Terminar con basificaciones irregulares y masivas de cada trienio o sexenio en las administraciones públicas y dar certidumbre laboral a personal supernumerario que, aunque tenga antigüedad inclusive de hasta 15 años no se les da la base, es la propuesta de reforma a la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco, de la diputada Mariana Fernández Ramírez.
Acompañada de la diputada electa de Morena María Padilla que se comprometió a que dará seguimiento a la propuesta durante la próxima legislatura, Fernández dijo: "No más terrorismo laboral, hay servidores públicos con actividades de base que tiene hasta 15 años laborando de manera ininterrumpida pero no tienen la estabilidad laboral y, por ende, no cotizan en servicios de seguridad social, porque las entidades públicas los obliga a firmar y ratificar renuncias".
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Hay ayuntamientos gobernados por alcaldes que no lograron la reelección y pretenden la “basificación” masiva de su personal, indicó.
"En la misma tesitura, debemos permitirles a los gobiernos entrantes logren impugnar las plazas asignadas que puedan ser irregulares para revertir el menoscabo al erario público", admitió.
El espíritu de esta iniciativa señaló es que el derecho a la estabilidad laboral es irrenunciable.
Refirió que su iniciativa plantea que las renuncias de los servidores públicos no tendrán implícita la renuncia a la antigüedad para efectos de la estabilidad laboral, y con ello se refuerza el derecho a la estabilidad a partir de que, una vez le den la base a una persona, tenga derecho a que le computen su antigüedad desde la expedición del primer nombramiento para acceder a los derechos de jubilación o pensión.
También, incluye que los gobiernos entrantes tengan facultades para impugnar bases otorgadas irregularmente durante un plazo de hasta dos años, con lo que se evita la prescripción de la acción por parte de la autoridad correspondiente para solicitar la nulidad de nombramientos que no cumplan los requisitos legales.
Los servidores públicos adscritos o comisionados con munícipes o diputados reelectos, deberán cumplir la misma antigüedad que los trabajadores del Poder Ejecutivo, esto es, seis años y medio ininterrumpidos, o nueve años con dos interrupciones de seis meses cada una.
El servidor público con nombramiento temporal por tiempo determinado que esté asignado, adscrito o comisionado a un funcionario públicos de elección popular y este haya sido reelecto, deberá cumplir seis años y medio consecutivos o nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses, para tener derecho a que se les otorgue nombramiento definitivo, manifestó Fernández.
Actualmente, para que un servidor público tenga derecho a la estabilidad laboral debe tener una antigüedad en el servicio de seis años y medio consecutivos o por nueve años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses. Para el caso de ayuntamientos y el Congreso de Jalisco la antigüedad requerida a sus servidores públicos es de tres años y medio consecutivos o por cinco años interrumpidos en no más de dos ocasiones por lapsos no mayores a seis meses.
La antigüedad referida tiene razón de ser, un periodo constitucional o administración del Gobierno de Jalisco es de seis años. El periodo constitucional o administración de un ayuntamiento y congreso local es de tres años. Por lo que disponer seis meses adicionales a los seis o tres años en cada caso, obedece a la potestad y evaluación implícita a los servidores públicos de quienes llegan al siguiente periodo constitucional o administración. Esto es, al extenderse los seis meses adicionales y de darse una contratación el nuevo titular del ente público hace un reconocimiento implícito a la capacidad del empleado y dicho tiempo le servirán de conocimiento y evaluación de su perfil de una manera más objetivo o alejada de conflictos de intereses.
