/ sábado 18 de mayo de 2019

Ya son 150 denuncias contra los que toman casetas

”Pueblos Unidos Proliberación Nacional” es la organización más señalada

Un total de 150 denuncias se han presentado ya ante la Fiscalía General de la República contra las organizaciones que toman casetas a diario en cuatro estados, incluyendo Jalisco, han hecho del “boteo” su forma de vivir y usan la violencia para someter trabajadores y levantar plumas, tal y como ocurrió en la caseta de la autopista a la Ciudad de México, que se localiza a la altura del municipio de Ocotlán.

Señalan a la agrupación de ”Pueblos Unidos Proliberación Nacional” y piden a la autoridad que prevalezca el Estado de derecho.

Lo de Ocotlán “no es un evento aislado”, advierte el director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C., Marco Antonio Frías Galván, quien dijo en entrevista con EL OCCIDENTAL tomó fuerza en 2017 y se presenta en prácticamente en todos los estados de la República, pero principalmente en Baja California, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima y ciudad de México”.

No son actos espontáneos de manifestación o de protesta, asevera el entrevistado, “son agrupaciones que en su mayoría están organizadas precisamente y específicamente para generar ganancias a través de la actividad legal del boteo”.

Se presentan a las mismas casetas sin importar que sean de Capufe, Fonadin y particulares.

En los hechos del pasado 15 de mayo se presentaron a la Caseta de Ocotlán (Autopista Zapotlanejo-Maravatío) integrantes del grupo autonombrado “Pueblos Unidos Proliberación Nacional”, quienes de manera violenta tomaron las instalaciones.

De videos se desprende que agredieron física y verbalmente, como hace constar en videograbaciones, al personal de la caseta, incluidas algunas mujeres. Eran agentes de seguridad desarmados y el resto personal administrativo.

Acusaron, en ese sentido, que este no es un evento aislado; de manera cotidiana y en diversas entidades se presentan dichas tomas ilegales con el objetivo de forzar a los usuarios, mediante la coerción y la amenaza, a que den dinero a supuestos manifestantes. Como lo han señalado el Presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes, esta actividad ilegal representa pérdidas multimillonarias al sector de concesiones privadas y al Estado mexicano.

Esta asociación reúne a los principales concesionarios particulares de autopistas: Aleática, GIA infraestructura, Hermes Infraestructura, ICA, IDEAL, PINFRA, PROFEZAC, RCO y ROADIS. En conjunto operan más de cuatro mil 300 Kilómetros de las redes federal y estatales.

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Asegura que con tales acciones no sólo son afectadas las empresas, también los propios usuarios: “La interrupción del servicio brindado en las casetas de cobro, así como el llamado “boteo”, son actos ilícitos que ponen en riesgo severo, como se hace constar en las videograbaciones que circulan sobre el incidente en cuestión, la integridad de los trabajadores de las casetas y de los propios usuarios”.

Y es que, así como los usuarios se quedan sin seguro, por otro lado los manifestantes se ubican sobre la cinta asfáltica y “puede pasar un accidente, llegar un vehículo sin frenos y arrollarlos”.

Esta actividad ilegal, dijo, representa pérdidas multimillonarias en todo el sector de autopistas en México (Fonadin, Capufe y concesionarios privados), lo que pone en riesgo su viabilidad e impacta significativamente a las finanzas del Estado mexicano.

El buen funcionamiento de nuestro sistema carretero es fundamental para el desarrollo económico y para el eficiente traslado de personas y mercancías.

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De ahí el llamado que han hecho “a fin de garantizar el Estado de derecho como mecanismo insustituible de atracción de inversión, de generación de empleos bien remunerados y, por consiguiente, de igualdad y bienestar social”. Reconocen en las autoridades el esfuerzo por actuar en estos casos, que efectivamente han ido a la baja, “hay días que, por ejemplo, en Jalisco, se iban a la de Ocotlán, la Joya y luego a la de El Arenal, todo el día, recopilando dinero”.

A los usuarios les reconocen como respetuosos de la legalidad, puesto que a pesar de las presiones -”a muchos los agreden a golpes o en sus vehículos, por resistirse- realizan el pago del peaje correspondiente.

Esperan que las 150 denuncias -incluyendo las que se presentaron por el caso de Ocotlán donde tres empleados ameritaron hospitalización- avancen, se integren y se proceda contra los agresores, cuyos rostros han surgido de los propios videos.

Un total de 150 denuncias se han presentado ya ante la Fiscalía General de la República contra las organizaciones que toman casetas a diario en cuatro estados, incluyendo Jalisco, han hecho del “boteo” su forma de vivir y usan la violencia para someter trabajadores y levantar plumas, tal y como ocurrió en la caseta de la autopista a la Ciudad de México, que se localiza a la altura del municipio de Ocotlán.

Señalan a la agrupación de ”Pueblos Unidos Proliberación Nacional” y piden a la autoridad que prevalezca el Estado de derecho.

Lo de Ocotlán “no es un evento aislado”, advierte el director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial A.C., Marco Antonio Frías Galván, quien dijo en entrevista con EL OCCIDENTAL tomó fuerza en 2017 y se presenta en prácticamente en todos los estados de la República, pero principalmente en Baja California, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima y ciudad de México”.

No son actos espontáneos de manifestación o de protesta, asevera el entrevistado, “son agrupaciones que en su mayoría están organizadas precisamente y específicamente para generar ganancias a través de la actividad legal del boteo”.

Se presentan a las mismas casetas sin importar que sean de Capufe, Fonadin y particulares.

En los hechos del pasado 15 de mayo se presentaron a la Caseta de Ocotlán (Autopista Zapotlanejo-Maravatío) integrantes del grupo autonombrado “Pueblos Unidos Proliberación Nacional”, quienes de manera violenta tomaron las instalaciones.

De videos se desprende que agredieron física y verbalmente, como hace constar en videograbaciones, al personal de la caseta, incluidas algunas mujeres. Eran agentes de seguridad desarmados y el resto personal administrativo.

Acusaron, en ese sentido, que este no es un evento aislado; de manera cotidiana y en diversas entidades se presentan dichas tomas ilegales con el objetivo de forzar a los usuarios, mediante la coerción y la amenaza, a que den dinero a supuestos manifestantes. Como lo han señalado el Presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes, esta actividad ilegal representa pérdidas multimillonarias al sector de concesiones privadas y al Estado mexicano.

Esta asociación reúne a los principales concesionarios particulares de autopistas: Aleática, GIA infraestructura, Hermes Infraestructura, ICA, IDEAL, PINFRA, PROFEZAC, RCO y ROADIS. En conjunto operan más de cuatro mil 300 Kilómetros de las redes federal y estatales.

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Asegura que con tales acciones no sólo son afectadas las empresas, también los propios usuarios: “La interrupción del servicio brindado en las casetas de cobro, así como el llamado “boteo”, son actos ilícitos que ponen en riesgo severo, como se hace constar en las videograbaciones que circulan sobre el incidente en cuestión, la integridad de los trabajadores de las casetas y de los propios usuarios”.

Y es que, así como los usuarios se quedan sin seguro, por otro lado los manifestantes se ubican sobre la cinta asfáltica y “puede pasar un accidente, llegar un vehículo sin frenos y arrollarlos”.

Esta actividad ilegal, dijo, representa pérdidas multimillonarias en todo el sector de autopistas en México (Fonadin, Capufe y concesionarios privados), lo que pone en riesgo su viabilidad e impacta significativamente a las finanzas del Estado mexicano.

El buen funcionamiento de nuestro sistema carretero es fundamental para el desarrollo económico y para el eficiente traslado de personas y mercancías.

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De ahí el llamado que han hecho “a fin de garantizar el Estado de derecho como mecanismo insustituible de atracción de inversión, de generación de empleos bien remunerados y, por consiguiente, de igualdad y bienestar social”. Reconocen en las autoridades el esfuerzo por actuar en estos casos, que efectivamente han ido a la baja, “hay días que, por ejemplo, en Jalisco, se iban a la de Ocotlán, la Joya y luego a la de El Arenal, todo el día, recopilando dinero”.

A los usuarios les reconocen como respetuosos de la legalidad, puesto que a pesar de las presiones -”a muchos los agreden a golpes o en sus vehículos, por resistirse- realizan el pago del peaje correspondiente.

Esperan que las 150 denuncias -incluyendo las que se presentaron por el caso de Ocotlán donde tres empleados ameritaron hospitalización- avancen, se integren y se proceda contra los agresores, cuyos rostros han surgido de los propios videos.

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