Se incumple con el artículo 15 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Financieras y los Municipios, la cual establece que de disminuir ingresos en el ejercicio fiscal, el gasto en comunicación social es la primera opción de reducción, por lo que la presidenta de la bancada del PRI, Mariana Fernández propuso modificaciones a la Ley de Austeridad en el tope máximo en gastos de publicidad y transparentar el gasto en publicidad de plataformas digitales.
Su propuesta incluye reducir el tope máximo del gasto en comunicación, al 0.25% de los ingresos de libre disposición, establecer montos mínimos, a fin de destinar algunos rubros específicos como el 25 por ciento del total a campañas para atender situaciones de urgencia.
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De la misma manera, el 25 por ciento a campañas preventivas de sobre salud, adicciones, violencias, protección social y otras afines, un 25 por ciento a la rendición de cuentas para divulgar de manera proactiva la información pública fundamental.
Además, la legisladora jalisciense propone destinar un tres por ciento a un fondo de estímulos para el periodismo de investigación.
Establecer límites y regular el uso de recursos en plataformas digitales poniendo un tope de 15 por ciento al gasto de publicidad en Internet, limitando el gasto en los Informes de Gobierno al 5 por ciento, prohibiendo las pautas, así como la creación de contenido en Internet y redes sociales para las cuentas de funcionarios públicos, permitiendo solamente el uso de recursos desde cuentas institucionales, detalló la legisladora del tricolor.
Sobre todo, apuntó, definir con precisión el concepto de los gastos en comunicación social que se ejercen mediante las partidas de libre disposición.
Por si no lo leíste:
"Me van a venir a decir qué necesitan comunicar sobre las acciones que están tomando por el Coronavirus, pero la verdad es que de acuerdo con los ajustes que nos han presentado a esta Soberanía, ante la austeridad a que obliga este momento, sólo se ha reducido el gasto de comunicación para las Secretarías de Innovación y de Turismo y de menos de tres por ciento del total programado".
Aún queda mucho por legislar para lograr que el uso de los recursos de comunicación cumpla con criterios que eviten la corrupción y el uso indebido, ya que "se sigue simulando comunicación de gobierno para encubrir objetivos de campaña".
Expuso que cuando se trata de comunicar, el Gobierno debe priorizar aquello que es más útil para las personas: atención de emergencias o situaciones que requieran la colaboración entre la población y gobierno, información sobre hospitales, campañas de prevención, educación, divulgación y en rendición de cuentas.
Este 2020, el gasto total autorizado al Gobierno del Estado es de 258 millones de pesos. Con la reforma que plantea el monto se reduciría a 126 millones de pesos, es decir, un 49 por ciento menos.
Con los 125 millones de pesos que se ahorrarían, agregó se puede:
- Quintuplicar el presupuesto de la comisión de búsqueda de personas.
- Duplicar el presupuesto al Instituto de Cancerología
- Triplicar el dinero destinado al Centro de Justicia de para Mujeres.
- Menos comerciales y más apoyos sociales
"Sé que el camino para que esto se apruebe es largo, que muy probablemente no se dará en esta legislatura, pero es el comienzo de una batalla que estaré dando junto con la gente. Ese es mi compromiso".
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La reforma sería al artículo 13 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco, la cual quedaría de la siguiente manera:
-Artículo 13. Los gastos relativos a los servicios de publicidad y comunicación social de los sujetos obligados son aquellos incluidos en el presupuesto respectivo, destinados a la contratación de tiempos en radio y televisión, pautas o servicios de creación y difusión a través de Internet o redes sociales, espacios en prensa escrita o cualquier otra modalidad de comunicación pública, así como los servicios de creatividad, preproducción, producción, postproducción, creación de contenidos, filmografía, fotografía, imprenta, diseño y cualquier otro servicio relacionado.
-La suma anual de estos gastos no podrá rebasar en su conjunto el cero punto veinticinco por ciento de los ingresos de libre disposición del sujeto obligado.
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