Con un llamado a defender su patrimonio y que se sancione a los responsables de las inversiones de alto riesgo con dinero del Instituto de Pensiones del Estado en Jalisco, la dirigente de la Federación Democrática de Trabajadores de Jalisco (Fedejal), Martha Elia Naranjo, reconoció que por varios años los trabajadores se vieron pasivos y permisivos.
Para la quien fuera dirigente del sindicato de trabajadores del DIF Guadalajara, es necesaria la unión de los trabajadores y “hacemos un llamado a los de la sección 47, jubilados y pensionados para cerrar filas, hacer un frente y si esto no nos unifica, entonces no sé lo que pueda pasar, tenemos que entender que ya en edad avanzada, quizás enfermaos y sin un trabajo de qué vamos a vivir, es algo muy delicado y peligroso”.
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Mientras que al Poder Ejecutivo le piden que dentro de la refundación se libere al Instituto de Pensiones de quienes lo desfalcaron para que rindan cuentas, al Poder Legislativo que haga las reformas necesarias para que los trabajadores, jubilados y pensionados tengan presencia en el Consejo de Administración y al Poder Judicial que se aplique a la ley en contra de quienes ponen en riesgo la estabilidad financiera del organismo y los recursos para su retiro.
La dirigente de la federación sindical indicó que de los 130 mil afiliados a Pensiones del Estado el 70% son servidores públicos y el 30% de la sección 47 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación quienes tienen “un poquito más de privilegios y no tienen tope para sus Pensiones, nosotros sí, por eso estamos soportando sus jubilaciones”, y esa es la parte que de no están dispuestos a financiar más.
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De las inversiones dijo que en los 35 días que le quedan a la administración no podrán hacer gran cosa porque “no hay una varita mágica, fuimos un tanto pasivos los servidores públicos y también los jubilados al haber permitido tanto saqueo, tanta deficiencia, por eso evidentemente tenemos una responsabilidad y hay que asumirla como tal”.
En ese sentido reconoció que quizás no lograran nada pero sí tienen la obligación moral de señalar a los responsables de la complicada situación financiera del instituto así como buscar a la próxima administración para que ponga orden y ellos están dispuestos a pagar auditorías externas para llegar al fondo de esa situación para sancionar a los responsables.
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De la auditoría que se le había prometido a Enrique Alfaro al iniciar su administración, no saben nada y ni tienen información de lo que sucedió con ese aparente estudio que el ex presidente del Consejo de Administración, Francisco Ayón López, habría ordenado realizar pero de la que nada se sabe.
De la inversión en Avengo están conscientes de que será difícil recuperarlo pero irán hasta las últimas instancias para recuperarlo y que se tenga garantías de sus recursos porque “son los dueños de ese dinero” y no fueron tomados en cuenta para las inversiones de alto riesgo.
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