/ miércoles 5 de agosto de 2020

ONU pidió al Congreso máxima transparencia en leyes sobre desaparición de personas

La búsqueda debe regirse por una política pública que debe ser integral, clara, transparente, visible y coherente

El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos Jesús Peña Palacios solicitó al Congreso del Estado avanzar a la brevedad en la armonización de su legislación en materia de personas desaparecidas con los más altos estándares en materia de desaparición y derechos de las víctimas por medio de un proceso abierto, transparente y participativo.

Las familias deben ser incluidas en la dictaminación. La ONU-DH reiteró su disponibilidad para brindar asesoría y cooperación técnicas que requieran.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que encabeza el diputado Jorge Eduardo González Arana dio respuesta a la carta del Alto Comisionado de la ONU en la que señala que han trabajado con las familias y la autoridad estatal.

"Ha sido una proceso transparente, incluyente, participativo, se han adoptado criterios internacionales a los cuales estamos obligados según el principio de supremacía constitucional que establece el artículo 1 en relación con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se desprende de las reuniones que se han llevado cabo, como también de las observaciones que nos hicieron llegar organizaciones internacionales y que se ven reflejadas ampliamente en el proyecto de dictamen".

Chécalo:

Aseguraron los diputados "a la fecha, ya contamos con proyectos de dictamen sólido, consensuado, adecuado, desde luego sujeto a perfeccionarse o modificarse ante las observaciones que surjan en forma superveniente".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU les señala a los diputados que a nivel federal se establece y debe tonarse en cuenta en Jalisco que en participación conjunta de ley de desaparecidos y de búsqueda, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de

competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales.

La búsqueda debe regirse por una política pública que debe ser integral, clara, transparente, visible y coherente. Debe promover la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado y también con otros Estados y organismos internacionales.

Debe materializarse en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas, así como en políticas educativas y otras políticas sectoriales relevantes.

Chécalo:

Señala que la política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción y/o implementación de esa política.

Destaca que en el proceso de dictaminación y adopción de estas normas puede beneficiarse del análisis de lo que ha sucedido en otras entidades federativas del país y en el propio Jalisco en los últimos años.

En materia de derechos de las víctimas, la ONU-DH ha observado la existencia de numerosas dificultades para la implementación de la Ley General de Víctimas y de diversas leyes estatales en la materia.

En ese sentido, la ONU-DH recomienda que el análisis y dictaminación de la iniciativa retome, por un lado, la participación de víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos y del delito, para conocer su situación y los problemas que enfrentan.

Considera oportuno analizar las problemáticas asociadas con la implementación a nivel federal y estatal, lo cual puede requerir un proceso más complejo, pero que contribuya efectivamente a la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito en el estado de Jalisco.

En paralelo al proceso de dictaminación de estas iniciativas, el Congreso puede avanzar en la dotación de los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones encargadas de su implementación, como una forma de garantizar su efectividad.


El representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos Jesús Peña Palacios solicitó al Congreso del Estado avanzar a la brevedad en la armonización de su legislación en materia de personas desaparecidas con los más altos estándares en materia de desaparición y derechos de las víctimas por medio de un proceso abierto, transparente y participativo.

Las familias deben ser incluidas en la dictaminación. La ONU-DH reiteró su disponibilidad para brindar asesoría y cooperación técnicas que requieran.

La Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios que encabeza el diputado Jorge Eduardo González Arana dio respuesta a la carta del Alto Comisionado de la ONU en la que señala que han trabajado con las familias y la autoridad estatal.

"Ha sido una proceso transparente, incluyente, participativo, se han adoptado criterios internacionales a los cuales estamos obligados según el principio de supremacía constitucional que establece el artículo 1 en relación con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal como se desprende de las reuniones que se han llevado cabo, como también de las observaciones que nos hicieron llegar organizaciones internacionales y que se ven reflejadas ampliamente en el proyecto de dictamen".

Chécalo:

Aseguraron los diputados "a la fecha, ya contamos con proyectos de dictamen sólido, consensuado, adecuado, desde luego sujeto a perfeccionarse o modificarse ante las observaciones que surjan en forma superveniente".

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU les señala a los diputados que a nivel federal se establece y debe tonarse en cuenta en Jalisco que en participación conjunta de ley de desaparecidos y de búsqueda, las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, en sus respectivos ámbitos de

competencia, permitirán la participación directa de los Familiares, en los términos previstos en esta Ley y demás disposiciones aplicables, en las tareas de búsqueda, incluido el diseño, implementación y evaluación de las acciones en casos particulares, como en políticas públicas y prácticas institucionales.

La búsqueda debe regirse por una política pública que debe ser integral, clara, transparente, visible y coherente. Debe promover la cooperación y colaboración de todas las instancias del Estado y también con otros Estados y organismos internacionales.

Debe materializarse en medidas legislativas, administrativas y presupuestales adecuadas, así como en políticas educativas y otras políticas sectoriales relevantes.

Chécalo:

Señala que la política pública sobre búsqueda debe construirse e implementarse, en todas sus etapas y todos sus alcances, con la participación de las víctimas y de todas las personas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia y voluntad de cooperar con la construcción y/o implementación de esa política.

Destaca que en el proceso de dictaminación y adopción de estas normas puede beneficiarse del análisis de lo que ha sucedido en otras entidades federativas del país y en el propio Jalisco en los últimos años.

En materia de derechos de las víctimas, la ONU-DH ha observado la existencia de numerosas dificultades para la implementación de la Ley General de Víctimas y de diversas leyes estatales en la materia.

En ese sentido, la ONU-DH recomienda que el análisis y dictaminación de la iniciativa retome, por un lado, la participación de víctimas de diferentes violaciones de derechos humanos y del delito, para conocer su situación y los problemas que enfrentan.

Considera oportuno analizar las problemáticas asociadas con la implementación a nivel federal y estatal, lo cual puede requerir un proceso más complejo, pero que contribuya efectivamente a la garantía de los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y del delito en el estado de Jalisco.

En paralelo al proceso de dictaminación de estas iniciativas, el Congreso puede avanzar en la dotación de los recursos necesarios para el funcionamiento de las instituciones encargadas de su implementación, como una forma de garantizar su efectividad.


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