Jalisco aún mantiene una deuda pendiente con las familias de las personas desaparecidas, además se carece de una política pública integral en materia de prevención de este delito.
Aunque, de manera reciente se aprobó un par de leyes, hay una serie de acciones por cumplir y que están a un paso de vencer los términos establecidos en la normatividad; en puerta está ya consolidar el Consejo Estatal Ciudadano del Comité Coordinador del Sistema de Búsqueda.
Dicho Consejo de consulta y que garantiza la participación de las familias en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de desaparición para el estado de Jalisco deberá estar consolidado el próximo 20 de abril, sin embargo, es fecha en que el Congreso de Jalisco no ha emitido la convocatoria pública.
En entrevista con El Occidental, la coordinadora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD). A.C, Anna Karolina Chimiak, indicó que el Consejo debe ser integral y transparente, sin embargo: “Todavía no se ha publicado la convocatoria”.
Aunque el Poder Legislativo regresa de vacaciones este lunes y se espera que emita el documento el cual debe consultarse de manera previa a las familias, organizaciones civiles y especialistas; Anna Chimiak, lamentó que a la fecha no hay un borrador.
Chécalo:
“No hemos obtenido ningún borrador, ningún documento para conocer el contenido de la convocatoria, si hubo apertura, si esperamos que se logre la publicación de la convocatoria a la brevedad, pero si preocupa las fechas sobre todo ante la importancia de este organismo para la implementación de la ley en materia de desaparición”.
Indicó, que preocupa la publicidad, la transparencia y difusión debida de la convocatoria por los tiempos: “lo importante es garantizar una adecuada divulgación de esta convocatoria para que pudieran postularse principalmente familiares de personas de desaparecidas del estado de Jalisco (…), la prisa no ayuda en esta situación”.
Además de que debe garantizarse la conformación del Consejo el cual deberá estar integrado por once personas: cinco a familiares, de las cuales tres deben ser de las regiones del estado; tres especialistas en defensa y promoción de derecho humanos, en búsqueda y rescate, y en materia forenses, y tres representantes de organismos civiles.
La coordinadora de CEPAD, mencionó, además que hay una serie de obligaciones del Estado a partir de la entrada en vigor de la Ley de personas desaparecidas el 6 de marzo y la Ley de declaración especial de ausencia por desaparición que aún hace falta consolidar.
