/ martes 9 de febrero de 2021

Mujeres activistas exigen separación del cargo a funcionarios de Tototlán

Al Congreso del Estado le solicitan que se inicie un juicio político contra el alcalde

Piden juicio político contra el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, para que sea destituido e inhabilitado para cualquier puesto en la administración pública y que junto con el Oficial Mayor de Padrón y Licencias Efraín Martínez Íñiguez sean separados de sus cargos; que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso de Diana, la servidora pública víctima de acoso sexual y hostigamiento institucional por ambos funcionarios ante la omisión de la CEDH, exigieron activistas de Cladem Jalisco, G-10 x Jalisco, Femac Jalisco, Mujeres por la Justicia Social y Atala Apodaca.

Acusaron omisiones por parte de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres, por el Órgano Interno de Control en Tototlán, así como la agencia del Ministerio Público y la oficina de la CEDH en Ocotlán que no procedieron en la denuncia presentada por Diana desde marzo del 2020, y que tuvo que solicitar licencia para evitar seguir siendo hostigada y acosada.

Así como de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado (SISEMH) que desde el año pasado tuvo comunicación la Dirección de Acceso a la Justicia de las Mujeres de las medidas cautelares por la CEDH y fue hasta el viernes pasado cuando se hizo público el caso, Malena García de la SISEMH se comunicó con la víctima y prometió acompañamiento jurídico, psicológico y que le enviaría un dispositivo electrónico, al día siguiente solo llegó un policía estatal que le proporcionó su número de teléfono por si lo necesitaba que le hablara.

Te recomendamos:

Guadalupe Ramos Ponce del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, señaló que Diana la contactó el viernes y la han estado acompañando en su proceso. Diana se reunió el pasado domingo con el Secretario General de Gobierno Juan Enrique Ibarra Pedroza quien se comprometió a resolver su situación, garantizarle sueldos atrasados, su seguridad e integridad para ella y su familia.

A la servidora pública la revictimizaron, indicó cuando el presidente municipal la expuso, al pretender mediar en el caso. Así como las dependencias que “filtraron” los audios de prueba presentados por Diana desde marzo pasado a la prensa.

Lupita Ramos, Beatriz Rangel, Dolores Pérez Lazcarro, Laura Plascencia y Eva Avilés exigieron medidas de protección a Diana que en un principio acudiría a la rueda de prensa de las activistas, sin embargo entró en diálogo con el secretario General de Gobierno Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Estos funcionarios -Quezada y Martínez- son un “peligro y un riesgo para las niñas y mujeres no o del Ayuntamiento sino de la comunidad a quienes deben servir en Tototlán”, dijo Ramos Ponce.


Planteamientos

- Exigen inicio de procedimiento para la separación de los cargos y de cara al proceso electoral no vuelvan a ocupar ni un cargo ni en la administración pública municipal ni en otro nivel de Gobierno, ambos funcionarios.

- Exigen al Gobernador Enrique Alfaro Ramírez una investigación del actuar de la Fiscalía del Estado, especialmente de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres y de la Agencia del Ministerio Público de Tototlán donde se encuentra radicada la carpeta de investigación e iniciar la responsabilidad correspondiente.

También puedes leer:

- Se investigue y sancione a quien expuso y revictimizó a la víctima al filtrar sin su consentimiento los audios de prueba que presentó desde marzo 2020, tanto en la carpeta de investigación de la Fiscalía y queja ante la CEDH en su oficina de Ocotlán.

- La filtración solo pudo salir de ambas oficinas y puso en riesgo a la denunciante.

- CNDH atraiga el caso ante la omisión de la CEDH.

- A la SISEMH investigue el actuar de su personal que fue omisa desde el año pasado y ya tenían conocimiento de ello. No se preocupó por investigar y actuó con retraso una vez que se conoció públicamente el caso.

- Al Congreso del Estado exigen se proceda con juicio político contra el alcalde para que sea destituido e inhabilitado.

- Al secretario General Ibarra Pedroza que cumpla con las promesas hechas a la víctima de reparación del daño, garantizar su seguridad e integridad para ella y su familia.



El alcalde cometió violencia política e institucional contra la trabajadora . esto muestra los pactos patriarcales, misóginos y la naturalización del acoso, la violencia sexual entre ellos en perjuicio de las mujeresLupita Ramos Ponce




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Piden juicio político contra el alcalde de Tototlán, Sergio Quezada Mendoza, para que sea destituido e inhabilitado para cualquier puesto en la administración pública y que junto con el Oficial Mayor de Padrón y Licencias Efraín Martínez Íñiguez sean separados de sus cargos; que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso de Diana, la servidora pública víctima de acoso sexual y hostigamiento institucional por ambos funcionarios ante la omisión de la CEDH, exigieron activistas de Cladem Jalisco, G-10 x Jalisco, Femac Jalisco, Mujeres por la Justicia Social y Atala Apodaca.

Acusaron omisiones por parte de la Unidad de Investigación de Delitos contra las Mujeres, por el Órgano Interno de Control en Tototlán, así como la agencia del Ministerio Público y la oficina de la CEDH en Ocotlán que no procedieron en la denuncia presentada por Diana desde marzo del 2020, y que tuvo que solicitar licencia para evitar seguir siendo hostigada y acosada.

Así como de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado (SISEMH) que desde el año pasado tuvo comunicación la Dirección de Acceso a la Justicia de las Mujeres de las medidas cautelares por la CEDH y fue hasta el viernes pasado cuando se hizo público el caso, Malena García de la SISEMH se comunicó con la víctima y prometió acompañamiento jurídico, psicológico y que le enviaría un dispositivo electrónico, al día siguiente solo llegó un policía estatal que le proporcionó su número de teléfono por si lo necesitaba que le hablara.

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A la servidora pública la revictimizaron, indicó cuando el presidente municipal la expuso, al pretender mediar en el caso. Así como las dependencias que “filtraron” los audios de prueba presentados por Diana desde marzo pasado a la prensa.

Lupita Ramos, Beatriz Rangel, Dolores Pérez Lazcarro, Laura Plascencia y Eva Avilés exigieron medidas de protección a Diana que en un principio acudiría a la rueda de prensa de las activistas, sin embargo entró en diálogo con el secretario General de Gobierno Juan Enrique Ibarra Pedroza.

Estos funcionarios -Quezada y Martínez- son un “peligro y un riesgo para las niñas y mujeres no o del Ayuntamiento sino de la comunidad a quienes deben servir en Tototlán”, dijo Ramos Ponce.


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- Exigen inicio de procedimiento para la separación de los cargos y de cara al proceso electoral no vuelvan a ocupar ni un cargo ni en la administración pública municipal ni en otro nivel de Gobierno, ambos funcionarios.

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- Se investigue y sancione a quien expuso y revictimizó a la víctima al filtrar sin su consentimiento los audios de prueba que presentó desde marzo 2020, tanto en la carpeta de investigación de la Fiscalía y queja ante la CEDH en su oficina de Ocotlán.

- La filtración solo pudo salir de ambas oficinas y puso en riesgo a la denunciante.

- CNDH atraiga el caso ante la omisión de la CEDH.

- A la SISEMH investigue el actuar de su personal que fue omisa desde el año pasado y ya tenían conocimiento de ello. No se preocupó por investigar y actuó con retraso una vez que se conoció públicamente el caso.

- Al Congreso del Estado exigen se proceda con juicio político contra el alcalde para que sea destituido e inhabilitado.

- Al secretario General Ibarra Pedroza que cumpla con las promesas hechas a la víctima de reparación del daño, garantizar su seguridad e integridad para ella y su familia.



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