El Sindicato Democrático de los Sistemas DIF (SideDIF) en Guadalajara informó que consiguieron una suspensión para que las oficinas de las que los despojaron no se entreguen a terceros, en tanto no se resuelva de fondo el amparo que interpusieron por esto.
Para dar un corte en torno a la disputa que mantienen con el Ayuntamiento de Guadalajara, por una serie de despidos, uno de los abogados del sindicato, Óscar Arturo Díaz Torrejón, detalló que la suspensión la consiguieron el lunes por la noche, tras el amparo interpuesto en el Juzgado Séptimo en Materia Amparo Penal, por lo que esperarían a que en el transcurso del día se le notificara a autoridades municipales.
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"Se consiguió en el sentido de que ese inmueble no sea transmitido, no sea entregado a ninguna tercera persona. Es decir, en tanto no se resuelve el amparo, que tengo la certeza de que van a concederlo para que se restituya ese inmueble a quien le fue despojado, es decir, al sindicato que está representando la licenciada Martha Elia".
De manera general el equipo legal del sindicato acusó múltiples irregularidades en la forma en la que se ha conducido el ayuntamiento tapatío, pues además de valerse de la fiscalía y juzgados para llevar a cabo despojos en un mismo día, hasta el momento tampoco saben en dónde han quedado las cosas que les quitaron de las oficinas que ocupaban en el Centro de la Amistad.
En este sentido, la líder del sindicato, Martha Elia Naranjo, aseguró incluso que nunca les ofrecieron nuevas instalaciones para mudar las oficinas, contrario a lo que dijo el ayuntamiento.
"Nunca nos ofrecieron nada, (al alcalde) lo mal informaron y él dice lo que él cree que es cierto. A nosotros se nos hizo un comentario en la junta, lo hizo el licenciado Diego, y yo le dije que lo hiciera de manera formal. A nosotros nunca nos han notificado ni para despidos injustificados, para ningún tipo de trámite, todo lo quieren hacer de manera verbal; aquí corren a la gente hasta por teléfono. Pero retomando la pregunta a nosotros nunca nos notificaron".
Esto lo corroboró otro de los abogados, quien aseveró que como nunca les notificaron por escrito no saben en dónde se encuentra la sede para las nuevas oficinas y por ende sus cosas, por lo cual no descartaron presentar denuncias ante la fiscalía por robo, y por las irregularidades con las que el municipio se ha conducido en su contra.
Por último, expresaron que el ayuntamiento no ha tenido apertura para recibirlos en diálogo o en mesas de trabajo, y como prueba los salarios retenidos a más de 100 trabajadores y el descuido de varias áreas del DIF municipal por la ausencia de personal que la administración dio de baja.