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Suman 3 mil millones de pesos en daños por actos de corrupción en Jalisco

  • Rosario Bareño Domínguez
  • en Local

Asciende a 3 mil millones de pesos el daño económico y presupuestal por actos de corrupción en Jalisco, entre los que destaca el soborno en contratos de gobierno, malversación de recursos públicos y peculado, indicaron académicos e investigadores en la mesa de análisis “Justicia Constituciopnal y Anticorrupción” a la que convocó la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva y la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, destacando el doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas del ITESO “el soborno a pequeña escala, las que llamamos mordidas, es el problema más grave”.

Con la sola asistencia de 4 diputados del total de 39 que conforma la LXI Legislatura, los que convocaron la diputada del PRD Mónica Almeida, el diputado de MC Ismael del Toro, y el perredista Saúl Galinbdo, lo hicieron con el objetivo de nutrirse de más propuestas rumbo a la reforma de un nuevo modelo de justicia constitucional que combata la corrupción, sin embargo, aparte de ellos el nulo interés del resto de sus compañeros se vió reflejado con su inasistencia, ya que aparte de los mencionados, sólo asistió la diputada del PAN Pilar Pérez Chavira.

“En 2014 se cometieron 200 millones de actos de corrupción para  agilizar el acceso a servicios públicos o librarse de  una sanción a nivel nacional”, indicó el investigador. Por lo que el modelo de justicia constitucional debe atacar el otorgar información privilegiada a contratistas a cambio de una “comisión” a funcionarios públicos; eliminación de competidores por razones técnicas para beneficiar a otros. Muchas empresas pagan comisiones desde el famoso diezmo o tasas de 15 a 25 por ciento.

La discrecionalidad en estos procesos de licitación y compra del gobierno se han reducido, porque han mejorado las leyes, sin embargo, el problema persiste. Donde se debe poner especial interés es en el esquema de fiscalización a los partidos políticos en precampañas y campañas.

 

En 2014 se cometieron 200 millones de actos de corrupción para agilizar el acceso a servicios públicos o librarse de una sanción a nivel nacional.

 

El presidente de la Mesa Directiva diputado Ismael del Toro, informó que están en la etapa de dictaminación del Sistema Estatal Anticorrupción. En tanto la presidenta de la Junta de Coordinación Política diputada Mónica Almeida, manifestó que a través de este tipo de mesas de análisis con especialistas en el tema se diseñará un modelo que erradique la corrupción e impunidad, por lo que las consultas públicas continuarán.

Los investigadores Ibarra y la doctora Teresa Magnolia Preciado Rodríguez del CUTonalá de la UdeG se pronunciaron en contra de la propuesta del diputado Pedro Kumamoto de magistrados vitalicios y jueces electos, esto último va contra la independencia de la autoridad jurisdiccional.

 

Ibarra señaló que mientras la Auditoría Superior de la Federación ha interpuesto 400 denuncias y 7 personas han sido consignadas por actos de corrupción, en Jalisco no existen detenciones.

 

La doctora Preciado enfatizó en la equidad de género en el nombramiento de magistrados. Jalisco junto con Aguascalientes, Baja California, Baja Calfornia Sur, Ciudad de México, Michoacán, Puebla , San Luis  Potosí, y Sonora están retrasados en mecanismos de control constitucional, añadió la investigadora. Destacó que debe reconocerse el servicio civil de carrera al interior del Poder Judicial.

El doctor José de Jesús Ibarra Cárdenas, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, propuso además levantar el velo para sociedades mercantiles, el fraude de ley, el abuso de derecho, la desviación de poder, facultad para pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no aplicar el secreto bancario, fiduciario y fiscal.
El Doctor Armando Enrique Cruz Covarrubias, de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, manifestó que las normas federales generalmente rebasan a las estatales, quitándoles facultades y soberanía. “El problema es estructural, es más fuerte”, pero cualquier intento por abatir la corrupción es bueno y ofreció participar desde el ámbito académico y emitir opiniones sobre ese tema.

El Doctor Luis Antonio Corona Nakamura, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, dijo que el control constitucional debe entenderse como los instrumentos y mecanismos de defensa para ejercer ese principio de supremacía y explicó las diversas modalidades que existen para su operación, y propuso realizar una reforma integral para rescatar los principios locales, y que al momento de instaurar los controles sean bien fundamentados y terminales, en beneficio real de la sociedad, para que no se reviertan con algún amparo.

El Doctor José de Jesús Becerra Ramírez, del CUCSH de la UdeG., afirmó que hay la oportunidad histórica para crear un tribunal para el Sistema Estatal Anticorrupción y aprovechar el “momento para hacer un federalismo en serio en donde se respete el estado de Derecho, y darle habilitación constitucional a esta sala” y quienes se propongan para integrarla tengan alta especialización y no que un simple examen se valore si son aptos o no, sino analizar su trayectoria. Además debe hacerse valer la Constitución en la integración del órgano anticorrupción, para que todos los poderes asuman su responsabilidad, sin replicar los errores de  algunos tribunales.