El fiscal Anticorrupción Gerardo de la Cruz Tovar informó que tienen cuatro meses para acreditar el delito de compras a sobreprecio de medicamentos del Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) a la empresa Abisalud por los que se vinculó a proceso a seis ex funcionarios, incluido el ex director del instituto y de la empresa.
Los señalados en el caso de los servidores públicos pueden tener penas de 2 a 5 años de prisión y en el caso de los particulares de 4 a 10 años.
Negó que se busque “chivos expiatorios”, en entrevista en sus oficinas, apuntó que se checó todas las personas que intervienen en el procedimiento,”no buscamos chivos expiatorios. No por responder a exigencias mediáticas, políticas o sociales vamos a ir a llevar a gente que en realidad no podríamos demostrarlo porque no se trata de hacer una persecución política o exponernos a ser exhibidos. No es el tema de un revanchismo”.
Te recomedamos:
La Fiscalía tiene nueve carpetas más de investigación abiertas relacionadas a hechos de corrupción como la inversión millonaria a la empresa Abengoa que esta en malas condiciones económicas; el edificio a un lado del Agua Azul; edificio en el Centro Joyero;estacionamiento en Zapopan y nombramientos irregulares de personal.
Manifestó que en el caso de los 6 imputados pueden ampararse: "Pueden hacer uso de sus medios de defensa, desde apelaciones o amparos para tratar de revocar esta resolución que los vincula, nosotros, si se interponen apelaciones, interpondremos también recursos para ir a defender los argumentos del juzgador y si se van al amparo contestaremos también para defender nuestra postura. Nuestra labor no termina con la vinculación”.
Los vinculados a proceso son: el ex director del Ipejal Fidel Armando Ramírez Casillas, la ex directora administrativa Adriana Gabriela Ceja Palacios y el ex jefe de Recursos Materiales, Jorge Arturo García Rodríguez, que de acreditarse el delito, la pena es de 2 a 5 años de prisión y los empleados de la empresa Abisalud Raquel Valdés Montiel y Juan Manuel Ayala Orozco, la pena es de 4 a 10 años de prisión a reparación del daño.
De lograr acreditar el delito, aclaró el fiscal viene aparejado la reparación del daño.
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En los dos casos hay pena privativa.Y aún cuando sea pena privativa existe la posibilidad en los dos supuestos en delitos cometidos por servidores públicos y por particulares, al no ser delitos de prisión oficiosa, por eso es que están en libertad, se puede conceder algunos beneficios que eso se dará en una etapa más adelante, y eso dependerá de que primero se tenga una sentencia condenatoria.
La posibilidad de una prisión siempre existe, pero también un beneficio o medio alternativo de solucionar este conflicto, puntualizó.
Conoce más...
- Ya no puede vincularse a más personas investigación compras a sobreprecio de medicamentos.
- No se puede prohibir a la empresa abisalud de participar en licitaciones públicas.
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