Porque -hasta el momento- autoridades estatales no han garantizado los servicios de salud y seguridad en la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata, en el municipio de Mezquitic, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) se pronunció nuevamente al respecto.
El 19 de marzo de pasado la comisión emitió un pronunciamiento por la falta de estos servicios, y debido a que todavía no se proporcionan como deberían solicitó a los tres niveles de gobierno acciones puntuales para no vulnerar así los derechos humanos de este sector de la sociedad.
“(Que) se fortalezcan los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública federal, estatal y municipal, para que, en el marco de sus respectivas competencias y con una estrategia específica, se proteja a quienes viven y acuden a las comunidades wixaritari y de forma prioritaria a San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco, y se les garantice su integridad física y seguridad personal, siempre con respeto y armonía a sus usos y costumbres”.
También, al secretario general solicitó que instruya a los titulares de las secretarías de Seguridad Pública y Salud, así como al del OPD Servicios de Salud Jalisco, para que se implementen acciones que garanticen la integridad física, seguridad personal y protección a la salud de estas personas; y que se designe de inmediato a personal médico que deberá dar atención de urgencia y especializada en los centros y casas de salud de la comunidad.
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“Se corrobore que los centros y casas de salud de la comunidad de San Andrés Cohamiata cuenten con equipo de protección, así como de las herramientas e insumos necesarios para que el personal de salud que trabaja en las comunidades indígenas pueda realizar con eficiencia y seguridad su labor, particularmente en la atención a posibles casos de Covid-19 y urgencias”, añadió.
El organismo recordó que debido a la situación de inseguridad que impera en los límites territoriales de la zona estos servicios se dejaron de prestar desde finales de febrero del 2021.
Manifestó que aunque se tuvo presencia de la seguridad pública federal en la región, esto solo fue unos días pues después se retiraron, además, la atención médica de urgencias y demás servicios ha recaído en el personal de enfermería ya que desde febrero tampoco se cuenta con un médico especializado.
Llamaron a autoridades a atender este rezago, pues además de que se vulneran derechos humanos, en tiempos actuales de pandemia es urgente y necesario no dejar desprotegidas a las comunidades indígenas.
