/ miércoles 15 de septiembre de 2021

Por la desaparición de 22 personas en 10 municipios, la CEDHJ recomienda reforzar acciones y presupuesto

Deben ofrecer a las víctimas indirectas la atención médica, psicológica y de salud mental especializada por el tiempo que resulte necesario, agregó la dependencia

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió dos recomendaciones por la desaparición de 22 personas en 10 municipios, nueve de ellas solo en Chapala, Jalisco. La defensoría acreditó graves violaciones de derechos humanos por la deficiente actuación de las autoridades en los procesos de investigación, búsqueda inmediata e identificación forense, lo que se traduce en una victimización secundaria por parte de las autoridades encargadas, en agravio de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas.

El llamado es a que se intensifiquen acciones en la investigación de los casos y en 2022 se refuerce a todas las instituciones relacionadas, con un mayor presupuesto.

Se trata de las Recomendaciones 148/21 y 149/21, la primera por la desaparición de nueve personas en el municipio de Chapala y una más en Ixtlahuacán de los Membrillos. Aquí se evidenció la desaparición de dos mujeres y ocho hombres; entre ellos dos menores de edad. Sólo una mujer fue localizada, lamentablemente sin vida.

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Sobre la desaparición de las diez personas, se identificó que dos ocurrieron en 2018, cinco en 2019 y tres en 2020, por tanto, el año con mayor incidencia de las desapariciones documentadas en esta Recomendación corresponde a 2019, es decir, el cincuenta por ciento de los casos.

Todos los casos son similares. Participaron grupos armados en varios vehículos que durante día o de noche, allanaron los domicilios de las víctimas para llevárselas contra su voluntad.

En la Recomendación 149/2021 se analizaron diez expedientes de queja relacionados con la desaparición de doce personas; una mujer y once hombres, entre ellos un menor de edad. Estas desapariciones ocurrieron en los municipios de Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, entre 2014 y 2020; de estos, solo una persona ha sido localizada, pero sin vida.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos asentó que la desaparición de las veintidós personas documentadas en ambas Recomendaciones constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la integridad, seguridad y libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la legalidad y seguridad jurídica por parte de agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la Fiscalía del Estado (FE) y del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que de forma concurrente tienen la obligación de atender y garantizar.

Todos los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del IJCF, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a las personas desaparecidas; o en su caso, los familiares de las que han sido localizadas sin vida en fosas clandestinas y segmentados, han enfrentado una terrible situación para lograr la plena y pronta identificación y conformación de los cuerpos de sus seres queridos, pues en algunos casos se documentó que las familias llevan aproximadamente año y medio esperando que se concluyan los dictámenes de genética, lo que imposibilita la entrega de los cuerpos y conocer la verdad histórica de los hechos.

En ambas Recomendaciones se señala que, según el Registro Nacional, los municipios donde ocurrieron las desapariciones documentadas cuentan los siguiente reportes: Zapopan (2,199), Tlajomulco de Zúñiga (1,258), Tepatitlán de Morelos (266), Ixtlahuacán de los Membrillos (134), Chapala (126), San Miguel El Alto (103), San Juan de los Lagos (81), Tomatlán (63), Colotlán (31) y San Ignacio Cerro Gordo (14); si bien en los municipios del interior del estado el número de reportes pudiera parecer bajo, la realidad es que tomando en consideración la densidad poblacional de cada municipio, la situación es alarmante.

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Destaca la CEDHJ que es alarmante como en los últimos años se han incrementado los casos de personas desaparecidas en Jalisco; tomando en consideración las cifras reportadas por el Sisovid de 1995 a mayo de 2019 (24 años) eran siete mil 504 personas desaparecidas o no localizadas, según se documentó en la Recomendación 25/2019 emitida por esta defensoría en agosto de 2019; sin embargo, para agosto de 2021 suman ya 10 mil 692. En otras palabras, el 29.82% del total de las desapariciones o no localizaciones ocurridas en Jalisco se han suscitado en los últimos dos años y medio.

La Fiscalía Especial de Jalisco, por otro lado, informa que cuenta con 30 agencias integradoras en todo el territorio jalisciense que atienden 10 mil 692 indagatorias, concluyendo entonces que cada agencia tiene a su cargo, en promedio, 356 investigaciones, esto según las carpetas de investigación que reporta el Sisovid al 31 de agosto del año en curso.

La CEDHJ está recomendando al fiscal del Estado, al fiscal especial en Personas Desaparecidas, al director del IJCF y a los presidentes municipales de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se inscriba a las personas desaparecidas y a sus familiares en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas y se otorgue la reparación integral del daño conforme a la normativa estatal y federal.

Además, deben ofrecer a las víctimas indirectas la atención médica, psicológica y de salud mental especializada por el tiempo que resulte necesario, así como orientación jurídica para el debido ejercicio de sus derechos.

También deberán analizar la situación de riesgo de los familiares, seres queridos, personas defensoras de derechos humanos y de organismos de la sociedad civil que participen en la búsqueda de justicia y acceso a la verdad, con la finalidad de establecer las medidas de protección que resulten indispensables para garantizar su seguridad e integridad personal.

La recomendación también incluye a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, al secretario general de Gobierno y a los secretarios de Administración y de la Hacienda Pública, sobre todo para que se realicen las adecuaciones presupuestales que permitan en 20222 cubrir las necesidades tanto de la Fiscalía Especial como de las instituciones encargadas de la búsqueda y localización de personas desaparecidas (Comisión de Búsqueda), la identificación forense (IJCF) y de atención a víctimas (CEEAVJ).

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió dos recomendaciones por la desaparición de 22 personas en 10 municipios, nueve de ellas solo en Chapala, Jalisco. La defensoría acreditó graves violaciones de derechos humanos por la deficiente actuación de las autoridades en los procesos de investigación, búsqueda inmediata e identificación forense, lo que se traduce en una victimización secundaria por parte de las autoridades encargadas, en agravio de las víctimas directas e indirectas de los delitos de desaparición de personas.

El llamado es a que se intensifiquen acciones en la investigación de los casos y en 2022 se refuerce a todas las instituciones relacionadas, con un mayor presupuesto.

Se trata de las Recomendaciones 148/21 y 149/21, la primera por la desaparición de nueve personas en el municipio de Chapala y una más en Ixtlahuacán de los Membrillos. Aquí se evidenció la desaparición de dos mujeres y ocho hombres; entre ellos dos menores de edad. Sólo una mujer fue localizada, lamentablemente sin vida.

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Sobre la desaparición de las diez personas, se identificó que dos ocurrieron en 2018, cinco en 2019 y tres en 2020, por tanto, el año con mayor incidencia de las desapariciones documentadas en esta Recomendación corresponde a 2019, es decir, el cincuenta por ciento de los casos.

Todos los casos son similares. Participaron grupos armados en varios vehículos que durante día o de noche, allanaron los domicilios de las víctimas para llevárselas contra su voluntad.

En la Recomendación 149/2021 se analizaron diez expedientes de queja relacionados con la desaparición de doce personas; una mujer y once hombres, entre ellos un menor de edad. Estas desapariciones ocurrieron en los municipios de Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, entre 2014 y 2020; de estos, solo una persona ha sido localizada, pero sin vida.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos asentó que la desaparición de las veintidós personas documentadas en ambas Recomendaciones constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, entre ellos a la integridad, seguridad y libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la legalidad y seguridad jurídica por parte de agentes del Ministerio Público, policías investigadores de la Fiscalía del Estado (FE) y del personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) que no cumplieron con los principios, procedimientos y protocolos que dictan los estándares legales y que de forma concurrente tienen la obligación de atender y garantizar.

Todos los casos tienen como común denominador la inconformidad de las víctimas en contra de la institución del Ministerio Público y sus representantes, agentes y policías investigadores, así como del personal del IJCF, pues denuncian diversas irregularidades que han impedido localizar a las personas desaparecidas; o en su caso, los familiares de las que han sido localizadas sin vida en fosas clandestinas y segmentados, han enfrentado una terrible situación para lograr la plena y pronta identificación y conformación de los cuerpos de sus seres queridos, pues en algunos casos se documentó que las familias llevan aproximadamente año y medio esperando que se concluyan los dictámenes de genética, lo que imposibilita la entrega de los cuerpos y conocer la verdad histórica de los hechos.

En ambas Recomendaciones se señala que, según el Registro Nacional, los municipios donde ocurrieron las desapariciones documentadas cuentan los siguiente reportes: Zapopan (2,199), Tlajomulco de Zúñiga (1,258), Tepatitlán de Morelos (266), Ixtlahuacán de los Membrillos (134), Chapala (126), San Miguel El Alto (103), San Juan de los Lagos (81), Tomatlán (63), Colotlán (31) y San Ignacio Cerro Gordo (14); si bien en los municipios del interior del estado el número de reportes pudiera parecer bajo, la realidad es que tomando en consideración la densidad poblacional de cada municipio, la situación es alarmante.

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La Fiscalía Especial de Jalisco, por otro lado, informa que cuenta con 30 agencias integradoras en todo el territorio jalisciense que atienden 10 mil 692 indagatorias, concluyendo entonces que cada agencia tiene a su cargo, en promedio, 356 investigaciones, esto según las carpetas de investigación que reporta el Sisovid al 31 de agosto del año en curso.

La CEDHJ está recomendando al fiscal del Estado, al fiscal especial en Personas Desaparecidas, al director del IJCF y a los presidentes municipales de Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, Colotlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Juan de los Lagos, San Miguel El Alto, Tepatitlán de Morelos, Tlajomulco de Zúñiga, Tomatlán y Zapopan, que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas se inscriba a las personas desaparecidas y a sus familiares en el Registro Estatal y Nacional de Víctimas y se otorgue la reparación integral del daño conforme a la normativa estatal y federal.

Además, deben ofrecer a las víctimas indirectas la atención médica, psicológica y de salud mental especializada por el tiempo que resulte necesario, así como orientación jurídica para el debido ejercicio de sus derechos.

También deberán analizar la situación de riesgo de los familiares, seres queridos, personas defensoras de derechos humanos y de organismos de la sociedad civil que participen en la búsqueda de justicia y acceso a la verdad, con la finalidad de establecer las medidas de protección que resulten indispensables para garantizar su seguridad e integridad personal.

La recomendación también incluye a la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas en Jalisco, al secretario general de Gobierno y a los secretarios de Administración y de la Hacienda Pública, sobre todo para que se realicen las adecuaciones presupuestales que permitan en 20222 cubrir las necesidades tanto de la Fiscalía Especial como de las instituciones encargadas de la búsqueda y localización de personas desaparecidas (Comisión de Búsqueda), la identificación forense (IJCF) y de atención a víctimas (CEEAVJ).

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