Si la iniciativa del gobernador para la creación de la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Gobernanza viola las atribuciones del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en esta materia, no se dudaría de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló el presidente del organismo Guillermo Alcaraz Cross.
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“Yo creo que sí hay un desplazamiento para las atribuciones del Instituto y lo que estamos analizando es que este desplazamiento sea estrictamente legal, si estas atribuciones que se van a desplazar del instituto, están en la inconstitucionalidad, creo que esa es la parte que deberíamos de evitar, estamos revisando y si al final los efectos que pudieran presentarse son legales, le asiste la razón a quienes tuvieran que tomar la decisión de procesar y aprobar la ley, pero sí ésta rompe con la constitución deberíamos estar muy atentos porque nuestra obligación es cumplir con la constitución y si las atribuciones constitucionales son desplazadas entonces habría que revisarlo desde un punto de vista diferente”, dijo.
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Desde su perspectiva los cambios que se promueven y que les quitarían las atribuciones de validar las peticiones y calificar los resultados de las consultas, pero si los cambios que se proponen en la iniciativa respetan los preceptos marcados en la constitución no habría modo de impugnarla o ir jurídicamente en contra de esos cambios, pero sí son legales deberían de apoyarlos.
Explicó que el nuevo organismo de participación social tendría la facultad de determinar la procedencia (validez) de las solicitudes, es decir si reúne los requisitos como las firmas y el instituto sólo llevaría la organización y ya no se le permitirá tampoco trabajar en las calificaciones de los resultados. Pero todo esto lo sabrán hasta que se apruebe la ley en el Congreso y sea publicada por el gobernador para hacerla oficial.
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Pero desde su punto de vista en este momento hay un buen ánimo para impulsar la participación ciudadana en la entidad y esa visión se reflejada en la iniciativa enviada por el Gobernador al Congreso para su análisis y en dado caso para su aprobación.
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