Conocer cómo viven y evitar que se conviertan en grupos vulnerables es parte del análisis de las familias de personas desaparecidas a través de un estudio socioeconómico que se iniciará en aproximadamente 20 días, explicó la subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado, Fabiola Loya.
“Se va a hacer un estudio socioeconómico. No un censo de datos, hay que decirlo muy claro, porque no queremos revictimizar a las familias porque ya tenemos los datos de las familias, pero lo que sí queremos hacer es un estudio, un análisis socioeconómico del cómo está la estructura familiar para tener claridad de cuántas familias hay, de cuántos hijos, cuántas hermanas, si falta el esposo o la esposa, la madre o el padre. De eso queremos tener claridad, en eso estamos trabajando”, detalló.
En aproximadamente 20 días se comenzará en el municipio de Tlajomulco, aunque ya también hay interés de los presidentes de Zapopan y Guadalajara para iniciar estos estudios en un problema que afecta a todo el país, además “vinieron del Comité de las Naciones Unidas para las Desapariciones Forzadas a México y nosotros atendimos su informe, sus recomendaciones y parte de lo que está en su informe, es precisamente que se atienda a las víctimas indirectas y que se evite el estigma social”.
Fabiola Loya mencionó que este año la estrategia contempla una Mesa Interinstitucional, “en donde estamos trabajando con un programa que se llama precisamente Atención a Familias, que lo echamos a andar en estos días, con todas las dependencias que están involucradas para búsqueda de familiares, en este caso es Fiscalía, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda”.
La intención es reunirse con las víctimas indirectas de las personas desaparecidas que “en este caso son las familias de personas que tienen alguna persona desaparecida y hacerles asequibles sus derechos, que es el tema de voltear a ver qué estamos haciendo las áreas correspondientes, que ellos sepan cómo pueden buscarlas, que tengan acceso y puedan agendar una cita en Fiscalía y demás”.
Es decir acercarles todos esos servicios y posteriormente “estaremos haciendo un análisis socioeconómico para poderles ayudar, porque el dolor y el proceso que ellos viven hacen que a veces tengan cierta desintegración familiar; se dedican a la búsqueda; las hermanas, hermanos dejan de estudiar, entonces lo que vamos a buscar es que precisamente puedan reforzarse como familia”.
Además de que puedan acceder a programas que tiene el gobierno para poder estudiar y lo más importante es evitar que se vuelvan un grupo vulnerable, que no haya un estigma social para esas familias.
