/ domingo 19 de mayo de 2019

Violencia política contra regidoras del interior del Estado

La diputada Norma Valenzuela externó que hay un número considerable de descalificaciones, amenazas y agresiones

Se recrudece la violencia política contra regidoras del interior del Estado, declaró la diputada Norma Valenzuela, “desde el inicio de la presente legislatura y hasta la fecha, un número considerable de regidoras del interior del Estado me han contado de la constante violencia política que deben soportar por parte de sus compañeros de cabildo”.

Regidoras, “que han sufrido desde descalificaciones, hasta amenazas y agresiones simplemente por su condición de mujer. Demeritando su trabajo, su capacidad y la representación que tienen”, destacó.

La legisladora de Morena, exhortó a los 125 municipios para que prevengan, eviten, combatan y atiendan los actos de violencia política en contra de las mujeres.

Citó que de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

“Estamos viviendo una grave crisis de violencia contra las mujeres en el estado, y como representantes populares no podemos ser omisos en hacer lo que nos corresponde para contribuir a la erradicación de la violencia, es urgente que conforme a las facultades que como poder legislativo tenemos realicemos todas las acciones necesarias para garantizar a las mujeres que han incursionado en el ámbito público, ambientes seguros, donde puedan libremente ejercer sus cargos”, externó Valenzuela.

Obligación que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado al establecer que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género y con la debida diligencia, la cual adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres.

A los diputados, les pidió “dejemos de ser espectadores pasivos, a que asumamos la responsabilidad que nos corresponde y actuemos dentro de las facultades que nos permite la ley para combatir la violencia política en contra de las mujeres”.

Se recrudece la violencia política contra regidoras del interior del Estado, declaró la diputada Norma Valenzuela, “desde el inicio de la presente legislatura y hasta la fecha, un número considerable de regidoras del interior del Estado me han contado de la constante violencia política que deben soportar por parte de sus compañeros de cabildo”.

Regidoras, “que han sufrido desde descalificaciones, hasta amenazas y agresiones simplemente por su condición de mujer. Demeritando su trabajo, su capacidad y la representación que tienen”, destacó.

La legisladora de Morena, exhortó a los 125 municipios para que prevengan, eviten, combatan y atiendan los actos de violencia política en contra de las mujeres.

Citó que de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.

“Estamos viviendo una grave crisis de violencia contra las mujeres en el estado, y como representantes populares no podemos ser omisos en hacer lo que nos corresponde para contribuir a la erradicación de la violencia, es urgente que conforme a las facultades que como poder legislativo tenemos realicemos todas las acciones necesarias para garantizar a las mujeres que han incursionado en el ámbito público, ambientes seguros, donde puedan libremente ejercer sus cargos”, externó Valenzuela.

Obligación que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado al establecer que el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de discriminación y de violencia se traduce en la obligación de toda autoridad de actuar con perspectiva de género y con la debida diligencia, la cual adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres.

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