Representantes de talleres mecánicos denuncian que el contrato que firmó el Gobierno del Estado con la empresa concesionaria de los verificentros y en donde da una serie de beneficios económicos se quiere ocultar a toda costa, incluso se niega hasta por diputados de Movimiento Ciudadano como Jonadab Martínez García.
Alejandro Govel Gómez, presidente de la Asociación de Talleres para las emisiones y reparaciones vehiculares, mostró el contrato que firmó el Gobierno del Estado con la empresa que ganó la concesión y en donde se establecen las condiciones de pago y que habían sido negadas tanto por funcionarios estatales como el diputado de Movimiento Ciudadano.
“Lo estuvieron negando los funcionarios de Gobierno y en el cual sí se pactó el mínimo de tres mil 800 millones de pesos y en la novena cláusula el Gobierno del Estado le pacta esta cantidad a manera de porcentaje mínimo por año de manera ascendente”, dijo.
Según el documento que leyó en el 2020 se pagaría el 24% de las verificaciones con el costo de verificación que el proveedor estipuló y así sucesivamente durante los 15 años con el “80% del parque vehicular con lo que se le pagará al proveedor, haya o no verificaciones”.
Chécalo:
El documento fue firmado José Adán Espejo preciado quien trabajaba para la Secretaría de Medio Ambiente y ahora lo hace para la empresa que tiene el contrato, “él fue quien desarrolló este documento” y en donde habla de la estimación de ingresos y ajustes.
En uno de los apartados se menciona que durante el 2020 se realizarían 880 mil verificaciones y en “función de este dato el proveedor proporcionó el costo por prueba, en el primer año de operaciones estamos obligados (indica el documento) a pagarle 80 millones de pesos que es el promedio estimado de esas verificaciones”.
Dijo que al solicitar por transparencia la forma en la que se hizo ese pago y la respuesta que se le dio es que todos esos documentos son considerados como información reservada.
Los representantes de los talleres indicaron que otra de las irregularidades es que la Secretaría de Medio Ambiente y la Agencia Metropolitana del Aire, comenzaron un programa de verificación móvil, la cual está prohibida por la Norma Oficial Mexicana, ya que los sensores se descalibran y no hay una empresa que las realice así de fácil.