El Sistema Estatal Anticorrupción resolvió la última elección de tres consejeros y se apeguen a lo dispuesto en la Constitución, las leyes y su propia convocatoria en los futuros nombramientos que habrán de resolver este mismo año: Nueve magistraturas, la consejería del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión de Selección del Comité de Participación Social y su respectivo miembro.
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Mediante un documento firmado por universitarios, profesores, abogados, empresarios, ciudadanos, periodistas y activistas, le reconocieron al Congreso, como todos los del país, la atribución para designar distintos cargos públicos.
“Dicha facultad está establecida constitucionalmente en su carácter de Poder Público soberano. El Congreso de Jalisco tiene la potestad para designar diversos cargos públicos para la integración del Poder Judicial del Estado, tanto de magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, como de consejeros del Consejo de la Judicatura, instancia que funciona como órgano interno de control y administración del Poder Judicial del Estado de Jalisco”, detallaron.
Sin embargo, luego le refrescaron aquellos hechos del 19 de junio pasado, cuando justo el 19 de junio pasado el Poder Legislativo acordó nombrar a tres miembros del Consejo de la Judicatura en una sesión extraordinaria.
Lamentaron que dentro de la misma se desconocieron “procedimientos y fases establecidos en las propias convocatorias aprobadas. Este acto alevoso generó una amplia condena de la sociedad civil en voz de las principales universidades, barras de abogados, organizaciones ciudadanas, líderes de opinión, organismos empresariales, medios de comunicación, entre muchos otros actores de la vida pública de Jalisco que han expresado su desacuerdo con la controvertida designación”.
Le recordaron al Congreso del Estado que Jalisco tiene una de las leyes de transparencia más exigentes del país; pero que también el Estado es uno de los más rezagados en el Estado de derecho e impartición de la justicia; que hay una reforma al Sistema Estatal Anticorrupción 2.0 pendiente que abona en instaurar procedimientos de designaciones públicas sobre la base de capacidades, méritos y trayectorias públicas íntegras y que Jalisco merece un Consejo de la Judicatura que esté a la altura de las circunstancias que demandan los mejores perfiles para lograr una justicia abierta.
De ahí el llamado a la LXII Legislatura que “debe rendir cuentas explicando cuales fueron las razones para vulnerar el proceso establecido en las convocatorias. Exigimos que las y los legisladores locales de Jalisco se apeguen a lo dispuesto en la Constitución, las leyes y su propia convocatoria en todos los nombramientos (las nueve magistraturas, la consejería del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales, la Comisión de Selección del Comité de Participación Social y su respectivo miembro) que habrán de realizarse este mismo año”.
Son más de 120 personas que firman el documento donde “instamos a los representantes populares para que en las sucesivas designaciones sean nombrados perfiles cuya trayectoria sea indicativa de una transformación profunda del Estado de Derecho como la que demanda la sociedad”.
Entre otros aparecen: Diego Valdés, investigador emérito, UNAM-IIJ; Erika Loyo Beristáin, feminista y académica, ITESM-Gdl y Universidad de Guadalajara; Jacqueline Peschard Mariscal, investigadora, UNAM y ex presidenta del CPC del SNA;
Jaime Tamayo Rodríguez, académico, Universidad de Guadalajara; Marco Cortés Guardado, exrector, Universidad de Guadalajara; Miguel Bazdresch Parada, profesor emérito, ITESO–CIDEA; Ricardo Villanueva Lomelí, rector, Universidad de Guadalajara; Rossana Reguillo Cruz, académica, ITESO-SignaLab; Sergio Aguayo, investigador, El Colegio de México-CEI; Trinidad Padilla López, exrector, Universidad de Guadalajara; Víctor González Romero, exrector, Universidad de Guadalajara; Alberto Bayardo Pérez Arce; Paul Alcántar Arteaga, activistas, Observatorio Legislativo ITESO; Guadalupe Morfin Otero, activista, expresidenta CEDH; Héctor Castañón, activista, Tómala; Alberto García Ruvalcaba, notario y editorialista, Notaría 97; Gabriel Torres Espinoza, director, Canal 44; Susana Carreño, directora, Radio Universidad Puerto Vallarta; Ignacio Calderón Lanczyner, empresario, Grupo La Gran Vía, Marisa Lazo, empresaria, Pastelerías Marissa y Julio García Briseño, empresario, Laboratorios Julio.
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