El Congreso del Estado fue omiso al no incluir en la reforma electoral aprobada el año pasado, el requisito de no haber sido agresor sexual condenado para ocupar un cargo de elección popular, sólo dejaron no haber sido sentenciado por violencia política en razón de género y deudor alimentario, expuso la ex diputada federal Laura Nereida Plascencia del G-10 x por Jalisco.
“Desde el año pasado el Congreso del Estado estaba legislando contra la violencia político contra las mujeres. Desde G-10, Cladem y diferentes colectivas instamos a las diputadas y diputados para constituir como un requisito el no haber sido agresor sexual condenado y no lo incluyeron en la Ley”, aseveró la activista.
Desde aquel momento, recordó, que señalaron que “la 3 de 3 (contra la violencia) que viene de las Constituyentes de la Ciudad de México estuviera en la ley como un requisito para ocupar un cargo de elección popular”.
Desde que estaba el proceso de violencia política , los colectivos feministas le exigieron a los legisladores que lo incluyeran, apuntó Plascencia, ya que “era importante no sólo incluir lo de deudor alimentario y violencia política por razón de género, porque era circunscribirlo a un ámbito muy pequeño. Hay una gran diferencia entre ser un agresor condenado por violencia contra las mujeres incluida violencia sexual como es violación, acoso, u hostigamiento a únicamente decir solo aquellos que hayan sido agresores de violencia política”.
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Es una omisión del Congreso del Estado y se les señaló desde hace 1 año. En su momento con esa reforma electoral hubo una gran movilización para exigirles a los diputados y diputadas que incluyeran esto en la reforma electoral sobre violencia política, pero no lo hicieron, reiteró.
Al cuestionarla sobre el caso del presidente municipal de Tototlán Sergio Quezada Mendoza que al no haber sido sentenciado puede postularse a un cargo de elección popular (Movimiento Ciudadano no lo apoyará en reelegirse), manifestó la activista del G-10 x Jalisco: ”Dudo que un partido político en Jalisco que se anuncie como progresista y defensor de los derechos humanos de las mujeres postule a un delincuente a un cargo de elección popular”.
La ex Consejera Electoral Beatriz Rangel, indicó aparte que desde la Asociación Nacional de Consejeras Electorales, están impulsando una Red de Candidatas para la Tutela de sus Derechos Político-Electoral y en el caso de Jalisco se hará la sinergia con las asociaciones de la sociedad civil. Lo que se busca es que cuenten con asesoría y apoyo, añadió.
Sobre el caso emblemático de Diana, servidora pública del Ayuntamiento de Tototlán que denunció acoso sexual y hostigamiento laboral, “es un tipo de violencia de acoso sexual y hostigamiento laboral que también impacta en sus derechos políticos electorales”.
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