Un Tribunal Colegiado reconoció a los Habitantes de El Salto el carácter para ampararse contra la construcción del fraccionamiento “El Mirador” que comenzó a finales de 2018 a cargo de constructoras Bali y que impactaría al municipio con 25 mil habitantes.
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Advierten los quejosos de otros fracasos en cuanto a la prestación de servicios de agua potable y seguridad a estas “mini-ciudades”.
Las obras alcanzaron el desmonte en una parte del cerro Chato en la cabecera municipal de El Salto, a 1 kilómetro de la terminal de almacenamiento de Pemex y a escasos metros del oleoducto que va al centro de distribución en El Castillo, en un terreno atravesado por las líneas de alta tensión que abastecen a la zona industrial de El Salto.
Clausura Ayuntamiento
El Ayuntamiento de El Salto procedió a clausurar lo que resultó ser el proyecto inmobiliario El Mirador de la empresa Casas y además se percató que Bali contaba con una licencia vencida, emitida en junio de 2010. También por la perforación de un pozo profundo sin acreditar el permiso de Conagua y por el derribo de, hasta ese momento, 500 árboles de especies maderables como el mezquite y guamúchiles, así como no contar con una licencia vigente.
En el mes de febrero de 2019 se reanudaron las obras ya con una actualización de la licencia, pero sin haber revisado las irregularidades. El proyecto consiste en 5 mil 965 viviendas, lo que podría traducirse en, por lo menos, 25 mil nuevos habitantes.
Los amparos
La Agrupación Un Salto de Vida cuestionó a funcionarios de las direcciones de Obras Públicas e Inspección y Reglamentos, sobre la reanudación de la obra, a lo que respondieron que el proyecto contaba con sus licencias en regla.
Sin embargo -narran los quejosos- “a través de transparencia nos percatamos de las graves irregularidades del proyecto y realizamos una denuncia en la Contraloría Municipal con número de expediente CIA/062/2019, por el ejercicio indebido de funciones al emitir una actualización de una licencia que fue otorgada de manera indebida y sin corregir las deficiencias del proceso administrativo”.
El órgano de control interno es fecha que no resuelve, la empresa siguió vendiendo fincas y los ciudadanos, al considerarse en una condición de grave vulnerabilidad ambiental, en febrero de este año tramitaron un amparo aduciendo que tal impacto poblacional solo traerá: La profundización de la crisis hídrica; la carencia de servicios como son el transporte, salud, seguridad, educación; la pérdida de áreas de cultivo y forestales y el colapso de las descargas sin tratamiento que terminan en el río Santiago, pues no se presenta proyecto alguno para tratamiento de aguas residuales.
Los amparos fueron admitidos con los números 411/2020 y 412/2020, ambos en el Juzgado
Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo. En los amparos demandamos como responsables, principalmente al Ayuntamiento de El Salto, a la Conagua y al Infonavit, además de a otras nueve autoridades de los tres niveles.
El juicio fue interrumpido por el cierre de los juzgados con motivo de la pandemia e inicialmente se les negó el interés legítimo por no acreditar la afectación a criterio del juez, a pesar de ser muy evidente por las pruebas que presentaron, sin embargo, a través de las quejas interpuestas por la negativa, un tribunal colegiado ha reconocido dicho interés ante las posibles violaciones a sus derechos como habitantes originarios de El Salto.
Hoy, además del camino que pudiera seguir el amparo, llaman a la autoridad para que no se repita lo de La Azucena, Cima Serena, Parques del Triunfo o Las Lilas, este último de la misma empresa oriunda de Lagos de Moreno perteneciente a la familia Barajas Lima (lo mismo que el fraccionamiento de El Faro en el municipio vecino de Juanacatlán), que han incumplido los compromisos con sus clientes, quienes han manifestado su descontento por la falta de agua, de seguridad y por no haber sido advertidos de las graves condiciones ambientales, de salud y de violencia que se vive en el municipio.