/ martes 30 de junio de 2020

Jalisco incorpora a la ley la violencia política contra las mujeres por razón de género

Se incluyen sanciones económicas de 173 mil 600 a 8 millones 680 mil pesos a quienes la ejerzan

Diputados de la LXII Legislatura dieron luz verde por unanimidad a las reformas en materia de violencia política en cuestión de género, en la que incluyen sanciones económicas de 173 mil 600 a 8 millones 680 mil pesos a quienes ejerzan violencia política de género. Se incorpora un catálogo de categorías de violencia y se faculta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de vigilar y sancionar las conductas de violencia.



La Fiscalía Estatal debe crear la Base Estadística Estatal de violencia Política contra las mujeres en razón de género.

En la sesión extraordinaria, luego de un receso de 7 horas, el Pleno del Congreso del Estado emitió la Declaratoria de la Reforma a la Constitución Política del Estado Decreto 279T7 en materia electoral con 93 municipios que la avalaron, entre los que están casi todos los del Área Metropolitana, con excepción de Guadalajara. El Ayuntamiento de Zapopan alcanzó a sesionar el lunes 29 de junio por la tarde por lo que su aval se incluyó en los 93 municipios.

A las 13 horas con 15 minutos dio inició la sesión la diputada Sofía García Mosqueda presidenta de la Mesa Directiva para decretar un receso hasta las 20 horas con 40 minutos para dar tiempo a que estuvieran listo los dictámenes.



Dejaron fuera lo de poner escoltas a mujeres candidatas que sean amenazadas de muerte.

"No nos están regalando nada", les dijo la diputada García Mosqueda.

Se aprobó la armonización con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en la que se establece el concepto de violencia política de género ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso a prerrogativas para precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.

Se establece en el Código Electoral del Estado como requisito para acceder a los cargos de elección popular (gobernador, diputados y munícipes) no haber sido condenado por delito de violencia de género, así como no ser deudor alimentario.

Se Faculta al Consejo General del IEPC vigilar y sancionar las conductas de violencia política de género a través del Procedimiento Especial sancionador.

Catálogo de conductos de violencia

Se incorporó un catálogo de conductas de violencia política de género: Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; ocultar información a las mujeres para impedir toma de decisiones y desarrollo de sus funciones; ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas e impedir su participación; darles información falsa e imprecisa para evitar su registro; obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres.

La reforma en materia de violencia política por razón de género se queda corta, ya que al llevarla a la práctica se topa en caso de denuncias con un proceso de campaña que durará 30 días.

Se castigará a partidos políticos con 868 mil pesos (10 mil veces el valor de la Unidad de Medición Actualizada UMA) por conductas de violencia política de género, cancelación del registro sí se trata de partidos políticos locales por incumplimiento de sus obligaciones para atender, sancionar y erradicar la violencia política; multas por 433 mil pesos (5 mil UMA) para candidatos y aspirantes y multas hasta por 8 millones 680 mil pesos (100 mil UMA) por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de cualquier persona jurídica. Sanciones que están en el Código Nacional de Procedimientos Electorales y que se incluyen a nivel estatal. Hasta 2 mil UMA que equivale a 173 mil 600 contra dirigentes de partidos políticos y militantes que ejerzan violencia política.

El padrón de deudores alimentarios deberá integrarlo el Registro Civil del Estado por lo que los diputados le solicitaron que quede antes del inicio del proceso electoral.


Chécalo:


Se incorporó un transitorio para que el Congreso del Estado en un lapso de 60 días realice adecuaciones para que la fiscalía garantice la creación de una base estadística estatal de violencia política.

Reformaron y adicionaron artículos a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, al Código Electoral, Código Penal, Ley de Servidores Públicos, de Responsabilidades Políticas y Administrativas, Ley Orgánica de la Fiscalía y todas las leyes del Estado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Los diputados no tomaron en cuenta propuestas de activistas de anular la elección cuando exista violencia política por razón de género y la paridad en candidaturas en población de pueblos originarios.

Tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el lnstituto Electoral y de participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las órdenes de protección.



La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado deberá traducir la reforma en materia electoral contra violencia política por razón de género a lenguas indígenas y a braille.

Fijaron postura sobre estas reformas desde sus curules las diputadas Irma de Anda del PAN, Mirza Flores y Mara Robles de MC.

Mara Robles, destacó "que terrible que sea hasta 2020 se hable en México de violencia política". Añadió: "Conozco mujeres que le reconozcan el concubinato hasta por 2 años". Es responsabilidad de las mujeres de "despartidización. El movimiento feminista no se clientiiliza, ni corporativiza, es libre" .



"De que somos conservadores pues si somos", pero hay que reconocer "que hemos avanzado", apuntó Robles.

García Mosqueda subrayó: “Una mujer que es desplazada del cargo para el que fue electa para ceder su lugar a un hombre. Un instituto político que registra mujeres en las posiciones que seguramente perderá, sólo para cubrir su cuota de género. Una futura madre, a quien se le niegan sus derechos políticos por el hecho de estar embarazada. Una mujer dedicada a la política a quien se denigra por como viste. Una legisladora a la que se le impide subir a tribuna a expresarse en igualdad de condiciones, por el sólo hecho de ser mujer. Una regidora que es atacada verbalmente por un alcalde. Todos ejemplos de violencia política por razones de género y que suceden en nuestro país y Estado".

Diputados de la LXII Legislatura dieron luz verde por unanimidad a las reformas en materia de violencia política en cuestión de género, en la que incluyen sanciones económicas de 173 mil 600 a 8 millones 680 mil pesos a quienes ejerzan violencia política de género. Se incorpora un catálogo de categorías de violencia y se faculta al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de vigilar y sancionar las conductas de violencia.



La Fiscalía Estatal debe crear la Base Estadística Estatal de violencia Política contra las mujeres en razón de género.

En la sesión extraordinaria, luego de un receso de 7 horas, el Pleno del Congreso del Estado emitió la Declaratoria de la Reforma a la Constitución Política del Estado Decreto 279T7 en materia electoral con 93 municipios que la avalaron, entre los que están casi todos los del Área Metropolitana, con excepción de Guadalajara. El Ayuntamiento de Zapopan alcanzó a sesionar el lunes 29 de junio por la tarde por lo que su aval se incluyó en los 93 municipios.

A las 13 horas con 15 minutos dio inició la sesión la diputada Sofía García Mosqueda presidenta de la Mesa Directiva para decretar un receso hasta las 20 horas con 40 minutos para dar tiempo a que estuvieran listo los dictámenes.



Dejaron fuera lo de poner escoltas a mujeres candidatas que sean amenazadas de muerte.

"No nos están regalando nada", les dijo la diputada García Mosqueda.

Se aprobó la armonización con la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia en la que se establece el concepto de violencia política de género ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso a prerrogativas para precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.

Se establece en el Código Electoral del Estado como requisito para acceder a los cargos de elección popular (gobernador, diputados y munícipes) no haber sido condenado por delito de violencia de género, así como no ser deudor alimentario.

Se Faculta al Consejo General del IEPC vigilar y sancionar las conductas de violencia política de género a través del Procedimiento Especial sancionador.

Catálogo de conductos de violencia

Se incorporó un catálogo de conductas de violencia política de género: Obstaculizar a las mujeres, los derechos de asociación o afiliación política; ocultar información a las mujeres para impedir toma de decisiones y desarrollo de sus funciones; ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas e impedir su participación; darles información falsa e imprecisa para evitar su registro; obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres.

La reforma en materia de violencia política por razón de género se queda corta, ya que al llevarla a la práctica se topa en caso de denuncias con un proceso de campaña que durará 30 días.

Se castigará a partidos políticos con 868 mil pesos (10 mil veces el valor de la Unidad de Medición Actualizada UMA) por conductas de violencia política de género, cancelación del registro sí se trata de partidos políticos locales por incumplimiento de sus obligaciones para atender, sancionar y erradicar la violencia política; multas por 433 mil pesos (5 mil UMA) para candidatos y aspirantes y multas hasta por 8 millones 680 mil pesos (100 mil UMA) por actos de violencia política contra las mujeres en razón de género por parte de cualquier persona jurídica. Sanciones que están en el Código Nacional de Procedimientos Electorales y que se incluyen a nivel estatal. Hasta 2 mil UMA que equivale a 173 mil 600 contra dirigentes de partidos políticos y militantes que ejerzan violencia política.

El padrón de deudores alimentarios deberá integrarlo el Registro Civil del Estado por lo que los diputados le solicitaron que quede antes del inicio del proceso electoral.


Chécalo:


Se incorporó un transitorio para que el Congreso del Estado en un lapso de 60 días realice adecuaciones para que la fiscalía garantice la creación de una base estadística estatal de violencia política.

Reformaron y adicionaron artículos a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, al Código Electoral, Código Penal, Ley de Servidores Públicos, de Responsabilidades Políticas y Administrativas, Ley Orgánica de la Fiscalía y todas las leyes del Estado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.

Los diputados no tomaron en cuenta propuestas de activistas de anular la elección cuando exista violencia política por razón de género y la paridad en candidaturas en población de pueblos originarios.

Tratándose de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el lnstituto Electoral y de participación Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, podrán solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento de las órdenes de protección.



La Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado deberá traducir la reforma en materia electoral contra violencia política por razón de género a lenguas indígenas y a braille.

Fijaron postura sobre estas reformas desde sus curules las diputadas Irma de Anda del PAN, Mirza Flores y Mara Robles de MC.

Mara Robles, destacó "que terrible que sea hasta 2020 se hable en México de violencia política". Añadió: "Conozco mujeres que le reconozcan el concubinato hasta por 2 años". Es responsabilidad de las mujeres de "despartidización. El movimiento feminista no se clientiiliza, ni corporativiza, es libre" .



"De que somos conservadores pues si somos", pero hay que reconocer "que hemos avanzado", apuntó Robles.

García Mosqueda subrayó: “Una mujer que es desplazada del cargo para el que fue electa para ceder su lugar a un hombre. Un instituto político que registra mujeres en las posiciones que seguramente perderá, sólo para cubrir su cuota de género. Una futura madre, a quien se le niegan sus derechos políticos por el hecho de estar embarazada. Una mujer dedicada a la política a quien se denigra por como viste. Una legisladora a la que se le impide subir a tribuna a expresarse en igualdad de condiciones, por el sólo hecho de ser mujer. Una regidora que es atacada verbalmente por un alcalde. Todos ejemplos de violencia política por razones de género y que suceden en nuestro país y Estado".

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