Las dos comisarías que fueron intervenidas por el Gobierno estatal, apoyado por la Guardia Nacional, acumulan 79 quejas contra los derechos humanos en un año y seis meses, la ejecución de uno de sus titulares, el asesinato del alcalde de la prisión municipal, entre otros hechos.
Sorprenden las acusaciones de las que dio cuenta la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que se dispararon a cerca de 70 en febrero del 2019, como el cobro indebido de contribuciones -atribuido a los gendarmes-, detenciones arbitrarias, allanamiento de morada, violación de los derechos del niño, violación al derecho de la igualdad y trato digno, lesiones y violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica.
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En el caso de Jalostotitlán fueron dos quejas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y una más en lo que va del 2020.
Mientras que Poncitlán, en un caso más grave, en el 2019 sumaron 74 quejas, 70 de ellas por la violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica. Durante lo que va del 2020 suman dos.
Otros conceptos fueron: Prestación indebida del Servicio Público, robo, allanamiento de morada, amenazas, ataque a la propiedad privada, cateos y visitas domiciliarias ilegales, detención arbitraria, ejercicio indebido de la función pública, intimidación, lesiones violación al derecho a la igualdad y el trato digno, y violación al derecho a la integridad y seguridad personal.
Con añejos antecedentes
Sobre el comisario de Poncitlán ya había antecedentes desde el 2014, pero en el 2016 se dictó una recomendación por parte de la CEDHJ relacionada con una mujer subalterna de él, cuando estaba al frente de la Unidad Canina Especializada de la Comisaría General de Seguridad Pública del Estado (CGSPE), de quien quedó acreditado que ejerció indebidamente su función pública al cometer múltiples y sistemáticos actos de discriminación, ya que el trato hacia ella era prepotente e indigno, pues le asignaba servicios operativos complicados y desgastantes sin tenerle consideración por ser mujer.
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La situación se agravó cuando a inicios de marzo de 2016 la quejosa resultó embarazada con factor de riesgo alto y aun así la mandó a patrullar 24 horas por 24 horas de descanso, cargando el equipo oficial completo, con un peso de 17 kilogramos. Ella terminó hospitalizada y perdió al bebé.
En octubre de 2015 fue detenido por lesiones inferidas a un detenido y enviado ante un Juez.
Atentados
En el caso de Jalostotitlán, se considera que la Policía ha sido infiltrada y desde ahí se planeó el ataque del 31 de mayo del presente año en contra del comisario de la Policía municipal, Oswaldo García Vallejo, que cuando estaba en su descanso, acompañado de su esposa y dos mujeres, fue blanco de un ataque.
Los autores tres sujetos a bordo de una camioneta tipo pick-up quienes dispararon en contra del mando de manera directa para posteriormente darse a la huida con rumbo a la Zona Metropolitana de Guadalajara y que a la fecha no han sido detenidos.
Hace 10 meses también Poncitlán estuvo en medio del escándalo, cuando un joven arrestado por faltas administrativas, se apoderó de una pistola y mató de un tiro a la alcaide de la prisión, en hechos un tanto extraños.
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