Presentó la Contraloría Estatal a principios de esta semana una segunda denuncia penal por el caso de los contenedores con cuerpos de personas sin identificar, informó la Contralora Estatal Teresa Brito.
El 25 de octubre se interpuso la primera denuncia por el caso de la renta de los tráileres, pero posteriormente por el seguimiento administrativo salieron otra serie de elementos que tienen que ver con un desorden administrativo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que luego se reporta como “hallazgo” en la entrega-recepción del IJCF que se presenta con un dictamen de Protección Civil que debió haber sido atendido.
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“Le estamos sumando hallazgos que se evidencian de la comparecencia de los funcionarios (18) y de los resultados del proceso entrega-recepción”, indicó.
La calificativa de estos hechos la pone el Fiscal Anticorrupción. La maestra Brito manifestó: “Nosotros le ponemos sobre la mesa circunstancias que se dieron en el seno de la Junta de Gobierno ahí hubo advertencias y consideraciones y recomendaciones y nosotros medimos en que grado fueron tomadas en cuenta y al no ser tomadas en cuenta alteraron de alguna manera la cadena de custodia y esto a la postre hubo violación de los derechos humanos post morten de las personas (fallecidas)”.
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Son elementos supervinientes adicionales y pueden ser dos denuncias o ampliación de la primera, señaló la Contralora Estatal, “ya lo acomodará en una o dos carpetas de investigación la Fiscal Anticorrupción”. Advirtió que está acumulando más evidencias y si salen más las irá presentando al fiscal Anticorrupción. La Contralora Estatal externó que los ilícitos son de base el delito de peculado.
"El suplente del Secretario General de Gobierno fue el que pidió el informe a Protección Civil y el advirtió esa situación, el fiscal anticorrupción llamará seguramente a personas para que respondan de situaciones que nosotros advertimos de las comparecencias como resultado de responsabidad administrativa que presumimos".
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Hablo que existen seis facturas, de las que tiene copia. "Acusa esto una desorganización en la prestación de servicios con estas empresas. La directora general administrativa de la Contraloría para que se diera el curso de la investigación presentó su renuncia, ella estuvo en la fiscalía".
Hay procedimientos administrativos donde compareció y se le tomó la declaración a la funcionaria y el procedimiento penal que está en manos del fiscal anticorrupción y si es requerida se defenderá como crea conveniente.
Conoce más...
* Se pagó en 2016 por arrendamiento 222 mil pesos y 528 mil pesos por pago de combustible (diesel). En 2017 y 2018 no se pagó nada.
* Ya fueron destruídos las dos cámaras frigoríficas.
* No hubo convenio específico con las dos empresas, ni fianzas de cumplimiento.
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