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Incumplen estados con equidad de género electoral, Fepade

Más de un tercio de los estados de la República no han concretado -en sus constituciones- la homologación de la paridad de género, que permita a las mujeres participar en igual de circunstancias con los hombres a puestos de elección popular. Por el contrario, en algunas entidades la violencia se ha recrudecido, pues de acuerdo a la Fepade, desde 2013 a 2016 se han iniciado 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) por razón de género. El 53.1% de los casos se presentaron en 2016; y a partir del 2015 los delitos de actos de temor o intimidación hacia ellas crecieron al 29%.

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República señala que las mujeres constituyen la mitad de la población mundial, y por ende, su voz debe ser escuchada en el proceso democrático. La participación de las mujeres en los asuntos públicos y la igualdad en el acceso a los cargos públicos han sido reconocidos, como derechos fundamentales tanto en el sistema interamericano de derechos humanos, como en el sistema universal de protección de estos derechos.

De 1995 hubo un aumento de 11.3% de mujeres que integran el parlamento, en la actualidad aumento al 22%.

“Las mujeres no han sido lo suficientemente representadas en los puestos electivos. Las instituciones políticas-desde los partidos hasta las comisiones electorales- suelen carecer de capacidad para asegurar que los intereses de las mujeres se expresen y se incorporen en las políticas públicas’’, señala la instancia legislativa.
MUERTE Y VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN POLÍTICA

Dentro de la llamada reforma política las Senadoras de la República lograron elevar a rango constitucional el principio de paridad en candidaturas con el 50% de postulaciones para las mujeres generando cuestiones violentas que enfrentan las militantes de los partidos políticos que tiene acceso a las candidaturas en los diversos procesos electorales.

Es importante señalar los crímenes cometidos contra dos presidentas municipales, por lo que se creó el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres. La participación política de las mujeres ha contribuido a fortalecer el consenso en torno a la legitimidad de la misma no debiéndose limitar al ejercicio en procesos electorales, sino debe contemplarse la participación y representación en la gestión pública y en toma de decisiones.

“La desigualdad entre hombres y mujeres es un tema de desarrollo, la problemática real consiste, a su vez, en que la desigualdad entre los géneros, sigue siendo tratada, como un problema de desarrollo y no como uno de causa estructural, cuya solución merece implicar la estructura misma del Estado, debiéndose implementar los mecanismos y reformar las legislaciones necesarias para conseguir la igualdad de facto’’, señala un estudio del Senado.

En tanto, el Comité de expertas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que los estados deberán implementar los mecanismos especiales de carácter temporal para que la mujer se integre a la educación, economía, política y empleo; además, solicita que se establezcan o refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales para asesorar, supervisar y ayudar a la mujer en todas las situaciones políticas gubernamentales, para eliminar la discriminación.

Mientras la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres señala que esta ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el Territorio Nacional.

DELITOS ELECTORALES ANTE FEPADE

Por separado, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, señala que en lo que va de su administración lleva registradas un total de 141 casos de violencia política de género, de los cuales, en el año 2015 se atendieron 38 y en el año 2016, se tiene conocimiento de 103, en donde la víctima es una mujer.

Asimismo, en el Informe de la Fepade sobre la atención de casos de Violencia Política contra las mujeres”, señala que desde 2013 a 2016 se han iniciado 416 expedientes (averiguaciones previas y carpetas de investigación) por razón de género. Cabe señalar que el 53.1% de los casos se presentaron en el año 2016. A partir del 2015 los delitos de actos de temor o intimidación crecieron al 29%.

Por su parte, el Senado de la República demandó de los congresos gobiernos locales de las 32 entidades federativas, a establecer mecanismos que permitan investigar y sancionar a quienes impidan, restrinjan, anulen o limiten el acceso o ejercicio de uno o varios derechos político- electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes a su empleo, cargo comisión o función, a una mujer por razones de género.

Igualmente, a los gobiernos municipales a crear mecanismos que permitan garantizarles a las mujeres que al asumir sus encargos de presidentas municipales, síndicas, regidoras electas y funcionarias de sus respectivos municipios, ejerzan de manera plena el ejercicio de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, seguridad jurídica y libertad.

En su oportunidad, la senadora Adriana Díaz Lizama, dijo que la búsqueda de la paridad del género en las candidaturas de elecciones federal y locales ha ido encaminada a garantizar que las mujeres mexicanas, “contemos con los mecanismos que nos permitan acceder a una representación política en términos de paridad de género, haciendo efectivo el derecho constitucional a la igualdad”.

La paridad, explicó, significa que las mujeres y los hombres nos reconozcamos como pares y que en las decisiones políticas seamos consideradas en igualdad de condiciones.

Aseguró que la participación de la mujer en la política es reconocida universalmente como un instrumento que permite avanzar para erradicar la discriminación entre hombres y mujeres.

“Hoy puedo mencionar que hemos llevado a cabo importantes reformas en la legislación interna, pero también nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales que señalan a la paridad de género como un horizonte democrático posible”, subrayó.

La democracia representativa, concluyó, no puede ser efectiva sin la participación paritaria de mujeres y hombres.

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