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Proponen “muerte civil” para funcionarios corruptos

  • Rosario Bareño Domínguez
  • en Local

Inhabilitar hasta por 20 años a servidores públicos que cometan actos de corrupción e incluso “muerte civil” para el funcionario, propone la diputada del PRI María del Refugio Ruíz Moreno, que presentó su iniciativa de reforma al Código Penal y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ya que el que se roba 100, 100 mil o hasta millones de pesos seguirá igual, por eso debe sancionarse, apuntó.

Ruíz Moreno dijo: “Algunos malos políticos o servidores públicos abandonan el país por delitos concernientes a la corrupción; una vez que prescribió, regresan y vuelven a ejercer cargos públicos e incluso compiten por uno de lección popular; los malos funcionarios públicos no protegen los bienes del estado, al contrario, se sirven de estos”.

En rueda de prensa, la Legisladora Tricolor subrayó que los actos de corrupción lesionan permanentemente a las instituciones, dañan y afectan la credibilidad, por lo que “deben combatirse con un enfoque amplio y multidisciplinario; que nunca más un corrupto vuelva a trabajar en el estado, ya sea en el gobierno federal, estatal o municipal”.

Su iniciativa contempla reformar la fracción IV del Artículo 144 del Código Penal, así como diversos artículos de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios y Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Enfatizó en establecer la “muerte civil”’ de los servidores públicos a través de la inhabilitación: toda persona responsable de cometer delitos en materia de corrupción, independientemente de otras sanciones, se le prohibirá trabajar como funcionario público; la penalidad será desde tres meses hasta por siete años y se le notificará la resolución al órgano del poder público que corresponda.

Exceptuando delitos de cohecho, peculado, los cometidos en la custodia o guarda de documentos, desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, y enriquecimiento ilícito, cuya destitución e inhabilitación será por 20 años para desempeñar un empleo, cargo o comisión dentro del servicio público.

El funcionario inhabilitado ya no podrá participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del estado; además, estos delitos serán imprescriptibles.

 

EL DATO

-El ordenamiento penal vigente no tiene la coercitividad necesaria para la realidad social en la cual vivimos, resulta de vital importancia instaurar medidas disuasivas y eficaces contra los funcionarios públicos que dañen el patrimonio del estado.

 

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