/ viernes 4 de junio de 2021

CPS cuestiona al Congreso por elegir a controlar sin experiencia

“Seguimos apostando a que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad en las designaciones públicas", subrayó Arturo Ríos

Arturo Antonio Ríos Bojórquez, fue designado como contralor del Congreso de Jalisco por unanimidad, sin cumplir con los tres años de experiencia como requisito, que él mismo reconoció no tenía el 20 de mayo pasado, incluso frente a otros personajes.

El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción ya había advertido sobre ese ese necesario: “El Congreso de Jalisco tiene la potestad para designar al titular de la Contraloría del propio Congreso, sin embargo, debe hacerlo respetando los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la convocatoria aprobada por las y los diputados el pasado 30 de abril”.

Mediante una misiva, el organismo destacó que se terminó nombrando como titular de la Contraloría responsable de realizar el control interno del Poder Legislativo a una persona que no acreditó, con “constancias oficiales” como lo indica la base segunda inciso e) de la Convocatoria, la experiencia de tres años en materia de auditoria o responsabilidades. Con ello, además se violenta el artículo 63, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Y en ese sentido manifestó su inconformidad y desacuerdo con la indebida designación: “La Contraloría del Congreso, como Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, debe contar con autonomía técnica y de gestión para investigación y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Congreso del Estado, además de su intervención en proceso de compras, auditorias y en general de la correcta gestión de los recursos públicos del legislativo. El nombramiento aprobado hoy, no atiende a estas exigencias de integridad y rendición de cuentas”.

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Se resalta además que por si fuera poco, el perfil designado no acreditó una buena evaluación en comparación de otros perfiles, ni en la valoración desarrollada por el Congreso, ni tampoco en la opinión técnica elaborada por el CPS, por el contrario, obtuvo calificaciones por abajo de la media de las y los demás aspirantes.

Se destaca en el documento que así como Jalisco “es pionero en muchos ámbitos del desarrollo democrático y de la rendición de cuentas en el país. Actualmente, Jalisco cuenta con una de las leyes de transparencia y acceso a la información pública más exigentes del país y con uno de los sistemas estatales anticorrupción más vigorosos de la República”; por otro lado y paradójicamente, Jalisco es uno de los estados más rezagados en Estado de derecho, según diversos estudios e índices nacionales.

Se insistió en que justo por eso una amplia coalición plural de actores locales impulsa una reforma al Sistema Estatal Anticorrupción (conocida como Reforma 2.0) que, después de dos años aún está en discusión en el Congreso. Dicha iniciativa legislativa contempla, entre otros aspectos, una “Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera” que, de aprobarse, pondría a Jalisco a la vanguardia en temas como la correcta integración y nombramiento de los Órganos Internos de Control.

Chécalo:

Finalmente destaca que el organismo junto con organizaciones civiles “seguimos apostando a que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad en las designaciones públicas. No podemos permitir que lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso sea la regla en próximas designaciones, sobre todo tomando en consideración procesos anteriores igualmente cuestionados y evidenciados objetivamente en su falta de apego a la legalidad”.

El 20 de mayo pasado Arturo Antonio Ríos Bojórquez primero destacó que

Luego aceptó que su labor solo ha sido como asesor e incluso en la creación de la propia ley del sistema anticorrupción, pero no tiene constancias “tenemos un problema los asesores que aquí colaboramos, incluso se que muchos que tienen una capacidad muy probada y que incluso yo no tendría mucho que hacer con ellos” y cuestionó el hecho de que el Congreso no de esas constancias.

Además aceptó que a los diputados les entregó un documento erróneo donde aparecía como director de visitaduría del municipio de Guadalajara, cargo que dejó desde el 2010 y pidió disculpas públicamente.

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  • Arturo Antonio Ríos Bojórquez, fue designado como contralor del Congreso de Jalisco por unanimidad, sin cumplir con los tres años de experiencia como requisito, que él mismo reconoció no tenía el 20 de mayo pasado, incluso frente a otros personajes.

    El Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción ya había advertido sobre ese ese necesario: “El Congreso de Jalisco tiene la potestad para designar al titular de la Contraloría del propio Congreso, sin embargo, debe hacerlo respetando los requisitos que marca la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la convocatoria aprobada por las y los diputados el pasado 30 de abril”.

    Mediante una misiva, el organismo destacó que se terminó nombrando como titular de la Contraloría responsable de realizar el control interno del Poder Legislativo a una persona que no acreditó, con “constancias oficiales” como lo indica la base segunda inciso e) de la Convocatoria, la experiencia de tres años en materia de auditoria o responsabilidades. Con ello, además se violenta el artículo 63, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

    Y en ese sentido manifestó su inconformidad y desacuerdo con la indebida designación: “La Contraloría del Congreso, como Órgano Interno de Control del Poder Legislativo, debe contar con autonomía técnica y de gestión para investigación y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Congreso del Estado, además de su intervención en proceso de compras, auditorias y en general de la correcta gestión de los recursos públicos del legislativo. El nombramiento aprobado hoy, no atiende a estas exigencias de integridad y rendición de cuentas”.

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    Se resalta además que por si fuera poco, el perfil designado no acreditó una buena evaluación en comparación de otros perfiles, ni en la valoración desarrollada por el Congreso, ni tampoco en la opinión técnica elaborada por el CPS, por el contrario, obtuvo calificaciones por abajo de la media de las y los demás aspirantes.

    Se destaca en el documento que así como Jalisco “es pionero en muchos ámbitos del desarrollo democrático y de la rendición de cuentas en el país. Actualmente, Jalisco cuenta con una de las leyes de transparencia y acceso a la información pública más exigentes del país y con uno de los sistemas estatales anticorrupción más vigorosos de la República”; por otro lado y paradójicamente, Jalisco es uno de los estados más rezagados en Estado de derecho, según diversos estudios e índices nacionales.

    Se insistió en que justo por eso una amplia coalición plural de actores locales impulsa una reforma al Sistema Estatal Anticorrupción (conocida como Reforma 2.0) que, después de dos años aún está en discusión en el Congreso. Dicha iniciativa legislativa contempla, entre otros aspectos, una “Ley de Designaciones Públicas y del Servicio Profesional de Carrera” que, de aprobarse, pondría a Jalisco a la vanguardia en temas como la correcta integración y nombramiento de los Órganos Internos de Control.

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    Finalmente destaca que el organismo junto con organizaciones civiles “seguimos apostando a que prevalezca el mérito, la capacidad y la integridad en las designaciones públicas. No podemos permitir que lo que ocurrió el día de hoy en el Congreso sea la regla en próximas designaciones, sobre todo tomando en consideración procesos anteriores igualmente cuestionados y evidenciados objetivamente en su falta de apego a la legalidad”.

    El 20 de mayo pasado Arturo Antonio Ríos Bojórquez primero destacó que

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