La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) anunció que descubrió actividades ilegales de cambio de uso de suelo en 14 predios en San Gabriel, Jalisco;por lo que frenaron las acciones, presentarán denuncias penales y habrá sanciones económicas a los dueños.
Se dejó en claro que ninguno de los predios tenía autorización de Semarnat para este tipo de actividades.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que el operativo fue con el apoyo de la Guardia Nacional y en consecuencia clausuró 14 predios afectados por cambio de uso del suelo para el establecimiento de huertas de aguacate en el municipio de San Gabriel, Jalisco.
La superficie total afectada por esta actividad ilícita en dichos predios, comprende 316.93 hectáreas y perjudica de manera directa al ecosistema del sitio --bosque de Pino-Encino--, además de los servicios ecosistémicos de la región.
Personal de Profepa constató en la inspección que los predios son de particulares y que utilizaban sofisticados sistemas de riego que requieren grandes cantidades de agua.
Ninguno de los particulares contaba con la autorización que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en materia de cambio de uso de suelo. Dentro de los factores con mayor impacto al ecosistema --provocado por este tipo de actividades irregulares-- están la merma de filtración de agua por parte de pinos y encinos, pérdida de flora y fauna local, y alteración del equilibrio ecológico.
La dependencia federal dio a conocer que con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), se impusieron como medidas de seguridad las clausuras totales temporales de las actividades de los predios inspeccionados.
Asimismo conforme al artículo 157, fracción II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, los presuntos responsables podrán hacerse acreedores a una multa que va de 100 a 20 mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente (entre 8 mil 449 a un millón 689 mil 800 pesos) y ser obligados a realizar las acciones necesarias para restaurar los sitios afectados, independientemente de las sanciones penales que resulten.
Se dijo que la Profepa dará continuidad a este proceso administrativo, una vez que sean presentadas las denuncias penales.
