Diputados aprobaron fincarle el crédito fiscal por 495 millones 812 mil 747 pesos que impuso la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) correspondiente a la cuenta pública 2017, por lo que deberán hacer frente y responder por ello los ex funcionarios: Carlos Gabriel Pinzón Estévez, quien fungió como jefe del departamento de Contabilidad; Fidel Armando Ramírez Casillas, ex director general; Artemio González Sánchez, ex director de Servicios Médicos y Adriana Gabriela Ceja Palacios, ex directora de Administración y Servicios.
A menos de que presenten recursos jurídicos a los que tienen derecho, los ex funcionarios deberán reembolsar dicha cantidad indicó la diputada Mirza Flores Gómez, presidenta de la Comisión de Vigilancia y Sistema Estatal Anticorrupción. Se le fincan los créditos fiscales (una vez que se publique en el Periódico Oficial del Estado) por irregularidades administrativas.
Primero los integrantes de la Comisión y posteriormente el Pleno del Congreso del Estado determinaron: “no es de aprobarse la cuenta pública del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco por el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017 y eleva a crédito fiscal”.
Se instruyó a la Auditoría Superior del Estado, para que vigile el cumplimiento del presente decreto, para que en caso de que no se cumpliere en tiempo y forma actué de conformidad a las facultades que le otorga la ley. “Una vez que se haya dado cumplimento a este Decreto y se haya cubierto el crédito fiscal en su totalidad, se instruye a la Auditoría Superior para que extienda el finiquito correspondiente”, a los citados ex funcionarios.
Cabe citar que este decreto donde se fincan créditos fiscales a los ex funcionarios puede ser impugnado mediante los medios de impugnación que la legislación provea.
Limpian cuentas públicas
Por otra parte, el Pleno del Congreso del Estado rechazó fincarles cargos a 5 municipios: Zapopan, Jamay, Atemajac, El Salto y Tonalá que venían con créditos fiscales por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ). La Bancada de Morena se opuso por considerar que “lavan cuentas” cuando son Ayuntamientos que registran deudas no solventadas, dijo el diputado Arturo Lemus.
La presidenta de la Comisión de Vigilancia, diputada Mirza Flores rechazó lo de “lavado de cuentas” y señaló que se les dio audiencia a los responsables de los entes auditables que portaron elementos probatorios que solventaron los cargos.
Los municipios son: Zapopan ejercicio 2016 correspondiente a la administración de Pablo Lemus por 3 millones 856 mil 281 pesos; la de Tonalá por 94 millones 342 mil 957 pesos del ejercicio 2009 en que encabezaron la administración Jorge Vizcarra Mayorga y Agustín Ordoñez (trae recurso jurídico); la de El Salto correspondiente al año 2016 por 9 millones 818 mil pesos en la gestión de Marcos Godínez Montes; Atemajac de Brizuela del 2014 por 8 millones 607 mil pesos y la de Jamay correspondiente a 2015 por 4 millones 972 mil.
El Congreso determinó rechazar que se les finquen créditos fiscales e instruyó a la ASEJ determine un finiquito para cada ente.
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