/ miércoles 13 de mayo de 2020

Propone Movimiento Ciudadano un ingreso vital para desempleados por la pandemia

De aprobarse se tendrían que hacer reasignaciones presupuestales ya que se requerirá una inversión de 221 mil millones de pesos

Con el objetivo de ayudar a millones de mexicanos que se han visto afectados económicamente por la pandemia, el senador por Jalisco de MC, Clemente Castañeda, dio a conocer la iniciativa que presentará para la creación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital en Situaciones Especiales.

La propuesta buscará apoyar a cerca de 20 millones de personas en todo el país, que derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 han perdido sus fuentes de empleo o sufrido disminución en sus ingresos, con apoyos económicos de 3 mil 696 pesos mensuales.

Se otorgarían durante 3 meses, con posibilidad de ampliarlo por 2 meses más dependiendo la situación, por transferencia electrónica y el Coneval sería el encargado de vigilar la implementación de mencionado programa.

Lo más leído:

"Entre las ventajas por una medida de esta naturaleza es paliar los dramáticos efectos que tendrá esta crisis en millones de personas; segundo, la posibilidad de inyectar recursos a la economía nacional, para su reactivación; evitar que millones de personas engrosen las filas de la pobreza; y cuarto, dar un primer paso en la discusión de verdaderas políticas de bienestar de largo plazo que tanto hemos retrasado en este país".

Para que esto sea posible, además de la creación de la ley en mención, se reformaría la Ley General de Desarrollo Social para elevar a rango prioritario este tipo de programas, así como la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para facultar al INEGI a declarar la situación especial de quienes pudieran ser beneficiarios.

De aprobarse, enunció, se tendrían que hacer reasignaciones presupuestales ya que se requerirá una inversión de 221 mil millones de pesos para hacer frente a todos estos apoyos.

Aunque buscarán que se someta a discusión en las cámaras del Congreso de la Unión lo más pronto posible, el senador emecista señaló que primero y desde ya darán a conocer la iniciativa a distintos sectores de la sociedad y llevarán a cabo foros o seminarios virtuales del 15 al 21 de mayo, para que pueda ser nutrida por todos. Refirió que se estima una propuesta completa dispuesta a presentarse el 25 de mayo al Presidente de la República, y finalmente elevarla al legislativo el 27 del mismo mes.



"Este proyecto se pone a disposición de la sociedad para que sea revisado, enriquecido, a disposición de los legisladores que han impulsado el ingreso vital, de las organizaciones de la sociedad civil. Debemos de convertir la propuesta en un derecho y abrir la puerta para el debate de fondo sobre el curso que va a tomar la economía mexicana".

Entre las funciones de las autoridades, agregó, además de la vigilancia que realizará el CONEVAL, el IMSS colaborará con información sobre empleo, mientras que el INEGI será el encargado de elaborar el catálogo de poblaciones y ocupaciones elegibles y las reglas de operación. Esto, con el fin de acreditar y llevar un control de quiénes se han visto afectados y en qué fuentes de empleo al momento de entregar los apoyos.

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Con el objetivo de ayudar a millones de mexicanos que se han visto afectados económicamente por la pandemia, el senador por Jalisco de MC, Clemente Castañeda, dio a conocer la iniciativa que presentará para la creación de la Ley del Ingreso Mínimo Vital en Situaciones Especiales.

La propuesta buscará apoyar a cerca de 20 millones de personas en todo el país, que derivado de la emergencia sanitaria por el Covid-19 han perdido sus fuentes de empleo o sufrido disminución en sus ingresos, con apoyos económicos de 3 mil 696 pesos mensuales.

Se otorgarían durante 3 meses, con posibilidad de ampliarlo por 2 meses más dependiendo la situación, por transferencia electrónica y el Coneval sería el encargado de vigilar la implementación de mencionado programa.

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"Entre las ventajas por una medida de esta naturaleza es paliar los dramáticos efectos que tendrá esta crisis en millones de personas; segundo, la posibilidad de inyectar recursos a la economía nacional, para su reactivación; evitar que millones de personas engrosen las filas de la pobreza; y cuarto, dar un primer paso en la discusión de verdaderas políticas de bienestar de largo plazo que tanto hemos retrasado en este país".

Para que esto sea posible, además de la creación de la ley en mención, se reformaría la Ley General de Desarrollo Social para elevar a rango prioritario este tipo de programas, así como la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para facultar al INEGI a declarar la situación especial de quienes pudieran ser beneficiarios.

De aprobarse, enunció, se tendrían que hacer reasignaciones presupuestales ya que se requerirá una inversión de 221 mil millones de pesos para hacer frente a todos estos apoyos.

Aunque buscarán que se someta a discusión en las cámaras del Congreso de la Unión lo más pronto posible, el senador emecista señaló que primero y desde ya darán a conocer la iniciativa a distintos sectores de la sociedad y llevarán a cabo foros o seminarios virtuales del 15 al 21 de mayo, para que pueda ser nutrida por todos. Refirió que se estima una propuesta completa dispuesta a presentarse el 25 de mayo al Presidente de la República, y finalmente elevarla al legislativo el 27 del mismo mes.



"Este proyecto se pone a disposición de la sociedad para que sea revisado, enriquecido, a disposición de los legisladores que han impulsado el ingreso vital, de las organizaciones de la sociedad civil. Debemos de convertir la propuesta en un derecho y abrir la puerta para el debate de fondo sobre el curso que va a tomar la economía mexicana".

Entre las funciones de las autoridades, agregó, además de la vigilancia que realizará el CONEVAL, el IMSS colaborará con información sobre empleo, mientras que el INEGI será el encargado de elaborar el catálogo de poblaciones y ocupaciones elegibles y las reglas de operación. Esto, con el fin de acreditar y llevar un control de quiénes se han visto afectados y en qué fuentes de empleo al momento de entregar los apoyos.

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