La legisladora federal por el PRD, Mónica Almeida, cuestionó las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al asegurar cuentas bancarias a los municipios, violando la soberanía municipal y afectando sus finanzas. Solo notificó a los bancos, no a los gobiernos locales.
Todo fue como parte de la operación Agave Azul y dentro de casi 2 mil cuentas se incluyó a cinco municipios.
Sobre eso la legisladora comentó: “es un procedimiento por demás anticonstitucional y de invasión de facultades en la principal esfera de gobierno, representada por los gobiernos municipales”.
“No da certezas de protección de derecho, ni está conforme a la ley, por supuesto que se está a favor de combatir la delincuencia organizada y corrupción, pero no está manera, en donde se vulneran los derechos de los ciudadanos”, dijo la legisladora jalisciense.
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El Gobierno federal al congelar las cuentas de los Ayuntamiento de: Autlán de Navarro, el Grullo, Casimiro Castillo y Villa Purificación, por presuntamente adquirir servicios de empresas con vínculos con el CJNG, reiteró la diputada federal Mónica Almeida, “es a todas luces inconstitucional pues debe antecederle una orden judicial”.
Detalló que acciones como éstas en contra de un municipio: “pone en riesgo su operatividad, como puede ser el pago de luz en sus oficinas, el salario de los trabajadores administrativos, cuerpos policiales y de servicios municipales, entre otros”.
La diputada Federal Mónica Almeida, está presentando un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que “descongelen las cuentas bancarias de los Ayuntamientos que se han visto afectados por el operativo Agave Azul, pues dicha medida además de poner en riesgo la operatividad de los Ayuntamientos, vulnera los derechos laborales de sus trabajadores y que trastoca gravemente la vida de los habitantes de la región, y en un futuro no cometa estas arbitrariedades”.
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