La comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán está olvidada y a su suerte, asediada por supuestos “pequeños propietarios” que les disputan las tierras, los amenazan y los desaparecen, esto en medio de total impunidad y una constante violencia hacia todo sus integrantes.
Ellos lo denunciaron, respaldados por distintos organismos no gubernamentales, quienes realizaron una visita en la zona y confirmaron tal escenario.
La comunidad Tepecana Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán celebra en el mes de noviembre, siete años de autonomía.
De por sí su camino no ha sido fácil, siempre luchando por el reconocimiento de sus derechos y la defensa de su territorio, pero sin servicios de drenaje, sin agua potable -viven cerca del Río Bolaños, que está contaminado-, dificultades para tener una buena alimentación y sin medicinas.
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Las diversas organizaciones han realizado desde 2018 las llamadas Misiones Civiles de Observación (MCO) de Derechos Humanos para documentar las condiciones de violencia ejercida contra la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán y a tres años -lo expresaron ayer- “vemos con preocupación cómo continúa la situación de impunidad ante graves violaciones de derechos humanos, lo que incrementa el fuerte clima de inseguridad para sus integrantes”.
Los días 21 y 22 de noviembre estuvieron en la zona y este es su diagnóstico: “Advertimos que se vive un clima de inseguridad generalizada en la zona, lo que ha llevado a que miembros de la comunidad sean víctimas de distintos delitos como detenciones arbitrarias, lesiones, amenazas, intento de homicidio y graves violaciones a derechos humanos como desplazamiento forzado, detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada”.
Todo esto, afirman, “violenta los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral del daño, lo que propicia que se perpetúe la violencia en la comunidad, poniendo en riesgo a quienes defienden el territorio ancestral”.
Ya tuvieron una reunión con la Secretaria General de Gobierno (a través del Secretario General de Gobierno, el Subsecretario de Derechos Humanos y la Directora de la Dirección General de Asuntos Agrarios), la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y CEAV estatal—, además se contó con la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que en principio se han comprometido a llevar atención y justicia en la zona, cumplimentar las órdenes de aprehensión que existen contra autores de delitos graves que se pasean tranquilamente por la zona sin ser molestados y son reincidentes en la comisión de conductas antijurídicas, además de analizar y poner en práctica los servicios de los que en este momento carecen.