En el foro “Construcción de Paz, Seguridad Ciudadana y Reforma Policial”, Anna Karolina Chimiak del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), se pronunció por la implementación de un Consejo Ciudadano en Materia de desaparición; investigación seria, exhaustiva y eficaz que identifique a todas las personas responsables de los hechos "así sea de los más altos cargos de las cadenas de mando de las instituciones responsables, al igual que a los autores directos e indirectos" de las manifestaciones del 4, 5 y 6 de junio.
Además, se debe garantizar la responsabilidad penal y administrativa de todas y todos funcionarios públicos por los actos de omisión, maltrato y negligencias en las investigaciones, puntualizó.
Desaparición forzada y tortura forman parte de los hechos ocurridos los días 4, 5, y 6 de junio y que han dado pie este foro indicó y que se dieron en el contexto de varios antecedentes de violaciones a los derechos humanos y abusos policíacos cometidos en el marco de la pandemia por el Covid-19, incluyendo el acto de detención arbitraria, tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López.
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Sin embargo, "todos estos hechos no son aislados ya que corresponden a un marco estructural y social que favorece la comisión de graves violaciones de manera generalizada por parte de las autoridades de los tres niveles"
Ante la magnitud de las violaciones, expuso que el Estado "no ha aceptado ni reconocido plenamente su responsabilidad de generar condiciones mínimas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales a la vida, integridad personal o libertad de la sociedad jalisciense".
De las 74 mil 835 personas desaparecidas en el país, 10 mil 248 son en Jalisco, significa 14% del total de desapariciones en el país.
Evidencia que refleja en la entidad esta práctica al igual que tortura y que se comete de manera generalizada en un "escenario de plena impunidad".
Discurso ⇩
En tortura, la impunidad es absoluta, no existe ninguna sentencia condenatoria por este delito, mientras que para los casos de desaparición forzada y cometida por particulares, existen únicamente 4 sentencias condenatorias en el estado.
"La tortura en Jalisco sin duda constituye una práctica generalizada y se comete principalmente por las autoridades de las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia", manifestó Chimiak.
Las leyes en materia de desaparición siguen detenidas en el Congreso del Estado.
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Destacó que no se ha creado la Fiscalía Especializada para investigar los delitos de tortura, a pesar de la obligación establecida en la Ley General, sin embargo, en Jalisco quedó solo en una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura que depende tanto económica como estructuralmente de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que depende del Fiscal del Estado de Jalisco.
En cuanto a la investigación de los delitos en materia de desaparición de personas, desde hace tres años, el 31 de agosto de 2017, se creó la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas , en su momento su creación constituyó un avance histórico; sin embargo, actualmente, "el desempeño de esta Fiscalía representa graves retrocesos y demuestra que no se han logrado erradicar las malas prácticas que obstaculizan el acceso a la verdad y a la justicia. La institución es poco accesible, no hay debida diligencia en las investigaciones, continúan las prácticas de dilación de la búsqueda e investigación, no existe una colaboración adecuada con la Comisión de Búsqueda de Personas o incluso, de nuevo, a tres años de su creación, se niega la expedición de copias".
Se requiere la capacitación integral, con un enfoque práctico y proceso de seguimiento del personal, al igual que erradicar los vicios institucionales que se han mantenido por años en la Fiscalía. La formación real en derechos humanos, graves violaciones y perspectiva de género es fundamental para todas las autoridades involucradas en la implementación de las leyes generales, sin excepción alguna, incluyendo a representantes del Poder Judicial y el Poder Legislativo ante su gran desconocimiento en materia de tortura y desaparición de personas en Jalisco.
Para las investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos se requiere realizar un análisis multidisciplinario de las causas, estructuras y los factores que propician su comisión y podría servir para atacar las estructuras de macrocriminalidad que se han desarrollado en el estado.
Conoce más...
- De acuerdo al análisis de World Justice Project sobre los datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), Jalisco ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la comisión de actos de tortura en la etapa de la detención y la estancia en la Agencia del Ministerio Público.
- La CEDHJ del 2000 al 31 de julio de 2020 se han recibido 1580 quejas por tortura de las que se desprenden miles de víctimas.
