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Alertan contra un posible desbalance entre poderes en México

  • Nidia Marin
  • en México

  • Llama el Instituto Belisario Domínguez a evitar golpes de Estado desde el Legislativo

Nidia Marín,

Segunda y Última Parte

¡Cuidado con el desbalance entre poderes! ¡Cuidado con abrir escenarios “para posibles golpes de Estado desde el Poder Legislativo”!

De ahí que sea necesario valorar los objetivos originales de las figuras jurídicas -fuero, inmunidad parlamentaria y juicio político- para el funcionamiento de la democracia mexicana. Mas, se debe evitar la persecución judicial con intenciones de acoso políticamente interesado (inmunidad judicial), permitir la libertad de expresión de los representantes legislativos (fuero parlamentario) y contar con un instrumento de control mínimo necesario del Poder Ejecutivo (juicio político).

Ello, además de responder y enfrentar el contexto de exigencia ciudadano, señala el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, el cual también expone que el diseño de tales instrumentos también “debe atender los conflictos potenciales que pueden surgir de la corrupción, la obstrucción de la justicia, la revelación de información clasificada y el abuso de poder”.

Advertencia: “La eliminación de una de estas figuras o la transformación de su propósito original puede provocar desbalance entre poderes. En el caso del fuero, si este es eliminado podría facilitar la persecución política”.

El planteamiento hecho en las consideraciones finales del documento del IBD, dado a conocer en “Temas Estratégicos número 41”, refiere que aunque hay un esfuerzo social e institucional por establecer fiscalías independientes en el país, a raíz de las reformas de justicia y de anticorrupción, dicho proceso no ha concluido “por lo que el riesgo de la persecución política no desaparece por completo”.

Respecto de la inmunidad parlamentaria, expone la realidad: aunque sólo se ha propuesto acotar su funcionamiento a las sesiones de los congresos, los legisladores tienen funciones de representación también fuera de las mismas, pero la discusión pública no sólo reside en el parlamento, también en los medios de comunicación y en las plazas públicas.

En relación al juicio político dice que, si éste deja de ser por causas graves y se substituye por criterios políticos interpretables por el legislador, “es posible que se abran escenarios para golpes de Estado desde el Poder Legislativo”.

De ahí que “la precisión y acotamiento de estas figuras es recomendable incluso por lo que pueda contribuir a facilitar la aplicación de la justicia”.

Son admoniciones realizadas por los estudiosos, cuando están a punto de cumplirse cinco años de aquel compromiso del Pacto por México de realizar una “revisión global de los fueros” y reordenar “el marco de fueros para que nadie tenga privilegios”.

Aquella historia que se inició entonces (2 de diciembre de 2012) casi dos meses y medio después (el 28 de febrero de 2013), fue retomado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y aprobado un proyecto de modificación de la Constitución sobre temas de fuero y juicio político que le había sido enviado del Senado en 2011.

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Tal proyecto, recuerda la institución de investigación de la Cámara Alta, se fundamentaba en diversas iniciativas presentadas desde 2007 y 2011 por el entonces senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez Álvarez y los entonces legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), los senadores Guillermo Tamborell Suárez y Sebastián Calderón Centeno y el diputado Javier Corral Jurado (Cámara de Diputados, 2013).

Y seguirían diversos caminos.

CARAMBOLA DE MUCHAS BANDAS EN LA REPÚBLICA

El tema cundió tanto en el país que, en la Ciudad de México, en su nueva Constitución local, se prohibieron los fueros para todos los funcionarios públicos locales, incluido el jefe de Gobierno, los diputados y los magistrados; la Constitución entrará en vigor a partir del 17 de septiembre de 2018.

A su vez, en Guanajuato, -relata el IBD-,el 16 de diciembre de 2016, con el voto unánime del Pleno del congreso local, se aprobaron las reformas a la Constitución del Estado con las que se eliminó el fuero, se delimitó la inmunidad parlamentaria y se redefinieron y agilizaron los procesos para iniciar un juicio político, con la finalidad de que la ley se aplique a todos por igual, buscando preservar el equilibrio entre poderes.

El caso más reciente de eliminación del fuero ocurrió en Baja California, en donde el congreso local aprobó, por unanimidad, el pasado 9 de marzo, una iniciativa de reforma a la Constitución local. “En la reforma se establece que para proceder penalmente contra funcionarios de elección popular (gobernador, diputados locales, presidentes municipales, regidores) y otros servidores públicos (magistrados del Poder Judicial, secretario General de Gobierno, procurador General de Justicia, entre otros) será suficiente con que se dicte auto de vinculación penal, en los términos de la legislación local aplicable. Para que la reforma entre en vigor, debe ser aprobada por al menos tres de los cinco cabildos de los correspondientes ayuntamientos del estado.

Pero no es todo, porque explica la existencia de un segundo grupo de estados en los que aún no se aprueba la desaparición del fuero, pero que cuentan con iniciativas (más de una iniciativa en algunos) que, en diferentes modalidades, van en ese sentido y que están en proceso de discusión en los congresos locales. Es así en los Congresosde 20 estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

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Veracruz se cuece aparte porque el 30 de noviembre de 2015, el entonces gobernador de Veracruz, Javier Duarte, presentó una iniciativa para establecer la legislación que creaba el Sistema Estatal Anticorrupción. En la propuesta se incluyó la eliminación del fuero. “La iniciativa fue aprobada en el Congreso estatal pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló la reforma porque fue discutida, aprobada y entró en vigor antes de que el Congreso de la Unión expidiera las leyes reglamentarias de la reforma constitucional anticorrupción, que darían la pauta para las reformas correspondientes en el ámbito de los estados”, precisa.

Del análisis y sistematización de las iniciativas, aprobadas y en proceso, para eliminar o acotar el fuero legislativo y de funcionarios del Poder Ejecutivo en los estados del país, explica, se identifican los siguientes resultados generales:

-Son 33 iniciativas en discusión en 19 Congresos estatales: Aguascalientes (2); Baja California Sur (1); Chihuahua (1); Coahuila (1); Colima (4); Durango (1); Guerrero (1); Michoacán (1); Nayarit (1); Nuevo León (2); Oaxaca (3); Puebla (2); Quintana Roo (1); San Luis Potosí (1); Sinaloa (3); Sonora (2); Tabasco (2); Yucatán (2); y, Zacatecas (2).

-Hay 7 entidades federativas donde ya fue eliminado el fuero: Jalisco, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Morelos, Baja California y Ciudad de México, aunque en este último caso la normativa constitucional entrará en vigor hasta septiembre de 2018.

-Suman 2 los estados donde el fuero no se eliminó por completo, pero sí fue acotado: Morelos y Chiapas.

-Hay un estado donde la reforma fue invalidada por la SCJN: Veracruz

-Todavía son 4 estados sin iniciativas en discusión: Estado de México, Hidalgo, Tamaulipas y Tlaxcala. No obstante, en todos los casos, algunos grupos parlamentarios en los congresos locales, o el titular del Ejecutivo estatal han anunciado su intención de presentar una iniciativa en el corto plazo.

-En Aguascalientes el Congreso rechazó una iniciativa para eliminar el fuero, pero después de presentaron dos nuevas iniciativas.

-En Veracruz no hay iniciativas en discusión por el momento, pues a finales de enero de 2017 se votó en contra de una propuesta del diputado local Bingen Rementería Molina (PAN).

Así está la situación.

ELIMINACIÓN DEL FUERO EN CASOS DE FLAGRANCIA

En las consideraciones finales del documento del Instituto Belisario Domínguez hay sugerencias.

“Parece prudente, dice, atender algunas observaciones y críticas razonables a la eliminación del fuero, por ejemplo, se podría reglamentar que el fuero opere de forma expedita en circunstancias de flagrancia y que en casos de delitos del orden común proceda un juicio con el legislador o funcionario en libertad, mientras que, en casos de delitos graves, de corrupción y de violaciones de derechos humanos, se lleve a cabo un procedimiento de destitución más ágil.

“El establecimiento de comités de ética, independientes, de raíz ciudadana, que vigilen potenciales casos de conflictos de interés de legisladores, especialmente, pero no de forma exclusiva, en los procesos de aprobación del presupuesto.

“En el caso de la inmunidad parlamentaria, podría reglamentarse qué tipo de información debería dejar de usarse -o usarse con restricciones- en declaraciones públicas (por ejemplo, documentos clasificados de seguridad) y establecer que todos los legisladores, en un juicio de carácter penal, deban declarar bajo juramento y pena de ser perseguido por el delito que corresponda, no importando su condición de parlamentario. Por último, parece igualmente relevante revisar el actual mecanismo de inicio del juicio político en dos aspectos: en primer lugar, si son suficientes los delitos graves del orden común para iniciar un juicio político, y en segundo lugar, revisar la funcionalidad y operabilidad del mecanismo que existe actualmente”.

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