A la cuarta fue la vencida y el ex secretario de Salud en el gobierno de Jorge Aristóteles Sandoval, segundo en la administración, fue vinculado a proceso. La fiscalía solicitó se aplicara la medida preventiva, pero debido al amparo existente el juez ordenó el resguardo de Antonio N. en su propio domicilio por un año, como medida cautelar, sin descartar que más adelante se analice la primer petición.
Antonio “N”, ex Director General del Régimen Estatal de Protección Social en Salud del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, fue vinculado a proceso por los delitos de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades.
Fue imputado debido a que presuntamente contrató un servicio de asesoría de manera irregular, y firmar contratos sin tener facultades para ello.
Tres ocasiones intentaron que acudiera a la audiencia. Pero faltó y en algunas ocasiones sin justificar su ausencia. La mañana del miércoles a las 10:32 horas, ya no lo pudo evitar y Antonio “N” compareció ante el Juez Décimo Primero de Control, José Luis Álvarez Pulido, en las instalaciones de los Juzgados de Control y Oralidad de Puente Grande.
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Se calcula en casi seis horas y media. Poco antes de las 17:00 concluyó la audiencia con la determinación el Juez de vincular al ex funcionario formalmente a proceso y determinó un plazo de 4 meses para el desarrollo de la investigación complementaria, fijando el 5 de abril de 2020 para el desahogo de la audiencia.
El Juez Décimo Primero decretó lo estipulado en el artículo 155 fracción XIII del Código Nacional de Procedimientos Penales y le aplicó la medida cautelar consistente en “el resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga”.
Señaló que el resguardo aplicará por un año a partir de esta fecha y se dejaron a salvo los derechos al trabajo y a la salud al hoy vinculado a proceso. Antonio “N”, preguntó si podría visitar a sus hijos y el juez contestó que para ello debe presentarse ante un juez de lo familiar para definir días y horarios de las visitas.
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con base en un dictamen de la Unidad de Medidas Cautelares (UMC), solicitó que se estableciera como medida la prisión preventiva.
Sin embargo, el juez respondió que una vez que concluyan o se desestimen los amparos interpuestos por el vinculado podría desarrollarse una audiencia para evaluar la solicitud de modificar las medidas cautelares impuestas.
