TEPIC, Nayarit (OEM-Informex)- En un comunicado de prensa, emitido por la Fiscalía General del Estado, posterior a las acusaciones realizadas por el vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, en torno al juicio abreviado que quisieron llevar a cabo en el caso de la exfuncionaria de Roberto Sandoval Castañeda, Zulma Rosario Altamirano Estrada, hizo las siguientes aclaraciones.
Manera de conclusión el escrito señala que la Fiscalía General se congratula por la intervención técnica y profesional de comisiones ciudadanas y ONG´S, sin embargo exige que no se utilicen las investigaciones y procesos penales como bandera política.
- El procedimiento abreviado conforme al artículo 20 Constitucional es un derecho de las partes, por lo que es una obligación de las autoridades justificar que se hicieron las gestiones para lograrlo.
- En el asunto en cuestión tanto la defensa de la acusada Sulma “N”, quien se encuentra detenida en prisión preventiva, como la asesora jurídica de la víctima, habían manifestado su interés en aceptar dicho procedimiento.
- El documento por escrito que se estila realizar como control previo interno no es vinculante para quien lo firma; el procedimiento se desahoga en la audiencia.
- Al planteamiento por parte de la Agente del Ministerio Público de que se llevara un procedimiento abreviado, la postura de la asesora jurídica no fue de oposición, sino de inconformidad por la cantidad de dinero que estaba dispuesta a cubrir la acusada.
- La asesora jurídica pedía aproximadamente la cantidad de $1,200,000.00 como reparación del daño, incluyendo sus honorarios profesionales, pero la acusada refirió que únicamente estaba dispuesta a pagar $100,000.00.
- Como en todos los asuntos, el tema está en que las partes negocien sus pretensiones y verificar si llegan a un arreglo.
- Al no existir un arreglo la propia Ministerio Público se desistió de la petición y el Juez no resolvió sobre admisión o no.
- Este procedimiento no es diferente al de cientos o miles de negociaciones entre las partes que se dan en los procesos penales. La Constitución obliga a las Fiscalías obrar bajo el principio de neutralidad.
- La Fiscalía está lista para llevar el asunto a juicio oral, pues cuando las partes no negocian una terminación anticipada o mecanismo de aceleración, allí es donde se resuelve todo.
