El dirigente de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios (FGTEM) Cuauhtémoc Peña Cortés denunció la presión que se ejerce al interior de los penales a los más de 750 trabajadores en donde se les subió la carga laboral debido a la pandemia de Covid-19 y los responsables de Readaptación Social.
Recordó que hace unas semanas se llegó a un acuerdo para lograr mejora la condición laboral de los trabajadores en donde se contempla otorgarle la base a todos ya que el 65% de ellos tienen hasta más de 20 años de servicio de forma ininterrumpida, el 15% con poco más de seis años de trabajar en esa dependencia y ambos casos se cumplen para poder obtener los nombramientos definitivos a su cargo.
Peña Cortés indicó que “ahora se les aumento la carga horaria de trabajo, a algunos se les dejó de pagar el bono del Día del Servidor Público sin justificación legal, los acuerdos eran que se les retribuirían sus derechos laborales, se les pagaría lo adeudado y “no fue así ya que a partir de ese momento se inició una campaña de represión y hostigamiento en contra del dirigente sindical, se despidió de forma injustificada a Marcela Colunga” y se continuó con esa represión.
Señalaron a José Antonio Pérez, director general de Readaptación Social; a Roberto Lares y a Lázaro Salas como responsables de esta irregular, sobre todo cuestionaron la presencia de Lázaro Cárdenas a quien identifican como el principal represor de los trabajadores de la extinta Sistecozome.