Los gobiernos de América Latina y el Caribe deben dar prioridad a los grupos de alto riesgo en la vacunación contra el Covid-19 y garantizar una transparencia absoluta en el diseño y aplicación de los programas en acuerdos con las empresas farmacéuticas, afirma Amnistía Internacional.
La organización solicitó a 17 países datos concretos de las negociaciones y contratos de sus gobiernos con empresas farmacéuticas, entre estos México, solo siete respondieron, sus respuestas no eran completas.
En el informe “Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas”, examina los planes de vacunación de 17 países de América Latina y el Caribe y contiene 10 recomendaciones básicas dirigidas a gobiernos y empresas.
La directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara Rosas, afirma que con el comienzo de la vacunación contra Covid19 ha generado esperanza en una región que múltiples desiguales, por lo que “los gobiernos deben aprovechar la oportunidad de la vacunación para reducir las desigualdades, no para aumentarlas”.
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Ante las elecciones presidenciales y legislativas previstas en varios países de la región en 2021, el informe advierte que las presiones políticas y la corrupción podrían afectar el acceso a las vacunas y el derecho universal a la salud.
Asimismo, insta a los gobiernos a realizar amplias consultas a la hora de diseñar sus programas de vacunación y a garantizar que ni los grupos de riesgo -como el personal sanitario y las personas de edad avanzada- ni los grupos discriminados y marginalizados -población de pueblos Indígenas, afrodescendiente, migrante y refugiada o las personas privadas de su libertad- se quedan atrás en la recepción de vacunas.
Amnistía Internacional pide a los Estados que garanticen el acceso a la información y la transparencia, asimismo, hace la petición a las farmacéuticas: “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos con arreglo al derecho internacional, que requiere a los agentes privados a adoptar medidas proactivas para prevenir violaciones de derechos humanos” manifestó Erika Guevara Rosas.
El organismo internacional recibió informes de varios países, entre estos México, el cual señala que aplica la vacuna a personal hospitalario administrativo o directivo antes que al personal en primera línea que tratan directamente con pacientes de COVID-19, a pueblos indígenas.
Asimismo, el país como Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, señala el informe han obstaculizado de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o lo han bloqueado directamente, a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha afirmado que incluir a estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia.
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