Calles solas de noche, banquetas y paradores de autobuses en mal estado, exceso de lotes baldíos y escaso alumbrado público, vuelven a las ciudades hostiles para las mujeres. Estudios revelan que en 83% del territorio de la ciudad se genera violencia comunitaria contra ellas.
Mujeres de todas las edades son obligadas a prever rutas para evitar agresiones contra ellas, al trasladarse en la vía pública.
En tanto que el entorno urbano se vuelve hostil contra ellas y cataliza la presencia de la violencia comunitaria, que es aquella que padecen las mujeres al caminar por el espacio público.
Investigadoras del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), pertenecientes al Instituto de Investigación y Estudios de las Ciudades (INCiudades), realizaron un estudio y han constatado que sólo una pequeña fracción del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) es apta para evitar la violencia comunitaria.
La Secretaria Técnica de INCiudades, doctora Adriana Inés Olivares González, fue clara en el sentido: “Sólo el 17% del territorio cuenta con las condiciones, el resto es inseguro para las mujeres; (es decir: 87% de la ciudad no garantiza la seguridad en cuanto su urbanística)”.
Las académicas señalan que dicha inseguridad se basa en dos características que no abundan en la mayor parte del AMG: la diversidad funcional y los usos de suelo mixtos (para que coexistan comercios, servicios y viviendas en una misma zona).
Ellas destacaron que, con estos dos ejes, que son los más importantes, mencionan, las calles pueden estar concurridas y no solas, y existen más ojos hacia lo que ocurre en los vecindarios, lo que evitaría la incidencia de violencia contra las mujeres.
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Explicaron las académicas que en 2017 realizaron el estudio “Programa de prevención de violencia contra las mujeres durante la movilidad urbana cotidiana en el transporte público”, a petición del extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), con el que se desarrollaron dos estudios de casos, uno de éstos en la colonia Las Huertas, de Tlaquepaque. Sobre este punto precisaron que en esa zona habitacional, las investigadoras caminaron por cada calle para identificar la cantidad de baldíos, la falta de alumbrado, condición de visibilidad de paraderos de autobuses, muros ciegos, las banquetas y más.
Todo esto -refirieron- influye en la seguridad y la percepción de la violencia, describieron. Las investigadoras recabaron información, a una muestra de 300 habitantes, sobre cuáles consideraban lugares seguros e inseguros.
Así descubrieron que para la comunidad de Las Huertas, 78.9% de los espacios son muy inseguros, 13.5% son seguros y 7.6% poco seguros. “Con este estudio nos dimos cuenta de que había una fuerte coincidencia entre esas condiciones del territorio, con la percepción de seguridad y propia inseguridad que viven los habitantes. Hicimos un mapa del lugar, en el que trasladamos las condiciones del territorio con la seguridad percibida; nos dio un total acoplamiento”, detalló.
Con el apoyo del hoy extinto Instituto Jalisciense de la Mujer se realizó otro mapa donde se puede apreciar como diversas zonas periféricas, donde los entornos urbanísticos son hostiles, también son donde hay mayor percepción de inseguridad. “La violencia comunitaria no la vemos en Andares, sino en zonas menos privilegiadas como Las Huertas. El territorio es fundamental para mejorar la seguridad”, recalcó Olivares González.
La investigadora del INCiudades, Érika Adriana Loyo Beristaín, recordó que en 2017, ONU-Hábitat consideró la gran importancia de que las ciudades sean “cuidadoras”, no sólo de las mujeres sino de cualquier grupo vulnerable, por lo que es necesario repensar la ciudad desde el territorio, hasta la diversidad de usos de suelo.
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Y precisó: “El AMG no es un área neutra, tiene 83% de su territorio que no es seguro para las mujeres, diversas violencias se ejercen en ésta. Buscamos evidenciar cómo el AMG no promueve el cuidado ni lo considera en el diseño de su territorio, desde la estructura de las banquetas, donde no cabe ni una silla de ruedas o carriola, hasta el tema del alumbrado”.
Dijo que ni la primera infancia ni los adultos mayores y menos las personas con discapacidad son consideradas en este cuidado que debería brindar la ciudad.
Aunque este mapa y el porcentaje de ciudad segura corresponden a datos de 2017, las especialistas comentan que buscarán actualizar el estudio, aunque reconocen que se han visto impedidas por los recortes en los recursos federales para la investigación.
“La continuidad del estudio que vamos a realizar se enlaza con la violencia comunitaria, pero también el cuidado como un derecho fundamental y bien público, sobre el que tenemos que vertebrarnos”, externó.
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