/ martes 21 de mayo de 2019

Omisiones provocaron acumulación de cadáveres no identificados 

Señalan a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y a personal de la Fiscalía del Estado

Durante la investigación que realiza el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso de las cajas refrigerantes con cadáveres que tenía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) detectaron que el personal de la Fiscalía adscrito a esta dependencia y otros trabajadores cometieron una serie de omisiones al dejar de realizar investigaciones por los decesos de más de 500 personas y eso generó que no se tengan ni un solo detenido y sólo 64 cadáveres entregados a los familiares en los últimos cuatro años.

Los resultados de esa intervención indican que la acumulación de los cuerpos se dio por la omisión de la integración del expediente básico, además se detectó que los cuerpos permanecieron “entre cinco meses y tres años con seis meses en las instalaciones de la dependencia lo cual se propició que se violaran los derechos humanos al a dignidad postmorten, así como los derechos de las víctimas indirectas por la falta de la debida integración de los dictámenes”.


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Además detectaron que en el caso de 85 personas fallecidas “difícilmente podrán ser identificadas porque no tuvieron las condiciones adecuadas de preservación ni de almacenamiento lo cual provocó que se borrara cualquier dato que pudiera relacionarlas con la fecha de ingreso, el lugar de los hechos, el hallazgo, la averiguación previa, causas de la muerte”.

En ese contexto indicó que las averiguaciones hechas por los agentes del Ministerio Público “no estuvieron apegadas a los estándares establecidos, se violaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica al no cumplirse con los protocolos” correspondientes.

Pero también estos agentes del Ministerio Público omitieron enviar los oficios recordatorios, no solicitaron desde el hallazgo los dictámenes, en siete investigaciones no hay registro del informe policial homologado, actuaciones sin firma, se practicó la inhumación hasta tres años nueve meses sin que se realizaran los procesos periciales, no hay cadena de custodia del cadáver inhumado, archivaban las carpetas de personas fallecidas por enfermedad sin buscar al os familiares y en algunos caos no se solicitó el examen pericial de ADN por no vulnerar las arcas del erario público porque costaban 10 mil pesos cada una.

Explicó que en una primera etapa de investigaciones la Comisión inició de oficio 380 actas de investigación, una por cada persona fallecida no reclamadas y mismo número de quejas, así como 64 quejas de personas fallecidas que fueron entregadas a sus deudos, 109 quejas que fueron de la segunda etapa de exhumaciones y 52 relativas a neonatos y neonatos lo que daba un total de 605 quejas, de cadáveres conocidos por el personal de la Comisión en esta investigación.

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Con esto se busca contribuir a resolver los hechos que generaron la crisis al IJCF y generar la información necesaria para identificar de quién fue la responsabilidad de esas omisiones para dar a las víctimas las garantías de sus derechos y la reparación de los daños.

Para llegar a esta conclusión se revisaron la entrega de cuerpos, acompañamiento y observación del proceso de identificación, toma de muestra para exámenes periciales, revisión del os expedientes básicos de identificación forense, revisión de las averiguaciones previas, actas ministeriales, actas de hechos e investigaciones y las tres cajas refrigerantes de tráiler que se tenían en el patio de maniobras del instituto.

Durante la investigación que realiza el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el caso de las cajas refrigerantes con cadáveres que tenía el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) detectaron que el personal de la Fiscalía adscrito a esta dependencia y otros trabajadores cometieron una serie de omisiones al dejar de realizar investigaciones por los decesos de más de 500 personas y eso generó que no se tengan ni un solo detenido y sólo 64 cadáveres entregados a los familiares en los últimos cuatro años.

Los resultados de esa intervención indican que la acumulación de los cuerpos se dio por la omisión de la integración del expediente básico, además se detectó que los cuerpos permanecieron “entre cinco meses y tres años con seis meses en las instalaciones de la dependencia lo cual se propició que se violaran los derechos humanos al a dignidad postmorten, así como los derechos de las víctimas indirectas por la falta de la debida integración de los dictámenes”.


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En ese contexto indicó que las averiguaciones hechas por los agentes del Ministerio Público “no estuvieron apegadas a los estándares establecidos, se violaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica al no cumplirse con los protocolos” correspondientes.

Pero también estos agentes del Ministerio Público omitieron enviar los oficios recordatorios, no solicitaron desde el hallazgo los dictámenes, en siete investigaciones no hay registro del informe policial homologado, actuaciones sin firma, se practicó la inhumación hasta tres años nueve meses sin que se realizaran los procesos periciales, no hay cadena de custodia del cadáver inhumado, archivaban las carpetas de personas fallecidas por enfermedad sin buscar al os familiares y en algunos caos no se solicitó el examen pericial de ADN por no vulnerar las arcas del erario público porque costaban 10 mil pesos cada una.

Explicó que en una primera etapa de investigaciones la Comisión inició de oficio 380 actas de investigación, una por cada persona fallecida no reclamadas y mismo número de quejas, así como 64 quejas de personas fallecidas que fueron entregadas a sus deudos, 109 quejas que fueron de la segunda etapa de exhumaciones y 52 relativas a neonatos y neonatos lo que daba un total de 605 quejas, de cadáveres conocidos por el personal de la Comisión en esta investigación.

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