Por abuso policial, irrupción en domicilio particular y detención ilegal de una persona, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 14/20 en contra de la Policía de Guadalajara y del presidente municipal, Ismael Del Toro.
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En abril de 2018 un vecino del Barrio de Analco se quejó ante el organismo por el actuar de varios elementos de la Policía de Guadalajara, que lo señalaron falsamente de cometer delitos, por lo que pasó 10 meses en prisión preventiva.
Éste señaló que en abril de 2017, estaba en el interior de su domicilio cuando ingresaron en varios agentes de la Policía Federal Investigadora y militares que utilizaban pasamontañas, en persecución de tres hombres que también irrumpieron en su casa. Los uniformados alegaron que los tres sujetos, así como el inconforme, eran autores de varios delitos por lo que los amagaron, al igual que a una hija y su cuñada, ambas menores de edad, le colocaron aros aprehensores y, lo sacaron de su domicilio.
El peticionario explicó que una vez detenido arribaron agentes de la policía municipal de la Unidad para la Recuperación del Estado de Derecho y la Paz (Urepaz), le tomaron fotografías y junto con los otros detenidos los retiraron del lugar.
En la queja, éste aportó testimonios y pruebas a su favor, entre estos, un video del momento en que es retirado de su domicilio junto con tres personas, la revisión de su auto, la retirada de los policías con los detenidos y la forma en que un uniformado aborda el automóvil del ofendido y lo retira del lugar.
Los policías que rindieron el Informe de Policía Homologado (IPH), con el que ponen a disposición del Ministerio Público al agraviado, argumentaron que interceptaron el auto Figo al ver a cuatro sujetos en actitud evasiva y que en la revisión encontraron enervantes y un arma de fuego.
Ante esta comisión y ante el Ministerio público de la federación, cambiaron su versión ya que dijeron ignorar el motivo de la detención y aceptaron que fue un superior quien les ordenó elaborar el IPH y presentar a los detenidos ante la autoridad competente, incluso reconocieron que no estuvieron presentes al momento del arresto inicial del quejoso y las otras tres personas.
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Varios agentes de la Comisaría de la Policía de Guadalajara que participaron en el operativo en el barrio de Analco, al rendir su testimonio ante este órgano dijeron desconocer al ofendido y el motivo de su detención, otros no contestaron o no atendieron el citatorio para comparecer ante esta defensoría.
Luis Campos, visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señaló que los elementos se retractaron de su declaración: "cuando tienen que comparecer, estos elementos ante el agente del Ministerio Público Federal se retractaron de sus señalamientos. Esta acción provocó que esta persona estuviera recluida durante 10 meses en un centro privativo de la libertad y con lo cual evidentemente le causa una violación de sus derechos humanos".
El inconforme fue puesto a disposición de los jueces de control y enjuiciamiento, donde se le decretó prisión preventiva. Luego de 10 meses de estar privado de su libertad, fue liberado.
En la recomendación, la CEDHJ dirigió puntos recomendatorios al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro y al comisario de la policía, Luis Arias, para que garanticen la reparación integral del daño ocasionado a la víctima directa, así como a las víctimas indirectas que son su hija y su cuñada, menores de edad, y a su pareja sentimental; para lo cual deberán cubrirse todas las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición que resulten procedentes.
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Igualmente que se instruya al personal de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, para que se desempeñen bajo los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, en particular sobre las obligaciones previstas en la ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco y en el Reglamento para Vigilar la Actuación de los Elementos Operativos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara.
Que se imponga una medida disciplinaria a dos de los oficiales por no cumplir con las peticiones, ya que con su actitud obstaculizaron las investigaciones.
Finalmente se planteó al fiscal del estado, que instruya a los titulares de las Direcciones Generales de Contraloría y Visitaduría de esa dependencia, para que integre una carpeta de investigación, respecto a la probable responsabilidad penal de los oficiales involucrados de la Comisaría de Policía de Guadalajara, en los posibles delitos de allanamiento de morada, abuso de autoridad y los que resulten. Román Ortega I El Occidental
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