búsqueda de nuestros familiares a través de enlaces nacionales, es que hay más de 200 mil personas desaparecidas, porque no nos hacemos responsables de las personas que pasan por el territorio del país sin documentación rumbo a Estados Unidos”.

Subrayó que “en el territorio nacional hay muchísima gente que no es de este, país enterrada en fosas clandestinas. Esto habla de la violencia que se vive en el país”.

El investigador del Cide, Jorge Javier Romero, dijo a su vez, que a esa institución ”nos llegó por una filtración datos que llegan a noviembre del 2011, una base de datos del Cisen; pero tampoco es información pública. Y esto es parte del problema: una gran opacidad sobre estos temas”.

Refirió que de manera aproximada, durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón se levantó una base de datos que fue muy cuestionada y actualmente, en la presente administración del presidente Enrique Peña, ya no se dan a conocer datos.

“Lo que se tiene son aproximaciones que han hecho organizaciones de la sociedad civil sobre sus desaparecidos; pero no hay información confiable del número de desaparecidos a nivel nacional”, puntualizó.

FALTA DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES

“El tema de los datos duros frente a la guerra contra el narcotráfico me parece que es parte de la falta de capacidades institucionales y de un Estado completamente poroso e infiltrado, en donde el nivel de infiltración no permite con certeza saber cuántos homicidios, o cuántas personas desaparecidas o cuántos desplazados hay.

Carlos Cruz apunta: “Esto cuestiona justamente al poder político y cuestiona a las instituciones del Estado. El no tener datos duros es un cuestionamiento directo hacia ellos. Pero también ellos han tenido un mecanismo de protección. No generar los datos tiene implícito un mecanismo de protección y es parte de la impunidad que vivimos. La pérdida de datos es parte del pacto de impunidad. Y justamente lo que tenemos que desarrollar son las capacidades institucionales que permitan al Estado responder a la demanda de desplazados, pero también responder a los homicidios y a los desaparecidos”.

Sobre el número de desaparecidos, comentó que el presidente Felipe Calderón dejó un promedio de 26 mil y alrededor de seis mil más se han sumado en el período de Peña Nieto. La desaparición no ha parado y bueno, en este dolor y este desangramiento del país, estamos.

Creo que las víctimas nos enseñan que hay que juntarnos y trabajar en conjunto. Si la sociedad civil no se moviliza, difícilmente vamos a poder resolver el problema en el que estamos, recalcó.

¿Los estados tampoco tienen bases de datos de los desaparecidos?

-Justamente porque los estados están totalmente infiltrados. No hay policía estatal que se salve. Nosotros vemos que tanto policías municipales como ministeriales, ministerios públicos y jueces están infiltrados, y este nivel de infiltración genera daños descomunales a la población civil porque no hay mecanismos de seguridad.

Por tanto, nosotros estamos generando precisamente esas condiciones de seguridad.

Y resaltó que cuando la Brigada de Búsqueda en Sinaloa salió al campo en busca de sus familiares, se dieron cuenta de que no solo los adultos buscan a sus desaparecidos, sino también los niños buscan a sus padres. Son huérfanos cuyo número es incalculable. Solo en Ciudad Juárez se calcula que hay más de dos mil huérfanos.

Y el señor Juan Carlos Trujillo, quien tiene cuatro hermanos desaparecidos: dos, el 28 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, en Guerrero y otros dos en Poza Rica, Veracruz, el 22 de septiembre de 2010, comentó:

“A raíz de las búsquedas que realizamos, nos pusimos en riesgo y desaparecieron a otros dos de mis hermanos: Gustavo y Luis Armando, a un primo y a un sobrino en Poza Rica, Veracruz. A los de Atoyac de Álvarez, Salvador y Raúl, fue con la participación de policías ministeriales y en la segunda desaparición en Veracruz, fue la Policía Intermunicipal del Estado. Esto lo investigamos nosotros, la familia.

“Tengo más de nueve años de hacer investigaciones. Hablo con los hechos. El Gobierno no quiere, no puede y no quiere buscar a los desaparecidos. No lo van a hacer. La conclusión es que la única manera de buscar a nuestros desaparecidos es por nosotros mismos. A eso obedece la falta de bases de datos en el país.

“Es una situación muy complicada. La principal preocupación para las familias de los desaparecidos es el buscar y encontrar a nuestros desaparecidos”.

FORO MÉXICO: SEGURIDAD SIN GUERRA

A 10 años de la guerra contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón y que continúa con la presente administración del presidente Enrique Peña, la estrategia no tiene cambios significativos. La detención o eliminación de las cabezas de las organizaciones solo fragmenta y prolifera los grupos criminales, se dijo.

Todo esto implica el aumento de la violencia en el país, ya que se intensificó el número de enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada por el control de nuevos territorios y la generación de terror y miedo entre la población civil.

De acuerdo a la solicitud de información 000700016315, los enfrentamientos abiertos entre la Marina y /o el Ejército en contra de las fracciones criminales, también aumentaron, derivados de la inexistencia de estrategias de combate a la corrupción y la infiltración patrimonial de las estructuras de seguridad en todos sus niveles.

Y de acuerdo a otra solicitud de información, en este caso la número 0000700003715, el número de muertos supera al número de detenciones. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que cuenta con 86 denuncias por homicidio doloso en el período de 2006 al 2014. También la detención de tres mil 946 agresores.

Y de enero de 2007 a abril del 2014, informa de 209 militares fallecidos; tres mil 907 agresores y 60 víctimas ajenas.

En tanto que las personas heridas fueron mil 184 militares; mil 061 agresores y 213 personas ajenas a los hechos.

A su vez, la Secretaría de Marina en la solicitud de información 0001300006415 manifestó que de 2012 a 2014 hubo un saldo de 60 personas heridas de la Naval y 14 muertas; 19 civiles heridos y 296 civiles muertos con un total de 111 detenidos.

También presentaron testimonios Araceli Salcedo, quien habló de la desaparición de su hija en Orizaba, Yolanda Morán; de su hijo desaparecido en Torreón, profesionista de 34 años y cinco hijos; y Patricia Manzanares, a quien también le desaparecieron a su hijo de 22 años que trabajaba en la Policía Federal, en Nuevo León.

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