Sin acuerdos los hermanos González Uyeda, fracasa la mesa de negociaciones en la disputa por el control y manejo de la empresa de su propiedad Lechera Sello Rojo.
Advirtieron recurrirán a tribunales federales.
Los socios mayoritarios, Tomie, Sergio, Roberto y Alfredo González Uyeda aseguran que para conseguir justicia y recuperar su empresa tendrán que recurrir a tribunales federales. El asunto va para largo, indicaron.
Los socios mayoritarios acusan a Abraham y Rubén Masayi no sólo de haber roto los acuerdos sino de haber quebrantado la ley "doblegando jueces para levantar las medidas ordenadas por el juez penal ".
La mayoría señala que los tribunales de Jalisco están doblegados ante Abraham González y su hermano Masayi y aseguran que este martes 26 de octubre presentarán pruebas de las irregularidades.
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La batalla por el control de Sello Rojo continua y no fructificó el que el Gobierno de Jalisco instaurara una mesa de negociación, esta se vino abajo.
Los socios minoritarios rompieron el acuerdo. La mesa había conseguido grandes avances; desafortunadamente el pasado 22 de octubre las conversaciones fueron abruptamente interrumpidas.
En este conflicto de más de un año de duración, citan que Abraham González y su hermano Masayi, socios minoritarios habían sostenido el control de la empresa con medidas cautelares cuestionadas.
Los socios mayoritarios de Sello Rojo, dicen que no hay voluntad de negociación de la parte minoritaria (Rubén Masayi y Abraham González Uyeda), sino una clara intención de despojarlos de sus bienes mediante su capacidad de tráfico de influencias en el Poder Judicial.
A lo largo del conflicto, los abogados de los socios mayoritarios han acusado sistemáticamente a Abraham González Uyeda, de utilizar sus relaciones como ex subsecretario de Gobernación en el periodo de Francisco Ramírez Acuña, para secuestrar Sello Rojo mediante el cobro de favores a antiguas cuotas en el Poder Judicial.
El asunto dio un giro luego de que el pasado 8 de octubre el juez Quinto de Control y Juicio Oral Penal, Juan Paulo Dávalos, acreditara que Hilda Hiroko, Rubén Masayi y Abraham González Uyeda habían simulado asambleas de accionistas de Sello Rojo donde aseveraron ser el 100% del capital social y basado en estas asambleas que se les otorgó el control de la empresa, a pesar de que sólo cuentan con 38.73% .
Esto hizo que el Juez Quinto considerara existían datos de prueba para evidenciar el delito de fraude procesal (art. 154bis del Código Penal) y ordenó que se paralizaran sus medidas cautelares para que se restituyera el orden natural de la empresa y se regresara el control de la misma a la mayoría.
Como consecuencia de ello la empresa y el control de sus activos pasaron a manos de los socios mayoritarios.
Esto no duró. Y en menos de una semana la posesión física de la empresa volvió a manos de los socios minoritarios, por orden de un juez mercantil, el mismo que había puesto la empresa en manos de los socios minoritarios, el que dictó las medidas cautelares iniciales.
El control de las cuentas bancarias, siguió en manos de los socios mayoritarios hasta que los bancos, para protegerse, exigieron la presencia de todos los accionistas. Esto cambió dos cosas: a ojos de los bancos Abraham y Masayi ya no representaban la voluntad del cien por ciento de los accionistas y por primera vez peligró el pago de la nómina de cuatro mil quinientos empleados.
El Poder Judicial suspendió tanto al juez mercantil como al juez penal y se inició una mesa de negociación con el Gobierno del Estado que fracasó.
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