/ martes 11 de agosto de 2020

Municipios no tienen lo necesario para operar Contralorías Sociales

Lo anterior, con base al Diagnóstico Situacional de Contraloría Social en los Municipios del Estado de Jalisco

Adolecen de capacitación y herramientas indispensables para operar las Contralorías Sociales de los municipios en Jalisco.

Lo anterior, con base al Diagnóstico Situacional de Contraloría Social en los Municipios del Estado de Jalisco, realizado por el Comité de Participación Social y la Contraloría..

En estos resultados arroja que las contralorías sociales no cuentan con un reglamento o normativa propia que module su adecuado desarrollo; carecen de presupuesto, equipo de trabajo, infraestructura y vehículos, entre otros recursos para desarrollar acciones de promoción de forma directa, además de que existe el riesgo latente de la pérdida de información por la falta del control documental.

Por lo que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recomendó que los Órganos Internos de Control municipales incorporen personal operativo específico que desarrollen actividades exclusivas para promover, operar y dar seguimiento a las acciones de Contraloría Social en los programas de desarrollo social municipales.

El CPS también sugiere que las Direcciones de Desarrollo Social o afines puedan establecer programas anuales de capacitaciones en materia de Contraloría Social para servidores públicos municipales, a quienes son responsables de la vigilancia y seguimiento de los programas sociales en la materia.

Asimismo, que la Contraloría del Estado presente en el marco de la Comisión de Contralores Municipios-Estado una guía para la implementación de la Contraloría Social.

Por si no lo leíste:

También que los Municipios implementen en las Contralorías Sociales vigentes y en las que estén por establecerse, el uso de métodos y técnicas archivísticas.

Otra de las recomendaciones es que los Municipios, con respeto a su autonomía, destinen de los recursos propios un porcentaje permanente para las acciones de Contraloría Social para los programas de desarrollo social.

En la tercera sesión presidida por Lucía Almaraz Cázarez se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el Comité de Participación Social (CPS) y la Contraloría del Estado.

Participaron el Auditor Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez; Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción; la Contralora María Teresa Brito Serrano; Ricardo Suro Esteves, Presidente del Consejo de la Judicatura; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Presidenta del ITEI, y la Secretaria Técnica, Aimée Figueroa Neri.

Conoce más...

-El artículo 45 de la Ley del SEAJAL establece que las recomendaciones que emita el Comité Coordinador a los Entes Públicos obligados -esta es la sexta que aprueba desde 2018- serán públicas, de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización y normas.

-La Contraloría Social es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía y los organismos del sector social privado forman una instancia de vigilancia y observación de las actividades de gobierno.

Adolecen de capacitación y herramientas indispensables para operar las Contralorías Sociales de los municipios en Jalisco.

Lo anterior, con base al Diagnóstico Situacional de Contraloría Social en los Municipios del Estado de Jalisco, realizado por el Comité de Participación Social y la Contraloría..

En estos resultados arroja que las contralorías sociales no cuentan con un reglamento o normativa propia que module su adecuado desarrollo; carecen de presupuesto, equipo de trabajo, infraestructura y vehículos, entre otros recursos para desarrollar acciones de promoción de forma directa, además de que existe el riesgo latente de la pérdida de información por la falta del control documental.

Por lo que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción recomendó que los Órganos Internos de Control municipales incorporen personal operativo específico que desarrollen actividades exclusivas para promover, operar y dar seguimiento a las acciones de Contraloría Social en los programas de desarrollo social municipales.

El CPS también sugiere que las Direcciones de Desarrollo Social o afines puedan establecer programas anuales de capacitaciones en materia de Contraloría Social para servidores públicos municipales, a quienes son responsables de la vigilancia y seguimiento de los programas sociales en la materia.

Asimismo, que la Contraloría del Estado presente en el marco de la Comisión de Contralores Municipios-Estado una guía para la implementación de la Contraloría Social.

Por si no lo leíste:

También que los Municipios implementen en las Contralorías Sociales vigentes y en las que estén por establecerse, el uso de métodos y técnicas archivísticas.

Otra de las recomendaciones es que los Municipios, con respeto a su autonomía, destinen de los recursos propios un porcentaje permanente para las acciones de Contraloría Social para los programas de desarrollo social.

En la tercera sesión presidida por Lucía Almaraz Cázarez se aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el Comité de Participación Social (CPS) y la Contraloría del Estado.

Participaron el Auditor Superior del Estado, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez; Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción; la Contralora María Teresa Brito Serrano; Ricardo Suro Esteves, Presidente del Consejo de la Judicatura; Cynthia Patricia Cantero Pacheco, Presidenta del ITEI, y la Secretaria Técnica, Aimée Figueroa Neri.

Conoce más...

-El artículo 45 de la Ley del SEAJAL establece que las recomendaciones que emita el Comité Coordinador a los Entes Públicos obligados -esta es la sexta que aprueba desde 2018- serán públicas, de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización y normas.

-La Contraloría Social es el mecanismo de participación mediante el cual la ciudadanía y los organismos del sector social privado forman una instancia de vigilancia y observación de las actividades de gobierno.

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