El Consejo de la Judicatura resolvió que el juez Enrique Velázquez Martín actuó conforme a derecho al decretar la libertad de quien la Fiscalía de Jalisco señalaba como jefe de plaza de un cártel de las drogas y al que final de cuentas sólo fue consignado por robo, para el juzgador solo se trataba de una conducta antijurídica como disparo de arma de fuego.
Este mismo individuo es el principal sospechoso del homicidio de un policía, aunque de momento esto no ha sido probado.
Antes, el juzgador fue blanco de una serie de críticas infundadas por parte de diversas autoridades. Hoy responde y asegura que el 50% de las carpetas de investigación que reciben están mal integradas.
Y es que al parecer la información no fue enviada completa tanto al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, como a varios diputados de Movimiento Ciudadano.
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UNA CONSIGNACIÓN LLENA DE INCONSISTENCIAS
Todo empezó a partir de que el juzgador decidió no vincular a proceso a Alexis N, alias “El Chofo”, señalado por la propia Fiscalía como presunto jefe de plaza del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
El mismo juez realiza un “La fiscalía presentó el caso como si hubiera habido una tentativa de robo y que los disparos de arma de fuego se llevaron a cabo en ese evento. Hubo no uno, sino muchos motivos para tomar mi decisión dado que se trata de un asunto en el que están acumuladas tres carpetas de investigación, en las que a mi criterio la Fiscalía trató de configurar una tentativa de robo, que no se sostiene, tomando como base los 44 elementos de prueba que presentó”.
Enrique Velázquez explicó que “no existió el estándar probatorio mínimo y necesario para dictar un auto de vinculación a proceso”.
Y en consecuencia, “por todas las contradicciones flagrantes, por todas las inconsistencias, por las incongruencias, decidí, de acuerdo al Artículo 19 constitucional en consonancia con el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dictar un auto de no vinculación a proceso porque no se reunieron los requisitos legales y constitucionales necesarios para una afectación a cualquier persona”.
Hay que aclarar que el agente del Ministerio Público no tuvo la calidad de primer respondiente, la tuvieron policías municipales de Lagos de Moreno.
Chécalo:
ERRORES DESDE LA DENUNCIA
Los errores se advierten desde la denuncia. Arnulfo Hernández, presunto ofendido, presentó su denuncia el día 12 de diciembre en la Fiscalía de Guadalajara, lo cuál -explica el juzgador- “Sería perfectamente legal sino hubiese afirmado que desde noviembre le querían quitar ese vehículo y la falsedad de su declaración se comprueba debido a que ese vehículo, de acuerdo a la carpeta de investigación del Ministerio Público Federal, fue robado en el camino de Teocaltiche a Encarnación de Díaz hasta el 4 de diciembre y es hasta el día siguiente, el 5 de diciembre, cuando aparece el vehículo en la colonia El Calvario y el conductor de ese vehículo aparece muerto. Esta es la primera inconsistencia que demuestra que existe una falsedad de parte del propietario porque ese vehículo no lo tenía en su poder”.
El juez deja en claro que su determinación está totalmente apegada a derecho- y no obedece presiones, arreglos o amenazas-. “Nunca se me acercó alguna persona” y aclaró que ahora con el nuevo sistema de justicia adversarial “los jueces de control no conocemos la carpeta de investigación, no tenemos acceso a ella,no sabemos quién es el indiciado, acaso su nombre, como tampoco sabemos si lo va a representar el defensor público o privado”.
Reiteró que “este nuevo sistema está diseñado precisamente para que haya más transparencia mediante la publicidad y en general para tratar de que la corrupción disminuya”.
Ya sobre la vinculación que hizo la Fiscalía de esta liberación con la muerte de uno de los policías participantes en la captura, el juez comentó “lamento profundamente la muerte de ese policía, en particular, como lamento la muerte de todas las personas que son privadas de la vida sin justificación y sin derecho en este país, todos los días”.
Debo decir que también me saltó la duda que si efectivamente la persona que liberé fue la que privó de la vida al policía y si la Fiscalía cuenta con elementos para hacer este señalamiento, en la inteligencia que la liberación de que la liberación de este sujeto y el acto de privación de la vida del policía son hechos desvinculados tanto desde el punto de vista fáctico como jurídico”.
No te lo piedas:
ANALIZA DEMANDAR
El juez Enrique Velázquez denunció que “con presiones indebidas como del Ejecutivo como de la Fiscalía, se propicia un ambiente de linchamiento de los medios de comunicación, existe una confusión muy grave en las labores de la procuración y la administración de justicia, éste a es la que nos corresponde al Poder Judicial”.
Tal parece -reiteró- “que se intenta castigar la imparcialidad e independencia que deben de ser los valores por los que debe de regirse el poder judicial al dictar sus determinaciones, además considero que existe una intromisión en la función judicial dado que como jueces de control somos garantes de los derechos humanos de la ciudadanía”.
Deja en claro que “la mitad de las carpetas que nos presentan son inconsistentes y terminan sobre todo en los casos que se quiere presentar el asunto como flagrante, en libertades de los indiciados”.
Como también dijo estar cierto de que “el titular del poder ejecutivo actuó conforme a la información que le proporcionó el fiscal general y que no era veraz, trató de exculparse de su responsabilidad por no haber integrado correctamente la carpeta de investigación”.
Finalmente dejó en claro que analiza la posibilidad de emprender acciones por “el fuerte daño que hubo a mi nombre y mi imagen, pero decidí esperar que el consejo de la judicatura resolviera la queja administrativa que presentó en mi contra por ese asunto la fiscalía; lo cuál finalmente sucedió por los consejeros a mi favor y esto avala que mi decisión fue jurídicamente correcta".
