/ jueves 3 de febrero de 2022

Juicios políticos no los determina la presión política, ni de actores: Diputado Julio Hurtado

No se puede desechar la petición, porque ya se dio entrada

“Los tiempos de la Comisión (Responsabilidades) no los marca ni la presión política, ni la presión de algunos otros actores. Los tiempos y los términos los marca la ley", declaró el diputado Julio Hurtado Luna, al referirse al caso de juicio político contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Armando García Estrada.

En cuanto a que si influye la petición que realizó este miércoles 2 de febrero por el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus Navarro, señaló: ”Sin duda, es una petición legítima si él considera que hay elementos”.

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Indicó que existen dos solicitudes de juicio político contra el magistrado, una corresponde al 2018 y otra al 2019, en esta última se está en el análisis.

El expediente del 2019, dijo que están en el análisis, ya que está detenido por varios recursos incidentales (no son amparos) interpuestos por el magistrado.

Lo que alega el magistrado son de forma no de fondo: “Él alega dentro del procedimiento cosas no de fondo, sino de forma, por ejemplo una recusación donde dice los diputados no están en aptitud de juzgarme y su argumento es que la persona que presentó juicio político contra él, al mismo tiempo es contratista del Congreso del Estado, hay conflicto de intereses; por otro lado alega que hay un desistimiento de la persona que inicialmente presentó juicio político, en alguna de sus promociones dice: sabes que ya no tengo manera de acreditar lo que estoy diciendo, entonces te solicito Comisión de Responsabilidades que en el momento procesal oportuno deseches la demanda de juicio político en mi contra", señaló Hurtado.

No se puede desechar la petición de juicio político porque ya se dio entrada.

Los incidentes interpuestos por el magistrado los tiene que resolver la Comisión de Responsabilidades.

Se está en el análisis, "lo que estamos valorando que tan oportuno desde el punto de vista legal. Hay que entender que todos los asuntos tienen un término de caducidad no pueden estar eternamente abiertos, hay que revisar que tan oportuno es hacerlo y que tan oportuno es la realización de un dictamen en otro sentido". La Comisión de Responsabilidades valoró los elementos que había".

A partir de la polémica creada en caso del magistrado se dio al análisis de manera personal, "entiendo que varios de los asuntos están promovidos que en su momento ni siquiera estaban resueltos".

Del procedimiento iniciado contra el magistrado Armando García Estrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, existen dos solicitudes de juicio político del 2018 y 2019.

La del 2018, la última actuación que existe es un dictamen que se subió al Pleno del Congreso del Estado y “fue votado en rechazó el dictamen que iba en el sentido de rechazar el procedimiento porque en su momento la Comisión de Responsabilidades determinó que no había elementos para incoar un juicio político contra el magistrado. Eso fue en julio del 2019. Y desde entonces, indicó no ha habido ninguna promoción al asunto. Prácticamente está desatendido desde julio del 2019".

En el expediente del 2019, señaló que las últimas actuaciones que hay son de septiembre del 2021 que tienen que ver con recursos interpuestos por el presunto responsable, uno es por una recusación que hace contra los diputados de la Legislatura pasada por considerar que había conflicto de intereses, otro es es un recurso que promueve la caducidad porque ha fenecido el tiempo que la Ley de Responsabilidad establece para que puede ser sancionado y no ha habido un dictamen.

“Los tiempos de la Comisión (Responsabilidades) no los marca ni la presión política, ni la presión de algunos otros actores. Los tiempos y los términos los marca la ley", declaró el diputado Julio Hurtado Luna, al referirse al caso de juicio político contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, Armando García Estrada.

En cuanto a que si influye la petición que realizó este miércoles 2 de febrero por el alcalde de Guadalajara Pablo Lemus Navarro, señaló: ”Sin duda, es una petición legítima si él considera que hay elementos”.

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El expediente del 2019, dijo que están en el análisis, ya que está detenido por varios recursos incidentales (no son amparos) interpuestos por el magistrado.

Lo que alega el magistrado son de forma no de fondo: “Él alega dentro del procedimiento cosas no de fondo, sino de forma, por ejemplo una recusación donde dice los diputados no están en aptitud de juzgarme y su argumento es que la persona que presentó juicio político contra él, al mismo tiempo es contratista del Congreso del Estado, hay conflicto de intereses; por otro lado alega que hay un desistimiento de la persona que inicialmente presentó juicio político, en alguna de sus promociones dice: sabes que ya no tengo manera de acreditar lo que estoy diciendo, entonces te solicito Comisión de Responsabilidades que en el momento procesal oportuno deseches la demanda de juicio político en mi contra", señaló Hurtado.

No se puede desechar la petición de juicio político porque ya se dio entrada.

Los incidentes interpuestos por el magistrado los tiene que resolver la Comisión de Responsabilidades.

Se está en el análisis, "lo que estamos valorando que tan oportuno desde el punto de vista legal. Hay que entender que todos los asuntos tienen un término de caducidad no pueden estar eternamente abiertos, hay que revisar que tan oportuno es hacerlo y que tan oportuno es la realización de un dictamen en otro sentido". La Comisión de Responsabilidades valoró los elementos que había".

A partir de la polémica creada en caso del magistrado se dio al análisis de manera personal, "entiendo que varios de los asuntos están promovidos que en su momento ni siquiera estaban resueltos".

Del procedimiento iniciado contra el magistrado Armando García Estrada del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, existen dos solicitudes de juicio político del 2018 y 2019.

La del 2018, la última actuación que existe es un dictamen que se subió al Pleno del Congreso del Estado y “fue votado en rechazó el dictamen que iba en el sentido de rechazar el procedimiento porque en su momento la Comisión de Responsabilidades determinó que no había elementos para incoar un juicio político contra el magistrado. Eso fue en julio del 2019. Y desde entonces, indicó no ha habido ninguna promoción al asunto. Prácticamente está desatendido desde julio del 2019".

En el expediente del 2019, señaló que las últimas actuaciones que hay son de septiembre del 2021 que tienen que ver con recursos interpuestos por el presunto responsable, uno es por una recusación que hace contra los diputados de la Legislatura pasada por considerar que había conflicto de intereses, otro es es un recurso que promueve la caducidad porque ha fenecido el tiempo que la Ley de Responsabilidad establece para que puede ser sancionado y no ha habido un dictamen.

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