La reforma que da vida a la Guardia Nacional no puede ser aprobada por el Senado de la República, tal y como fue presentada, advirtió el senador por Jalisco, Clemente Castañeda, al exponer los resultados del parlamento abierto sobre el tema, donde expertos expusieron los riesgos y amenazas de esta reforma, los vacíos de la misma y los retrocesos en materia de seguridad pública, federalismo, orden constitucional y cumplimiento de las disposiciones en materia de convencionalidad a las que México está obligado.
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Recordó las palabras del académico Santiago Corcuera, la minuta “contiene demasiadas contradicciones, ambigüedades y errores”.
Fue un trabajo intenso, de varias semanas, con la participación de todos lo sectores y la mayoría de las voces calificadas sobre el tema que hay en México.
El senador Clemente Castañeda expresó que la conclusión global de este ejercicio de parlamento abierto es que la minuta de Guardia Nacional debe modificarse sustantivamente para que pueda ser aprobada por el Senado de la República.
Una de las grandes conclusiones de este ejercicio realizado por la fracción de Movimiento Ciudadano es que “el mando de la Guardia Nacional debe ser inequívocamente civil, como lo señalaron Sergio López Ayllón, Catalina Pérez Correa, Lisa Sánchez, entre muchos otros especialistas. Esto significa que se deben eliminar de la minuta todas las referencias a la participación de las Fuerzas Armadas en la conducción de la Guardia Nacional y consolidar una institución estrictamente civil de seguridad pública. Como lo señalaron diversos ponentes, esta reforma no debe desnaturalizar la identidad histórica de las Fuerzas Armadas ni trastocar el orden constitucional mexicano”.
Además la reforma debe tener un profundo contenido orientado al fortalecimiento de las policías de los tres órdenes de Gobierno; además la actuación de las Fuerzas Armadas debe apegarse a criterios de convencionalidad y fijar un plazo para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, aparejado a un proceso contundente de fortalecimiento de las policías de los tres órdenes de gobierno.
Adicionalmente, diversas voces coincidieron en que debe se reglamentar el artículo 29 constitucional para que, cuando sea necesario recurrir al auxilio de las Fuerzas Armadas, exista un cauce normativo claro, apegado a la convencionalidad y respetuoso de los Derechos Humanos.
Otro punto de coincidencia fue la creación de una comisión de seguimiento de la actuación de la Guardia Nacional, desde el propio Senado de la República, además de que se debe de legislar diagnosticando correctamente la crisis de inseguridad que vive el país y encontrando soluciones duraderas, de largo plazo y respetuosas de los derechos humanos.
Ahora -reconoció Clemente Castañeda- “esperamos que la fuerza política mayoritaria y las comisiones dictaminadoras tengan la voluntad política y la sensibilidad de escuchar y atender estas conclusiones que recogen el sentir y la experiencia de los especialistas que fueron convocados por el Senado de la República. De no hacerlo, se estará defraudando de manera irreparable el ejercicio de parlamento abierto y la confianza ciudadana, al tiempo que sería intransitable la aprobación de la reforma constitucional tal y como está planteada”.
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