Las sentencias definitivas emanadas de cualquier órgano judicial y los convenios del Instituto de Justicia Alternativa, de los últimos diez años a la fecha, deberán digitalizarse, protegiendo la información confidencial y reservada de las personas, con la reforma de la fracción X del Artículo 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado y sus Municipios, informó la diputada Mariana Fernández.
En la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público, se aprobó a propuesta de la diputada Ana Lidia Sandoval que el Poder Judicial transparente sus sentencias. El Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Consejo de la Judicatura deberán emitir en los siguientes 60 días contados a partir de la entrada en vigor de la reforma, el acuerdo de implementación que contenga la programación, calendarización y progresividad con que se dará cumplimiento, sin que exceda del 01 de julio de 2022.
Chécalo:
Fernández, que preside la Comisión de Participación Ciudadana, indicó que ambas instancias judiciales deberán contemplar en su anteproyecto de presupuesto de egresos para los subsecuentes ejercicios fiscales, las partidas presupuestales suficientes para el cumplimiento de la obligación establecida en este decreto.
“Es importante cuando hablamos de gobiernos abiertos, también hablar de justicia abierta”, puntualizó la diputada Fernández Ramírez. Reconoció que el Poder Judicial tiene sus propios órganos de control para revisar cómo están sentenciando, cuántas sentencias hacen por mes y cuántas se revocan en otras instancias.
Destacó la necesidad de que “los interesados puedan también revisar cuántas sentencias existen, porque finalmente es un tema de acceso a la información, un tema de interés público; pero, sobre todo, es importante conocer cómo están actuando las y los impartidores de justicia; que la propia ciudadanía sea observadora de lo que está sucediendo en este Poder”
.jpg "Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico (2).jpg")
